El contenido, desvelado por Radio Granada, de algunas de las declaraciones judiciales de investigados en el caso Nazarí de corrupción urbanística pone en situación comprometida a quienes, como el exalcalde de Granada José Torres Hurtado, aseguraban que la investigación policial no se sostenía y que, por tanto, la causa judicial quedaría finalmente en nada. El caso acabó con la carrera política de Torres Hurtado y con una larga etapa del PP al frente del Ayuntamiento, hoy con alcalde socialista. 

La bomba informativa saltaba el pasado 13 de abril. La Policía, en el marco de una operación dirigida por el Juzgado número 2 de Granada y la Fiscalía de Medio Ambiente, detenía al alcalde de Granada, a su edil de urbanismo, Isabel Nieto, y a varios empresarios a los que involucraba en una trama de corrupción urbanística activa en la ciudad desde 2006.

Los delitos

La Fiscalía imputaba a todos ellos los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, prevaricación, estafa , cohecho, maquinación para variar el precio de las cosas y falsedad documental. La forma de operar era simple, aunque la justicia tendrá que aportar pruebas para demostrarlo: desde el Ayuntamiento de Granada se avisaba a empresas afines de los planes urbanísticos futuros para que estas mercantiles, a precios muy baratos, pudieran hacerse con terrenos que luego, tras la recalificación que se ordenaba a los técnicos municipales, multiplicaban su precio. Esta técnica se habría empleado durante años.

Los tres principales investigados –en total son 18– en la presunta trama de corrupción urbanística son el propio Torres Hurtado, la concejal de Urbanismo Isabel Nieto y el responsable técnico de dicha área, Manuel Lorente. A este último se le considera en algunos ámbitos el verdadero cerebro de la trama.

La mala memoria de Lorente

Según ha desvelado la cadena SER en una información firmada por su redactor en Granada Rafael Troyano, Lorente declaró al juez que ni siquiera sabía que su hijo trabajara en el centro comercial Serrallo para el constructor Roberto García Arrabal, también investigado y uno de los empresarios supuestamente beneficiados por la trama.

El funcionario no logró ofrecer una versión del todo verosímil de su incremento patrimonial en, al menos, varios millones de euros. Dijo, por ejemplo, a la jueza que la compra de pisos para sus hijos en promociones de Arrabal las hizo su esposa. ¿Pero cómo pudo comprar al constructor tres pisos al contado por 700.000 euros? Pues porque su mujer era registradora de la propiedad y ganaba mucho dinero. Lorente también dijo que, coincidiendo con los años de la crisis, renunció a su cargo en Urbanismo para que no se conocieran los abultados ingresos del matrimonio.

Según la información de Radio Granada, el exalcalde Torres Hurtado dijo a la jueza que acumuló patrimonio porque era ahorrador y se deshizo de una empresa que constituyó antes de ser político, pero negó rotundamente haber cobrado nunca ninguna mordida.

Un funcionario amenazado

Uno de los testigos principales y denunciantes del caso es el funcionario Jacobo de la Rosa, en cuya declaración relata que fue amenazado y acosado por la concejala de Urbanismo para hacer informes técnicos a su conveniencia. De la Rosa y otros testigos sostienen que el entonces alcalde de Granada conocía que se estaba beneficiando a algunos empresarios de la ciudad, pero Torres Hurtado también lo niega.

El funcionario, según Radio Granada, dijo también a la instructora que “con la ayuda del entonces presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, tuvo que salir del Ayuntamiento y trabajar durante un año en comisión de servicio en la institución provincial. Al año volvió al Ayuntamiento porque así lo pidió la concejala de Urbanismo y el entonces alcalde Torres Hurtado en una carta que obra en el sumario. Sin embargo, De la Rosa fue relegado como castigo a un despacho en oficinas del Albaicín sin nada que hacer”. 

Precisamente Sebastián Pérez, exconcejal y presidente del PP provincial, aspiraba a sustituir a Torres Hurtado al frente de la Alcaldía, pero este maniobró imponiendo como conidición para dimitir que también lo hiciera Pérez. La enemistad polítifca entre ambos era bien conocida. El movimiento de Torres contó con el beneplácito de Ciudadanos, de cuyo voto dependía que el PP conservara la Alcaldía y que finalmente el partido naranja decidió utilizar para hacer alcalde al socialista Francisco Cuenca, con el apoyo de la izquierda.