"Nadie comprobaba las facturas. No existía concurrencia competitiva. Se trataba de una red clientelar". La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ayer inició la llamada operación Barrado, por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha golpeado lo que considera una "red clientelar" surgida al calor de las subvenciones que concedió la Consejería de Empleo para cursos de formación entre los años 2002 y 2011. Una década, según avanza hoy 'Vozpópuli'. Ayer, los agentes detuvieron en el marco de la operación Barrado a 13 altos cargos de la Consejería de Empleo durante esos años. Cuatro eran ex directores generales de Formación y nueve ex delegados provinciales de Empleo (en la provincia de Cádiz hay dos, uno para el Campo de Gibraltar). Dos de estos últimos, el de Huelva, Eduardo Muñoz García, y la de Sevilla, Aurora Cosano, seguían actualmente ocupando estos puestos aunque ayer mismo fueron destituidos por el Consejo de Gobierno. LOS NOMBRES Entre los arrestados también se encuentra la que fuera máxima responsable de Formación Profesional, Teresa Florido, cuñada del que fuera consejero de la Junta Ángel Ojeda Aviles, arrestado en agosto por la Policía en la 'Operación Óscar', por embolsarse de modo supuestamente irregular 48 millones de euros de los cursos para parados. Junto a ella están los también ex directores generales María José Lara, Manuel Brenes y Andrés Sánchez, y los ex delegados provinciales Antonio Rivas, también imputado en el caso de los ERE; Juan Carlos Lomeña, salpicado en la primera fase de la 'Operación Edu' desarrollada en Málaga; Antonio Fernández Ramírez, Juan Manuel Bouza, Francisca Pérez, e Irene Sabalate. Ayer también se detuvo a otras tres personas en Mijas, por la escuela de formación de hostelería, pero en el marco de una operación distinta, aseguran las fuentesLa Guardia Civil acusa a estos altos cargos del Gobierno andaluz de varios delitos, pero principalmente de los de prevaricación y los de falsedad documental. Según ha podido saber este periódico, los agentes han podido comprobar tras un registro en la sede de la Dirección General de Empleo de la Junta de Andalucía que muchos de los expedientes con los que se certificaba el pago de estos cursos de formación estaban casi totalmente incompletos. Así, señalaban que lo que podía ser una excepción se había impuesto como costumbre: la investigación asegura que se certificaba el pago de muchos de estos cursos sin que se justificasen debidamente los gastos. En muchos casos, los expedientes se cerraban sin que existiesen facturas de gastos, algo que habría comprobado la Guardia Civil en un exhaustivo análisis de la documentación requisada."Se trataba de un sistema organizado, sistemático y extendido", aseguran las fuentes, que detallan que en muchas convocatorias participaban siempre las mismas empresas que impartían cursos de formación. LA 'CONFESIÓN' DE CAÑAVATE Esta investigación de la Guardia Civil ha sido posible gracias a los informes elaborados por las ocho intervenciones generales de fondos de la Junta de Andalucía en las ocho provincias, las conclusiones de la Cámara de Cuentas y, sobre todo, la 'confesión' de un director general de Formación Profesional para el Empleo del Gobierno andaluz, Carlos Cañavate, cesado hace unos meses. El papel de Cañavate fue siendo un antes y un después para la investigación policial. En su declaración, voluntaria aunque fue llamado a declarar por la Guardia Civil, Cañavate describió la situación que encontró en la Consejería de Educación sobre la gestión de los fondos europeos de los cursos de formación. Según ha trascendido,Cañavate aseguró que la gestión de los mismos era “desastrosa”.La opinión ante la Guardia Civil de este director general no difiere mucho de la tesis que han defendido hasta ahora los investigadores, tanto los del instituto armado como los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que tiene otra investigación independiente de esta, pero cruzada. Esta hipótesis, confirmada por el director general Carlos Cañavate, sostiene que hubo un fraude generalizado debido a la ingente cantidad de dinero que llegó y que no fue justificado. Según Cañavate, la situación era tan “desastrosa” que la Junta de Andalucía, ante la imposibilidad de revisar uno a uno miles de expedientes, optó por exonerar a las empresas que impartían cursos de formación ante el riesgo de que el sistema colapsase.¿Significa esto que hubiese fraude en todos los cursos? No. Según la tesis de los investigadores y de la propia Junta de Andalucía, significa que hubo empresas que aprovecharon este “descontrol” y otras que hicieron los deberes. El trabajo está en separar ahora el grano de la paja, una tarea que ya ha iniciado la Junta de Andalucía, con la reclamación de la devolución de ayudas y a la que se va a poner manos a la obra la juez Mercedes Alaya. La propia magistrada sostiene que la documentación que ha solicitado a la Junta de Andalucía sobre los cursos de formación (todos los que se impartieron desde 2001 hasta 2012, aunque los anteriores a 2008 hayan prescrito) supera los dos millones de folios.