La Audiencia de Palma acogerá el lunes una vista previa en la que se podría sustanciar el último acuerdo con la Fiscalía de la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar para cerrar sin más condenas de prisión una sucesión de casos de corrupción por los que ya se le han impuesto 14 años de cárcel.
El pasado 29 de noviembre, el tribunal dio unos días más de plazo a la defensa de la exlíder de Unió Mallorquina (UM), que lleva encarcelada desde el verano de 2013, para que tratara de cerrar el pacto con las acusaciones en el caso Studio Media, el último que tiene pendiente Munar y en el que están acusados también siete de sus antiguos colaboradores.
Ese día, la también expresidenta del Parlament admitió que prevaricó y blanqueó capitales obtenidos ilícitamente en el llamado caso Son Oms para saldar con inhabilitación y una multa de 68.500 euros un proceso en el que inicialmente la Fiscalía pedía para ella seis años de prisión y el pago de 2,7 millones de euros.
En el caso Studio Media el ministerio público solicita para Munar siete años de cárcel, 20 de inhabilitación y cinco millones de euros de multa por los delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias y falsedad en documento público, que presuntamente cometió para beneficiar con tres millones de euros del Consell a la empresa que da nombre al caso.
Además de la expresidenta insular están acusados el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, los exconsellers de Hacienda Miquel Àngel Flaquer y de Territorio Bartomeu Vicens y los que fueran secretario técnico de Vicepresidencia, Antoni Moragues, y coordinador de servicios de la institución, Miguel Àngel Grimalt, así como los empresarios Alfredo Conde y Elizabet Diéguez.
La Fiscalía Anticorrupción considera que los altos cargos del Consell se concertaron con el matrimonio de empresarios para beneficiar de manera arbitraria con fondos públicos a partir del año 2000 y por más de 3.000.000 euros a Studio Media Comunicación, una sociedad próxima a miembros destacados de la extinta UM.
Según el ministerio público, entre otras irregularidades, la empresa se creó para concurrir a un concurso público de un servicio de radio en el año 2000, cuando éste todavía no se había convocado y sabiéndolo de antemano.
La Fiscalía considera que Munar toleró y consintió las irregularidades y permitió la adjudicación porque favorecía a personas próximas a UM.
El fiscal acusa a Munar y Nadal de delitos continuados de prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y falsedad documental y pide una condena de siete años de prisión para cada cual, cinco millones de multa e inhabilitación especial para cargo público por más de una década.
Nadal, igual que la que fuera su presidenta, cumple en la actualidad prisión por condenas anteriores.
Para Vicens, la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación, así como multa de cinco millones; y para Flaquer, Moragues y Grimalt ocho años de inhabilitación. Para Conde y Diéguez reclama cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación y multa.
La antigua líder de UM no ha disfrutado de permisos fuera de la cárcel desde que ingresó en el verano de 2013, una situación que podría cambiar si se alcanza un acuerdo en la vista previa del lunes.