Las espadas siguen en alto en el conflicto jurídico y medioambiental de El Algarrobico. Los ecologistas lanzaron ayer un contundente tajo contra la promotora y contra la propia Junta de Andalucía. Ésta guardó silencio, pero los dueños del hotel respondieron con llevar a los ecologistas a los tribunales. Mientras, todas las miradas están pendientes del Tribunal Supremo, que en breve dictará su fallo aclarando definitivamente un embrollo judicial que solo los más expertos conocedores del contencioso son capaces de entender del todo. Greenpeace ha pedido a las administraciones que derriben el hotel El Algarrobico, en Carboneras (Almería), sea cual sea el fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre si los terrenos son o no urbanizables, que está previsto que se conozca durante el mes de septiembre. Así lo han explicado la responsable de la campaña de Costas de la organización, Pilar Marcos, y el abogado José ignacio Domínguez, durante la presentación del estudio 'El Algarrobico: Un informe sobre el despropósito empresarial y judicial del hotel'. Por su parte, Azata del Sol, promotora del hotel, ha anunciado que ha puesto en manos de sus servicios jurídicos el informe de Greenpeace ya que, según ha remarcado, está "completamente plagado de falsedades". "Ante este informe no nos queda más remedio que encargar a nuestros servicios jurídicos el estudio de cuantas acciones judiciales nos asistan para obligar a corregir esas difamaciones que sobre nosotros se han hechos", ha trasladado a Europa Press el subdirector general de la empresa, José Rodríguez. ¿SON URBANIZABLES LOS TERRENOS? El Alto Tribunal tiene que resolver sobre el recurso interpuesto por Greenpeace contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en marzo de 2014 calificó los terrenos como urbanizables. El TS resolverá si los terrenos donde está ubicado el hotel de El Algarrobico son urbanizables o no y si son propiedad de la Junta de Andalucía. No obstante, independientemente de cuál sea el fallo, Greenpeace manifiesta que el hotel ya es ilegal porque incumple la Ley de Costas, puesto que está dentro de los 100 metros de playa que la ley establece como no construibles. A ello la ONG añade que el hotel está situado en zona protegida, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Domínguez recuerda que ya existen cuatro sentencias del Tribunal Supremo que avalan el incumplimiento de la Ley de Costas y que, de hecho, en 2012 este tribunal denegó a la promotora Azata del Sol ser indemnizada ante la decisión de demoler la construcción, puesto que la empresa solicitaba 70 millones de euros. El Tribunal Supremo también debe resolver sobre el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras y la promotora Azata del Sol contra el derecho de retracto de la Junta de Andalucía para apropiarse de estos terrenos, según ha explicado el abogado de Greenpeace. Domínguez considera que el consistorio actúa como "parte interesada en el proyecto" y va "de la mano" de Azata, a la que también acusa de estar detrás de "otros casos de vulnerabilidad ambiental y urbanística". Sólo en el caso de que el Supremo acordara que los terrenos son urbanizables y que no son propiedad de la Junta de Andalucía la promotora podría continuar construyendo el hotel, según ha explicado Domínguez. En cualquier caso, Marcos ha manifestado que la organización se muestra positiva ante el fallo del Supremo y tiene la esperanza de que se derribe porque existen leyes ambientales que están por encima de las urbanísticas. Además, ha señalado que la Administración "tiene argumentos suficientes" para ello. DURAS CRÍTICAS A LA JUNTA Y AZATA Sin embargo, Domínguez ha precisado que, aunque la Junta se comprometió a demolerlo en 2014, "no ha dejado de mostrar un doble comportamiento" en este caso, ya que hasta hace poco ha apoyado en los juzgados la legalidad del hotel mientras que en público manifestaba su intención de demolerlo. Además, ha recordado que Greenpeace también ha recurrido al Tribunal Constitucional el hecho de que la licencia de obras haya sido considerada por el TSJA como legal en julio de 2014 sosteniendo que es conforme al planteamiento urbanístico de Carboneras. Por otro lado, Marcos ha detallado el informe que Greenpeace ha elaborado y que, a juicio de la organización, desvela el "turbio" historial de la promotora Azata del Sol. En él, le acusa de ocho casos en los que ha "ignorado" las leyes. Concretamente, se refiere a un proyecto para construir un centro comercial en La Lobilla (Estepona), que se habría modificado para evitar que afectara a una zona protegida; a un plan para construir más de 200 chalés talando un bosque de 1.500 encinas en Boadilla del Monte (Madrid); al alquiler de unas naves vinculadas al propietario de Azata por parte del Ayuntamiento de Madrid por 50.000 euros al mes; a la construcción de un hotel en un conjunto de arroyos y humedales que ha "modificado el PGOU de Rota (Cádiz)"; a la vinculación del propietario de Azata como socio en el caso Malaya de Marbella (Málaga); a los planes para un polígono industrial cambiando un suelo para VPO en Tarifa (Cádiz); a la construcción de un complejo residencial de lujo frente a Zahara de los Atunes con "un gran impacto social y ambiental"; y a la vinculación de la empresa con operaciones de cambio de suelo de la trama Gürtel en Majadahonda (Madrid). 