La prolija investigación del caso de los ERE es una de las más ambiciosas –y arriesgadas– apuestas judiciales hechas por un instructor en mucho tiempo porque atribuye delitos muy graves a la cúpula dirigente de toda una Administración Pública, cuyos responsables políticos y altos funcionarios habrían tramado una “auténtica subversión del orden jurídico” para conceder de manera clientelar, arbitraria e indiscriminada, durante diez años, subvenciones a empresas e instituciones y ayudas sociolaborales para prejubilación de trabajadores a través de un fondo presupuestario cifrado finalmente por la instructora en 855 millones de euros. La tesis de la juez Mercedes Alaya se enfrentará en las próximas semana a su gran prueba de fuego: el Tribunal Supremo. Si la pasa, habrá quedado demostrado que Alaya tenía razón al advertir indicios delictivos en la conducta de los dos anteriores presidentes de la Junta y varios de sus consejeros. Si la instrucción de Alaya no pasa esa prueba crucial del Supremo, la juez no solo habrá hecho un espectacular ridículo profesional, sino que habrá ocasionado un inmenso e injustificado daño político y personal a muchas personas. ¿UN FONDO ILEGAL? De los 229 imputados, un porcentaje muy significativo son altos cargos de la Junta sobre quienes pesa la acusación de haber ideado, mantenido y dotado presupuestariamente uno fondo que era ilegal y que todos sabían que era ilegal. Las defensas de Chaves y Griñán y de la mayoría de cargos públicos imputados, así como del propio Partido Socialista es que pudo haber discrecionalidad y excepcionalmente hasta clientelismo en la concesión de las ayudas, pero en ningún caso ilegalidad. Con cualquier otro procedimiento administrativo –argumentan– se hubiera producido igualmente el fraude, que corcusncriben a la Dirección General de Empleo y a la red de aseguradoras y pícaros que se apropiaron de fondos públicos. Aunque no dan por perdida la batalla jurídica, los altos cargos de la Junta que tuvieron que ver con los ERE sí dan por perdida la batalla política. En sentido, las responsabilidades políticas son imposibles de eludir, como puso de manifiesto la investigación del Parlamento andaluz aunque luego sus conclusiones no lo reflejaran así. LA ESPERANZA SUPREMA Y aun sabiendo que la batalla política está en gran parte perdida, los socialistas andaluces tienen puestas todas sus esperanzas en el Tribunal Supremo, conscientes de que un archivo de la causa penal en relación a los expresidentes y consejeros rebajaría significativamente la potencia de fuego de ese arma de destrucción masiva que han sido –y siguen siendo– los ERE para el Partido Socialista. Si los presidentes y sus consejeros salen limpios del examen del Supremo y no son llevados a juicio, la inmensa mayoría de las decenas de políticos imputados quedarían también limpios, pues los delitos que Alaya les imputa son de la misma matriz que los atribuidos a la cúpula del Gobierno andaluz. En relación a los aforados, la Sala de lo Penal del Supremo nombró instructor al juez Alberto Jorge Barreiro, encargado de dilucidar si Alaya ha llegado demasiado lejos o si, en efecto, los indicios de delito son incuestionables y justifican la apertura de juicio oral. BARREIRO PROPONE Y LA SALA DISPONE Barreiro llamará a declarar a Chaves, Griñán y los exconsejeros José Antonio viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, así como a cuantas personas estime conveniente y al término de su instrucción elevará su propuesta a la Sala. Si halla motivos para el procesamiento, propondrá la imputación formal de todos o parte de ellos, pero será la Sala de los Penal quien diga la última palabra, es decir, si solicita el suplicatorio al Congreso y al Senado para sentar en el banquillo a los aforados. Hay que recordar que el instructor puede hacer una propuesta de imputación que luego la Sala no comparta. Es lo que sucedió en el caso Campeón, donde el instructor proponía, con el respaldo de la Fiscalía, la imputación del exministro socialista José Blanco por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, pero la Sala de lo Penal estimó el recurso del exministro y archivó el caso. PRESIONES DISCRETAS En relación al Supremo nadie se atreve a hacer pronósticos, ni de plazos ni de resultados aunque la toma de declaraciones sea inminente. Al contrario de lo que sucede con el Tribunal Constitucional, que a fin de cuentas dirime muchas veces controversias de naturaleza política, el trabajo y los miembros el Supremo no están en general puestos en cuestión y se confía en su profesionalidad, más allá de simpatías políticas. Eso no significa, sin embargo, que no haya presiones políticas. De manera indirecta suele haberlas, aunque nadie se escandaliza demasiado porque ello forma parte del juego institucional de poderes. Las posibilidades son dos: que resulten o que no resulten imputados. En el primer caso, difícilmente podrán eludir la dimisión, y no solo porque así lo ha propuesto el PSOE andaluz, sino porque el clima político actual haría muy difícil la permanencia de los aforados en sus escaños. Naturalmente, llegado el juicio pueden salir absueltos, pero a efectos políticos –no personales, claro está– esa absolución ya habrá sido descontada mucho tiempo antes. En todo caso, un archivo como el ocurrido en el caso de José Blanco tendría un altísimo valor político para el PSOE, dejaría al PP sin su principal vía de escape en los debates sobre corrupción y supondría un irreparable descrédito para Mercedes Alaya, pero también para la Audiencia Provincial de Sevilla que, en lo sustancial, ha venido dando la razón a la instructora.