La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha lamentado las "insinuaciones tendenciosas" del abogado del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y ha negado que existan "coincidencias" de expresiones literales entre el informe de los peritos de la Intervención General del Estado y algunos de sus autos previos, tal y como había denunciado el letrado. Éste tiene el propósito de formular algún tipo de recurso ante la instancia que corresponda –"no ante Alaya, por supuesto"– con el propósito tal vez de invalidar la prueba pericial, sin duda la de más peso acusatorio para sus defendido. Durante la comparecencia de los peritos, el letrado de Griñán y de los exdirectores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano, ha puesto de manifiesto la existencia de autos de la instructora que recogen "literalmente" fragmentos del informe pericial, a pesar de ser anteriores a la emisión del informe, como por ejemplo en el auto de imputación de la exconsejera Magdalena Álvarez. LA JUEZ SOLO TOMABA NOTAS Según el acta de la comparecencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los peritos han destacado la "capacidad de trabajo e intelectual" de la juez y han indicado que, en las ocho reuniones que mantuvieron en su despacho durante el proceso de elaboración del informe, "se hablaba de todos los temas" y la instructora "tomaba cuantas notas consideró oportunas". En este momento, el abogado preguntó a los peritos "cómo explican que coincidan los conceptos y la literalidad" entre el auto de imputación de la exconsejera y su informe, una cuestión que Alaya declaró impertinente, argumentando que "en la práctica totalidad de la comparación realizada no existe la menor coincidencia de expresiones literales, ni siquiera parecidas". A juicio de la juez, "es obvio" que los autos y el informe pericial "traten los mismos conceptos, porque son los conceptos o ideas que conforman la investigación judicial y que fueron objeto de numerosas reuniones con el equipo pericial, al que se le explicó inicialmente la encomienda pericial y asimismo al que se le han ido encomendando cuestiones que eran de interés y que surgían a lo largo del procedimiento, bien porque caían dentro del ámbito general inicialmente encomendado, o encomendándoselo específicamente mediante resoluciones posteriores". De este modo, Alaya ha asegurado que, de la comparativa realizada, "tan solo existe una primera coincidencia, sin trascendencia alguna, que es que en una resolución judicial se dice que la elaboración del presupuesto 'es un dilatado y minucioso procedimiento' y en el informe pericial se dice que 'constituye un dilatado y minucioso proceso'", una expresión que "sin lugar a dudas se habrá deslizado en esas reuniones frecuentes que se han tenido con la Intervención General". LAS COINCIDENCIAS EXISTEN No obstante las justificaciones de Alaya, estas son algunas de esas coincidencias. En el segundo auto de imputación de la exconsejera Magdalena Álvarez, de fecha 31 de octubre de 2013, la magistrada escribe: “Si el Ejecutivo andaluz pretendía realizar una política de subvenciones sociolaborales y para las empresas en crisis, las normas presupuestarias exigían y exigen que ello quedara sin lugar a dudas contemplado en los estados de gastos del Proyecto de Presupuesto de la Consejería de Empleo…”. A su vez, en la página 39 del informe de la IGAE se escribe textualmente: “Por tanto, si el Ejecutivo andaluz pretendía realizar una política de concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis, las normas presupuestarias exigían, y exigen, que así lo reflejara…”. Igualmente, en la transcripción del interrogatorio y declaración de Magdalena Álvarez del 8 de octubre de 2013 puede leerse (página 50.875 del sumario): “Sólo era necesario comprobar la existencia de crédito suficiente y adecuado”, mientras que en la página 45 del informe de la Intervención, fechado dos meses y cuatro días después, puede leerse: “Sólo requiere la existencia de crédito adecuado y suficiente”. De nuevo lo único que cambia es el orden de los adjetivos. En una fecha todavía anterior como el 19 de septiembre de 2013, en que declaró ante la juez el exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano, también se aprecian indicios de que ya la jueza –pero aún no las partes- tendría en su poder el informe de la IGAE. En el auto que recoge la declaración y cargos a Lozano (página 49.525 del sumario) puede leerse: “Con ello se evitaba que en el presupuesto de explotación del IFA aparecieran altos beneficios haciendo imposible teóricamente el uso de transferencias de financiación”. En la página 58 del informe de la IGAE lo que se dice es esto: “…si IFA-IDEA no hubiera aumentado indebidamente sus gastos previstos, su presupuesto de explotación hubiera arrojado un elevado beneficio, lo que hubiera impedido a la Consejería de Empleo reflejar la transferencia de financiación…”. Sin duda, caben interpretaciones distintas y aun contrapuestas sobre el significado y la relevancia de esas coincidencias, pero una vez leídas es difícil seguir sosteniendo, como hace Alaya,  que "no existe la menor coincidencia de expresiones literales, ni siquiera parecidas". TENSIÓN EN LA SALA Tras los argumentos de Alaya, el abogado de Griñán formuló una protesta y aseveró que "la coincidencia literal es obvia", ante lo que la juez dijo que "falta a la verdad", lo que motivó que Mohedano asegurara sentirse "acosado" por "la desconsideración y el insulto de la magistrada", que hizo constar en acta que "lo único que ha puesto de manifiesto es la rigurosa falta de verdad en la comparación de textos" realizada. Alaya también quiso destacar que "las insinuaciones tendenciosas" del letrado "rozan un comportamiento desleal y contrario a la buena fe procesal" y negó haber faltado al respecto a Mohedano, al que la juez declaró impertinentes hasta 15 de sus preguntas a los peritos y quien continuó con su protesta al asegurar que "las manifestaciones de la juez sobre la falta de lealtad de este letrado suponen una falta de respeto a su persona que en su opinión no debe permitirse a la titular" del Juzgado. EL PARLAMENTO, INDUCIDO A ERROR A preguntas de Mohedano, los peritos también señalaron que "no puede pensarse en ningún caso que el Parlamento, que en 21 leyes dijo lo contrario, dijera que las transferencias de financiación servían para otra cosa diferente que la cobertura de pérdidas, si no fuera porque como reiteradamente se ha expuesto, el Parlamento fue inducido a error por una fraudulenta elaboración del Anteproyecto y Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía". Esta es la misma opinión sobre este asunto que tiene la jueza, que en algún momento llegó a aproximarse al comprometido precipicio de implicar al propio Parlamento andaluz en la trama de los ERE. Lo llamativo, en todo caso, no son únicamente las coincidencias literales, sino las de concepto, sobre en cuestiones extremadamente técnicas y muy abstrusas, en las que peritos y jueza mantienen interpretaciones idénticas. Durante la comparecencia, la abogada de varios vocales del Consejo Rector del IFA/IDEA, Encarnación Molino, también protestó al considerar que los peritos habrían expuesto su currículum "incompleto" al no decir que uno de ellos estuvo 23 años en excedencia, a lo que la juez respondió que "la expresión currículum incompleto será a opinión de la letrada, que además está efectuando una pregunta que está rozando el absurdo en relación al objeto de las presentes actuaciones".