400 EMPLEOS EN LA DEMOLICIÓN Respecto a la demolición, la responsable de la campaña de costas ha indicado que se llevaría a cabo durante 18 meses y costaría 7 millones de euros creando unos 400 empleos para el entorno del levante almeriense y de la provincia. Asimismo, ha destacado que se reciclaría el 98 por ciento de los materiales del edificio y se podría aprovechar para hacer pruebas, previas a su demolición, de fenómenos sísmicos e incendios. Por su parte, la promotora del hotel asegura que ante este informe "plagado de falsedades no nos queda más remedio que encargar a nuestros servicios jurídicos el estudio de cuantas acciones judiciales nos asistan para obligar a corregir esas difamaciones que sobre nosotros se han hechos", ha trasladado a Europa Press el subdirector general de la empresa, José Rodríguez. Rodríguez, quien ha asegurado de forma tajante que Azata "nunca ha estado involucrada en ninguno de los procesos judiciales de corrupción que se mencionan", ha acusado a Greenpeace de publicar este informe con la "única intención de condicionar las próximas resoluciones judiciales" que se han de dictar en el Tribunal Supremo (TS) en torno la calificación o no de urbanizable del suelo sobre el que se levanta el hotel o la propiedad del suelo. UN ROTUNDO DESMENTIDO "Claramente es lo que busca y, para ello, ha elaborado un informe absolutamente plagado de falsedades", ha subrayado para apuntar que "todos los procesos judiciales en los que ha estado envuelta Azata en estos años son precisamente los relativos al Algarrobico". Rodríguez, quien ha recordado que, a día de hoy, una sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictamina que la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003 es legal, ha censurado que Greenpeace intente "dar a entender la implicación directa de Azata en graves hechos con los que nada tiene que ver". Al hilo de esto, se ha mostrado especialmente crítico con el abogado del colectivo, José Ignacio Domínguez, quien, según ha dicho, "ha dado una información completamente falsa" sobre cuántos eran los metros de zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre en la franja litoral donde se levantó el hotel. En concreto, Domínguez ha asegurado en rueda de prensa que "desde 1998, cinco años antes de que comenzaran las obras, Azata ya sabía por notificación del Ministerio de Medio Ambiente que estaba vulnerando la Ley de Costas al ser la servidumbre de protección de 100 metros". Rodríguez, por su parte, ha remitido a documentación pública que, según subraya, desmiente esta afirmación "por absolutamente falsa" y ha explicado que la comunicación a la que hace referencia el colectivo "no se refiere al sector ST-1, donde se levanta el hotel, sino a los sectores ST-2 y ST-3" del mismo paraje. LA CONTROVERSIA DE LOS PLANOS Así, ha precisado que el escrito firmado por el director provincial de Costas, Miguel Ángel Castillo, y que vino acompañado de un plano, fue en respuesta a un requerimiento efectuado por el arquitecto de Azata en el que interesaba "información sobre el trazado definitivo del deslinde en el tramo --remarca-- señalado en el plano adjunto" y con motivo de la redacción del Plan Parcial. "Ese tramo se refería a los sectores urbanísticos ST-2 y ST-3 porque en 1998 nosotros ni siquiera eramos propietarios del sector ST-1, el conocido como El Algarrobico, y, además, si se consulta el plano con el que contestó Costas se ve que en la zona donde se edificó posteriomente el hotel, después de comprar el terreno a los que entonces eran propietarios, el trazado del deslinde es de 20 metros", ha indicado Rodríguez. Por último, ha hecho referencia a una resolución de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de marzo de 1998, también pública, en la que, en respuesta a una solicitud de uso de la zona de servidumbre realizada por los anteriores propietarios del suelo sobre el que se construyó el hotel para instalar un cámping, esta autoriza y señala que la parcela es "suelo urbanizable, siendo la servidumbre de protección de 20 metros". "Donde fuéramos a preguntar cuál era la servidumbre de protección, nos daban este plano", ha concluido.