El diputado socialista José Martínez Olmos ha lamentado que los recortes educativos realizados por el Gobierno central hayan provocado que 16.000 andaluces abandonen la universidad y ha subrayado la caída de alumnos de un 8 % en centros superiores como el de Granada.

Por no poder pagarla
Martínez Olmos ha denunciado la pérdida de alumnos de las universidades en los últimos cuatro años y ha achacado a los recortes del PP en materia educativa el incremento de estudiantes que dejan su formación universitaria por no poder pagarla. El diputado ha cifrado en 16.000 estudiantes el número de andaluces que ha abandonado sus estudios universitarios y ha recalcado que la Universidad de Granada ha pasado de tener 54.126 alumnos hace cuatro años a los 49.230 del último curso.

Disminución de la cuantía de las becas y el aumento de las tasas universitarias
Ha considerado que la caída de estudiantes responde a los "recortes injustos y la política discriminatoria llevada a cabo por Gobierno de España que no cree en la educación pública". El socialista ha explicado que los 8.000 millones de euros que el PP ha recortado en educación pública a nivel nacional durante estos años, la disminución de la cuantía de las becas y el aumento de las tasas universitarias hasta un 30 % representa "un maltrato importante a los estudiantes con menos recursos económicos".

Esfuerzos en Andalucía
Ha subrayado que las medidas "insolidarias" del PP atacan directamente a la igualdad de oportunidades y tienen un impacto negativo en la economía, especialmente en ciudades como Granada en las que la universidad juega un papel importante y que según su datos ha perdido este año 53 millones de movimiento económico. El socialista ha comparado la caída del presupuesto de Educación del Gobierno central con el "compromiso con la universidad pública y el esfuerzo de la Junta de Andalucía" para amortiguar los recortes. Ha recordado la bajada de las tasas universitarias, la posibilidad de fraccionar la matrícula, las becas para los estudios del B1, el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Lomce o el incremento presupuestario.