La juez Alaya llegando a los juzgados de Sevilla. EFE



La juez que investiga los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha negado a una de las partes la entrega de la exposición razonada del caso que elevó este verano al Tribuna Supremo (TS) por posibles filtraciones.

Niega copia a representante de Altadis
En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, la juez explica al representante de Altadis SA que no le entrega una copia por las “noticias en prensa relativas a que se hubieran podido abrir diligencias informativas por haber entregado copia a alguna de las partes en el pasado mes de agosto”.

Aclarar este asunto
La juez señala que mantendrá este criterio “hasta que no se aclare este particular” y añade que “es el Tribunal Supremo quien debe conferir traslado a las partes personadas” en el caso. Tras elevar su exposición razonada, los aforados preimputados e imputados anunciaron el 14 de agosto que estudiaban la posibilidad de pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue las “filtraciones” sobre elevación del caso al Supremo, una situación que achacan a la juez Alaya, que instruye el caso.

Preocupación por la filtración
Fuentes próximas a los aforados informaron a EFE de que los dos expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto con los otros siete exconsejeros señalados en la causa, están “preocupados” como consecuencia de la “filtración” y publicación de la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo por el juzgado número 6 de Sevilla.

Nueva indefensión
La consideran una nueva situación de “indefensión y la creación de un ambiente de falsa culpabilidad”, por lo que las fuentes han asegurado que están estudiando la posibilidad de solicitar ante el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía que se investigue el origen de las filtraciones.

¿De dónde proceden las filtraciones?
Los expresidentes y exconsejeros están convencidos de que las filtraciones “no proceden” del Tribunal Supremo, ni pueden venir de las partes, la Fiscalía o los aforados, según las fuentes, que recuerdan que ha sido la propia jueza de instrucción la que ha tomado la decisión de “no notificarles” la exposición razonada en la que, al parecer, se les atribuyen determinados indicios de delitos.