“Estas leyes, muy constructivas, son producto de demandas ciudadanas, de mucha gente, de la sociedad civil; si alcanzamos el gobierno las aprobaremos en los dos primeros años, para que entren en vigor en la legislatura. Si no gobernamos, las llevaremos como proyectos de ley al Parlamento y que cada uno se retrate”.

Así resumía esta mañana Antonio Maíllo, en rueda de prensa conjunta con Teresa Rodríguez en la sede IU, los ambiciosos planes de la confluencia de izquierdas para la legislatura que se decidirá el próximo 2 de diciembre.

Un ambicioso paquete

Ley de bioclimatizacion de centros escolares, ley de igualdad retributiva de los empleados públicos, ley de banca pública, ley de emergencia habitacional, ley de titulizaciones, ley de bienestar animal, ley de la RTVA… Adelante Andalucía ha decidido pisar fuerte en materia legislativa con propuestas que se quedaron en el tintero en la legislatura anterior y que obligarían a introducir modificaciones en algunas de las leyes hoy en vigor.

En esta ocasión, ni Rodríguez ni Maíllo cargaron las tintas contra sus adversarios socialistas, para centrarse en detallar un paquete legislativo con el que quieren contrarrestar "la escasa producción de leyes" durante el mandato 2015-2018. Eso sí, buena parte de sus iniciativas buscan “devolver los derechos que Susana Díaz les ha robado a los andaluces en su pacto con Ciudadanos”.

Blindar servicios públicos

El programa de Gobierno recoge el blindaje de los servicios públicos fundamentales a través de la aprobación de “suelos mínimos de inversión, de tal manera que se reviertan los recortes ejecutados por Susana Díaz y Cs y se recupere la calidad perdida a lo largo de los últimos diez años, generando además empleo de calidad en el sector público”.

Los servicios sociales “serán blindados con un 2% del PIB en los presupuestos, lo que implicará incremento de personal en esta área y recursos suficientes para que las prestación lleguen a la ciudadanía en tiempo y forma”. Igualmente, la escuela pública contará con un 5% del PIB para su financiación y las políticas de salud contarán con “una dotación por ley del 7% del PIB que permitirá recuperar la sanidad pública, con más profesionales, mejores centros de salud y menos listas de espera”.

Contra la corrupción

En el ámbito de la transparencia y la lucha contra la corrupción, prometen como medidas urgentes la aprobación de la Ley de Cuentas Claras y Abiertas –para que cualquier andaluz conozca qué se hace con el dinero público-, la creación de una oficina anticorrupción independiente “que garantice la honestidad institucional” y el fomento de “la ética política a través de la reforma del reglamento del Parlamento ‘Privilegios Cero’ que ponga fin al cobro de dietas opacas por parte de los políticos en Andalucía”.

Otros compromisos desgranados por Rodríguez y Maíllo son estos: una Ley de Protección de los Derechos para combatir la pobreza infantil y una Ley de Atención Temprana para universalizar el acceso a este servicio público para niños con trastornos del desarrollo de entre 0 y 6 años. En la legislatura concluida, Podemos impulsó una ley similar pero no salió adelante: “La apoyamos todos los grupos menos PSOE y Ciudadanos”, explicó Rodríguez.