La secretaria general para la Administración Pública de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, Ana María Vielba,ha adelantado una de las ideas que barajan para la reforma del funcionariado dependiente del Gobierno andaluz: El Genoma del Funcionario. El proyecto contempla monitorizar, mediante inteligencia artificial y los correspondientes algoritmos, los perfiles en las redes sociales de todos los funcionarios y trabajadores de las empresas públicas dependientes de la Junta.

Como se puede ver en el video de presentación del anteproyecto de ley de la Función Pública, en el canal de Youtube del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), se citan a modo de ejemplo Linkedin y Facebook, como redes de las que analizarían los comentarios del funcionario para facilitar su encaje en el puesto más adecuado.

El “innovador” sistema de la Junta no es otra cosa que una derivación del crédito social puesto en marcha por el Gobierno chino para evaluar el civismo de sus ciudadanos y su buen comportamiento político y social. El algoritmo del Gobierno de Beijing sirve para premiar y penalizar a los buenos y a los malos ciudadanos. En el gigante asiático las personas que critican al Estado y al Partido Comunista, el único legal, o participan en actos de protesta son castigados con prohibiciones para viajar o limitaciones de sus derechos.

La ocurrencia del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido criticada de manera unánime por todos los sindicatos que la ven como una intromisión en la privacidad que, de llevarse a cabo, afectaría a la libertad de expresión personal. Aunque los responsables se han apresurado a señalar que la idea está muy verde todavía y que requeriría el consentimiento de cada funcionario/a, su implementación crearía dos clases de funcionarios: los colaboradores y los que se negaran, que se verían discriminados de las supuestas ventajas atribuidas a la nueva herramienta.

Cuando el Parlamento Europeo y algunos legislativos como el de España se han planteado exigir a las multinacionales tecnológicas y a las grandes empresas la transparencia de sus algoritmos, muchas organizaciones de la sociedad civil han demandado lo mismo para las administraciones públicas que comienzan a utilizar la inteligencia artificial para decisiones que afectan al bienestar individual y colectivo de sus ciudadanos.

La dictadura franquista dividía a la ciudadanía española entre afectos y desafectos al Régimen, no tenían entonces ni big data, ni inteligencia artificial, pero sí un eficaz aparato  represivo: Brigada Político Social de la Policía, Servicio de Información Militar (SIM)... De implantarse el genoma del funcionario la Junta de Andalucía tendría el mapa exacto de sus afectos y desafectos entre el funcionariado autonómico. Como siempre, no hay nada nuevo bajo el sol.