Un funcionario de la Consejería de Empleo que participó en el 2011 en la revisión de las ayudas investigadas en el caso ERE, tras saltar el caso judicial, ha dicho que detectaron 188 personas sin derecho a cobrar, entre ellos prejubilados que trabajaban y herederos de beneficiarios fallecidos, informa EFE.
Rafael Ángel Silva ha declarado como testigo en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que el Gobierno andaluz repartió durante una década 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.
Los intrusos
Silva fue coordinador de la Viceconsejería de Empleo entre el 2010 y el 2012 y participó en la comisión de información reservada que se creó en enero del 2011, por orden del viceconsejero Justo Mañas, para revisar los expedientes de concesión de ayudas a raíz de estallar la investigación judicial tras detectarse los llamados "intrusos" en el ERE subvencionado de Mercasevilla, germen de la macrocausa.
Según ha explicado, analizaron 69 expedientes y sólo "en una minoría", en torno al "15-20 % de los casos" había solicitud, y sólo en las ayudas dadas a partir del 2008 constaba una resolución formal. Se detectaron 77 beneficiarios que no habían trabajado en las empresas en cuyo ERE figuraban y otros 111 casos con "irregularidades administrativas", entre las que ha citado que cobraban personas que tras recibir una renta de prejubilación volvieron a trabajar por cuenta ajena y la siguieron cobrando así como "herederos de beneficiarios fallecidos".
También detectaron perceptores de "rentas vitalicias" y no vieron ni expedientes de gasto ni mecanismos de control posterior del destino de las ayudas o informes del Gabinete Jurídico para la concesión de las ayudas.
Pagos cruzados
En marzo del 2011 entregaron al viceconsejero sus informes de la revisión y en abril se pidió un informe al Gabinete Jurídico para determinar si los actos de resolución de las ayudas eran nulos, y en mayo se dictaron dos resoluciones para incoar expedientes en aquellas que se detectaron irregularidades y para reanudar el pago paralizado desde febrero al resto de beneficiarios legítimos.
En la revisión, también ha reconocido que se detectaron los llamados "pagos cruzados", órdenes de la Dirección General de Trabajo a la agencia pública IDEA (a través de la cual se pagaban las ayudas con dinero que Empleo le remitía mediante transferencias de financiación) para que fondos destinados inicialmente a las prejubilaciones de una empresa se usaran para pagar otras.
Preguntado por el abogado del exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano si IDEA conocía ese destino final para otra empresa o eran órdenes que el director general de Trabajo daba directamente a las aseguradoras, el testigo ha expuesto que en la documentación aparecía una comunicación directa a las aseguradoras. Además, en el archivo de IDEA donde consignaba todos los pagos de estas ayudas que realizaba "esos pagos no están" por lo que "cabe deducir que IDEA no conocía el desvío que se producía".
El guantazo
El exdirector de Trabajo Daniel Rivera y el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas también han declarado hoy como testigos. Ambos ocuparon sus cargos del 2010 al 2012, cuando saltó la investigación judicial. Mañas, en concreto, ha incidido en que el interventor de Empleo (entonces Juan Luque, que ya testificó) "nunca" indicó que este programa de ayudas "tuviera un déficit de fiscalización".
En la Consejería de Empleo acordaran revisar durante un fin de semana en noviembre 2010 las ayudas a Mercasevilla y luego todas. Según Rivera, entonces director de Trabajo, al llegar al cargo se encontró "con un guantazo de realidad desde el primer día" porque iban a verle colectivos de extrabajadores beneficiarios "que llevaban cuatro o cinco meses sin cobrar" ayudas comprometidas por sus antecesores (ambos acusados).
Sin sospecha
Pidió información a la asesora María José Rofa, quien le indicó las situaciones más acuciantes o con más retraso para pagar según la disponibilidad presupuestaria, sin sospechar de irregularidades porque "daba por sentado" que se habían concedido "adecuadamente".
Preguntado por el fiscal si le llamó la atención la falta de fiscalización previa de las ayudas -al usar transferencias de financiación para enviar dinero de Empleo a la agencia pública IDEA para pagarlas-, Rivera ha dicho que aunque ahora esa dinámica "nos pueda parecer perversa, en ese momento parecía natural".
Moscas a cañonazos
Ha cuestionado si era necesaria la fiscalización previa "cuando el interventor de la Consejería de Empleo nunca puso ningún reparo" y "sinceramente ahora podemos discutir lo que usted quiera pero entonces me podía resultar indiferente que las ayudas se dieran con una fiscalización, con tres o con ninguna".
Por su parte, el exviceconsejero Justo Mañas ha referido también cómo se decidió revisar las ayudas "buscando fundamentalmente personas que no tuviesen derecho" por no cumplir los requisitos fijados en los ERE o ni siquiera pertenecer a la empresa en cuestión, y al ver que "no era un caso ni dos", se decidió paralizar los pagos hasta aclarar la situación.
"Alguien nos podía haber acusado de matar moscas a cañonazos al paralizar ayudas a casi 6.000 personas por un 2% de irregularidades y yo admito esa crítica pero en aquel momento era mejor pecar por exceso que por defecto", ha admitido.
Tras la revisión se hizo una orden en abril de 2011 para "mejorar el sistema" implantando la fiscalización específica de cada ayuda y unos requisitos que debían constar en una solicitud formal al entender que eran los elementos que "habían facilitado la aparición de intrusos".
