Adelante Andalucía rompió ayer su silencio sobre un posible entendimiento con el PSOE para promover una candidatura de izquierdas a la Junta de Andalucía difundiendo un comunicado que sembró más desconcierto que esperanza en sus principales destinatarios, los socialistas andaluces.

El comunicado no llegaba a trazar un cordón sanitario en torno al nombre de Susana Díaz, pero tampoco hacía falta: teniendo en cuenta las escasas posibilidades de que pueda triunfar una investidura distinta de la del popular Juan Manuel Moreno, la propuesta de Adelante Andalucía ha sido interpretada en medios socialistas más como una bofetada sin mano a Díaz que como un intento serio de visibilizar los 50 escaños del bloque de la izquierda frente a los 47 de PP y Cs, urgidos de sumar los 12 de Vox para desalojar a los socialistas de la Junta.

'Esa persona de la que usted me habla'

Adelante Andalucía (AA) se muestra dispuesta “a explorar la posibilidad de presentar un candidato o candidata alternativa que no sea la del tripartito reaccionario si las tres fuerzas de derechas no suman lo suficiente para una investidura”, pero puntualiza a continuación que “la persona que se presente para la candidatura a la Presidencia tendrá que acordarse por consenso” entre ambas formaciones.

Aun así, el portavoz de Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha puntualizado hoy en declaraciones a la Cadena SER que lo que propone Adelante Andalucía es "sentarse y acordar por consenso un candidato, lo que no significa vetar a nadie".

El hecho de que AA no acepte de entrada que la candidata natural del PSOE solo puede ser su cabeza de lista Susana Díaz –que además cuenta con el apoyo sin fisuras de la dirección regional y de los ocho secretario provinciales– y el hecho de que la confluencia condicione el pacto a que los socialistas acepten “como programa de urgencia el inicio en el primer año de legislatura” de una ambiciosa batería de medidas –ya rechazadas en la legislatura anterior– han alimentado los recelos en la otra orilla de la izquierda andaluza.

Fuentes socialistas conjeturan que Adelante Andalucía no puede no saber que “el PSOE nunca aceptará negociar quién es nuestra candidata a la investidura: como hemos repetido una y otra vez, es y será Susana Díaz”.

El tiempo corre

Mientras tanto, el tiempo corre. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, se reúne mañana con los portavoces de los grupos parlamentarios y, a resultas de los apoyos que le traslade cada cual, decidirá a qué candidato propone para ser investido. Si PSOE y AA llegaran a un acuerdo, su candidato tendría 50 votos, que Juanma Moreno solo podría superar si Vox se aviene finalmente a votarlo.

La oferta de AA al PSOE se hacía pública casi al mismo tiempo que Vox, en plena negociación con el PP en Madrid, filtraba a la prensa un documento de 19 puntos –casi todos “inasumibles”, según el PP– que supone un mazazo a las aspiraciones de Moreno de ser invesitido presidente cuanto antes.

Si Vox le dijera mañana a la presidenta de la Cámara que no apoya la investidura de Moreno y Adelante Andalucía le trasladara que respalda la de Díaz, el primero sumaría 47 y la segunda 50, por lo que Bosquet debería proponer a la socialista como candidata a presidenta, quien a su vez intentaría marear cuanto pudiera la perdiz de los plazos aunque finalmente no resultara elegida. 

Vox en campaña

Al PP le aterra, con razón, un escenario con los tiempos parlamentarios bajo control socialista, y de ahí la presión de Génova al partido neofranquista para arracarle el sí a Moreno antes de mañana.

Aunque se trata solo de cábalas, lo que podría suceder finalmente es esto: que Vox muestre su diposición a apoyar a Moreno, garantizando así que sea él y no Díaz quien se someta a la investidura, pero que apure buena parte de los dos meses que tendría para darle su sí definitivo antes de que el agotamiento del plazo abocara a nuevas elecciones.

A menos de cinco meses de la cita eletoral del 26 de mayo, imposible imaginar una campaña más efectiva y más barata para Vox que esos dos meses convertido en centro de la atención regional, nacional e incluso europea.

Un programa de máximos

Las medidas que Adelante Andalucía pone negro sobre blanco en su comunicado y que el PSOE tendría que “comprometerse a aceptar” para alcanzar un acuerdo de investidura son estas:

Blindaje por ley de fondos para políticas de igualdad con perspectiva de género con un 5% del presupuesto.

Blindaje de los servicios públicos gestionados desde la autonomía y el autogobierno andaluz con mínimos de inversión del PIB: 5% en educación pública, 7% en sanidad pública y 2% en dependencia. Aprovechamiento al 100% de la infraestructura pública en educación y sanidad antes de cualquier concierto que recuperará su carácter subsidiario.

Subida del complemento autonómico a las pensiones no contributivas hasta alcanzar el IPREM.

Internalización de los servicios privatizados y precarizados como los servicios de emergencia (061, 112, Salud Responde), monitoras de educación especial, ayuda a domicilio, subcontratas de educación, sanidad y dependencia y gestión directa de los comedores escolares.

Ni un euro de dinero público en contratos, convenios o subvenciones con empresas que no demuestren con carácter previo estar cumpliendo los convenios y normativa laboral vigente.

Protección de los sectores productivos andaluces frente a la “uberización” de la economía y las inversiones especulativas de fondos buitre sin base en la creación de empleo. Decreto de protección del sector del taxi frente a Uber y Cabify, del derecho a la vivienda frente a Airbnb, del sector turístico frente a Booking y otras, etc.

Aprobación de las medidas contenidas en leyes presentadas en la anterior legislatura:

Ley de titulizaciones de las hipotecas.

Reforma del reglamento para reducir los privilegios de los parlamentarios y Ley de Buen Gobierno para suprimir los privilegios de los altos cargos (ayudas al alquiler, etc.) así como para reducir drásticamente el número de cargos de libre designación a favor de nuevas contrataciones públicas.

Ley de emergencia habitacional, pobreza energética y pobreza hídrica, que garantice derecho a la vivienda y protección frente a los desahucios sin alternativa habitacional y garantice suministros básicos vitales de energía y agua.

Ley de bioclimatización de los centros educativos andaluces.

Ley de bienestar y protección animal de Andalucía.

Banca Pública Andaluza.

Ley de movilidad sostenible.

Oficina Anticorrupción, Reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas, Ley de Cuentas Claras y resto de medidas presentadas de transparencia y lucha contra la corrupción.

Plan de Empleo extraordinario en el medio rural para caminos públicos, recuperación de la biodiversidad y del medio rural.

Incremento hasta el 2% del PIB en I+D+i

Plan de transición energética vinculado a la creación de empleos verdes.

Ley de blindaje de Doñana y paralización inmediata de las obras de Gas Natural Fenosa en su entorno.

Banco de Tierras Públicas con las tierras improductivas para el fomento del empleo en el medio rural y la agricultura ecológica con valor añadido.