Cuarenta años después de la aprobación de la Constitución, esta situación no es admisible El pasado domingo, en el cementerio de Porreres – localidad de la Mallorca interior - 14 familias mallorquinas recibieron los restos de sus parientes, víctimas de la Guerra Civil, exhumadas e identificadas en la fosa común del citado camposanto. La Ley de Personas Desaparecidas, aprobada por unanimidad por los grupos parlamentarios de Balears, comienza a dar sus frutos. En un año y medio ya se han abierto tres fosas comunes: Porreres y Montuïri (Mallorca) y Sant Ferran (Formentera).
La firme voluntad del Govern balear, la persistencia de las asociaciones Memòria de Mallorca y Forum per la Memòria d’Eivissa y Formentera, la sólida implicación de los Ayuntamientos, así como el consenso político en el archipiélago, están haciendo realidad el deber ético de nuestra sociedad de convertir las fosas comunes en sepulturas familiares y hacer posible que los parientes de las víctimas tengan un lugar donde llorarlas.
De las múltiples razones esgrimidas en el momento de aprobar la Ley de Memoria Histórica del Gobierno socialista, parecía que la de abrir fosas para cerrar heridas gozaba del apoyo unánime. Sin embargo, desde 2012 el Gobierno del Partido Popular ha eliminado diversos instrumentos previstos por la mencionada ley hasta dejarla en vía muerta, sin partida presupuestaria y eliminando de la agenda pública la convocatoria de ayudas para la búsqueda, exhumación e identificaciónde las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Aún siendo uno de los países con más desapariciones forzadas, estamos dando muestras de país democrático y civilizado en esta cuestión solo gracias al esfuerzo de ciertas Comunidades a Autónomas, Ayuntamientos y asociaciones.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de marzo de 2012, establece que es “inobjetable desde cualquier punto de vista – por imperativo del respeto debido a la dignidad de todas las personas y, hasta por razones de policía sanitaria mortuoria- que los restos de quienes hubieran sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato ni fuera de los lugares propios de enterramiento”. Concluye que “tampoco cabe interponer a sus familiares el gravamen representado por tal clase de situaciones, moral y jurídicamente insostenibles”. Recuerda también que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, “establece deberes para las Administraciones”.
En paralelo se han sucedido diversos informes de la ONU en los que se denuncia dicha situación y se demandan mejoras en materia de exhumaciones: que el Estado modifique el sistema privatizado de búsqueda, exhumación e identificación de las víctimas y asuma mayor responsabilidad así como la instauración de un banco de ADN. Urge la rectificación del Gobierno y que, además de dotar la ley de una partida económica en los próximos presupuestos, no vete la amplia reforma de la misma, propuesta por el Partido Socialista en el Congreso con el fin de mejorarla, atendiendo a muchas de las recomendaciones apuntadas por los informes de la ONU.
Cuarenta años después de la aprobación de la Constitución, esta situación no es admisible. Hablamos de derechos humanos, elemento básico para el sostén de cualquier Estado de derecho y sistema democrático.
