"Demoledora, sorpresiva, desproporcionada e injusta" son algunos de los calificativos que se oyen hoy en el entorno del PSOE andaluz tras conocer la millonaria fianza de responsabilidad civil que la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo 'ERE' irregulares, Mercedes Alaya, ha impuesto al ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano.

No estaba en la gestión directa de los ERE
Una fianza a todas luces desproporcionada -46.666.666 euros  para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes" ya que el cargo que ostentaba Lozano no se hallaba en la órbita de gestión directa de los ERE sino en la globalidad prespuestaria de la Junta de Andalucía. Unos presupuestos, dicho sea de paso, a los que coadyuvaba a confeccionar yq eu después eran aprobados por el Parlamento, incluidas las partidas de los Expedientes de Regulación de Empleo.

No se estaban "respetando" sus garantías
La magistrada notifica esta abrumadora fianza en un auto fechado el pasado viernes y notificado este lunes, apenas cuatro días después de la comparecencia de Lozano. Se da la circunstancia que Antonio Lozano interrumpió su declaración tras responder a una decena de preguntas acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar al entender que no se estaban "respetando" sus garantías, máxime después de que la instructora le reprochase que estaba haciendo "teatro". Su abogado protestó enérgicamente la actitud de la juez en el interrogatorio.

Consideraciones de Alaya
Alaya adopta estas medidas cautelares por considerar que Lozano, que reconoció que "la partida 440.51 de transferencias de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no podía utilizarse para conceder subvenciones" durante su declaración, "pudo o debió conocer el uso de las transferencias de financiación por Empleo para otorgar subvenciones y que IFA era solo mera pagadora", así como que "podía impedir el uso de la partida de transferencia de financiación".

"Incumplimiento flagrante de la Ley General de Subvenciones"
Al finalizar la declaración el pasado jueves se celebró una comparecencia de medidas cautelares en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta de Andalucía pidieron medida alguna, mientras que las acusaciones ejercidas por el PP y Manos Limpias solicitaron a la juez que impusiera al imputado una fianza de responsabilidad civil de 57 millones de euros -correspondientes a las modificaciones presupuestarias que tramitó-, más el tercio legal previsto, en total 76 millones. En concreto, la magistrada imputó a Lozano, que fue director general de Presupuestos desde abril de 2002 hasta abril de 2009, haber "ordenado ilícitamente, en connivencia con otros, la inclusión" del sistema de las transferencias de financiación al IFA, cuando éstas "sólo podían destinarse a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la agencia o a enjugar pérdidas de ejercicios anteriores", todo lo cual "significaba presuntamente permitir el incumplimiento flagrante de la Ley General de Subvenciones y la normativa concordante, como la Ley General de Hacienda Pública".

Lozano defiende su honorabilidad
El exdirector general de Presupuestos siempre ha mantenido que desde su cargo desarrolló el ejercicio de sus competencias con estricta sujeción a la legalidad vigente, incluida la Ley de Presupuestos, aprobada por el Parlamento andaluz. Lozano tras conocer su imputación declaro que apreciaba "una débil argumentación jurídica en el nuevo auto", puesto que la jueza "no encuentra ningún reproche de naturaleza penal" y, por lo tanto, no acusa de delito alguno más allá de, en su caso, "haber ejercido las competencias que entonces tenía encomendadas, como el propio auto reconoce".


Clima de indefensión a cargos que hoy trabajan
Cuando supo de su imputación y de 20 personas más entre ella la ex ministra Magdalena álvarez, Lozano afirmo que "su nombre, y el de otros muchos compañeros, aparezca en el auto sólo responde a una premisa, haber cumplido la ley, como ha sido participar en la elaboración y aprobación de la Ley de Presupuestos de los años que están siendo investigados por la Justicia".