Todo iba razonablemente bien entre el Gobierno socialista andaluz y el Gobierno socialista de España hasta que, sorpresivamente, el presidente Pedro Sánchez se descolgó el lunes en una respuesta parlamentaria con la novedad de que no abriría las negociaciones para renovar el modelo de financiación, que reclaman con urgencia comunidades socialistas y no socialistas y, dentro de las primeras, todas ellas fueren del matiz que fueren: pedristas, susanistas, mediopensionistas…
El anuncio de Sánchez ha disparado todas las alarmas en Andalucía. Y las ha disparado en todos los partidos, desde el PSOE en el Gobierno hasta Podemos o el PP. Por si acaso, la presidenta Díaz se apresuró ayer a marcar el terreno de juego poniendo el énfasis en una cifra: 4.000 millones de euros, la cantidad adicional que requiere Andalucía para poder financiar servicios públicos fundamentales, como la educación, la sanidad o la dependencia.
Vuelven los 'minolles'
Todos los dirigentes socialistas andaluces que hablaron ayer mencionaron los 4.000 millones. Una y otra vez. 4.000 millones. 4.000 millones. Para que no se le olviden a nadie, y en particular a Pedro Sánchez: para que los tenga en mente cuando se reúna el próximo 9 de julio con el presidente catalán Joaquim Torra.
La reiteración socialista de ahora recuerda aquella de años atrás de Manuel Chaves frente al Gobierno de José María Aznar, que el programa 'Las noticias del guiñol', de Canal Plus, popularizó rebautizando como ‘minolles’ los millones exigidos por el presidente, algo disléxico, de la Junta de Andalucía.
Todo el Parlamento andaluz, incluido Ciudadanos, está bastante de acuerdo en esa cifra, aunque no lo esté en la manera de obtenerla o en la partida prespuestaria de la que debe salir. Ciertamente, cada partido pone el acento en matiz distinto, pero todos coinciden en que el Estado autonómico en general y Andalucía en particular necesitan con urgencia un nuevo modelo de financiación.
La bofetada
El PP y Ciudadanos subrayaron ayer la afrenta que supone para Susana Díaz las largas dadas por el presidente a la que ha sido una de las reivindicaciones nucleares del Gobierno andaluz. La palabra ‘bofetada’ es la escrita con mayores caracteres y en negrita en el argumentario del Partido Popular, que ha visto en esta crisis una oportunidad de cavar con ímpetus renovados en la suculenta veta de las discrepancias entre Pedro Sánchez y Susana Díaz.
Ayer, la presidenta andaluza prefirió mostrarse cauta y esperar las explicaciones de Sánchez, aunque recordando que su gobierno tiene un mandato del Parlamento, suscrito por 101 de los 109 diputados, para que “Andalucía disponga de los recursos que necesita para sus hospitales, colegios o atención a los mayores".
Simultáneamente, el consejero de Hacienda Antonio Ramírez de Arellano solicitaba una "reunión urgente" del grupo de trabajo sobre financiación autonómica de la Cámara andaluza, que Podemos suscribía de inmediato.
Daños colaterales
Si el presidente Sánchez no logra reconducir la situación por él mismo creada, los daños colaterales no serán tanto para Susana Díaz como para la cohesión y unidad del Partido Socialista, a las que el secretario general Pedro no había prestado atención pero que el presidente Sánchez parecía decidido a restaurar.
Díaz no se va a sentir incómoda en defender el acuerdo del Parlamento andaluz, más bien todo lo contrario, pero no podrá esquivar la preocupación en lo que se refiere a su partido: una escalada de tensión entre San Telmo y la Moncloa debilitaría a las siglas socialistas al poner de nuevo al descubierto las divisiones internas, hoy responsablemente aparcadas por todos.
En todo caso e independientemente de cómo evolucionen los acontecimientos, la primera damnificada del controvertido –y un poco enigmático– giro de Pedro Sánchez ha sido su ministra Hacienda María Jesús Montero, a la que, muy probablemente, en las últimas horas se le habrá pasado por la cabeza la tentación de dar un portazo en las narices de su desconsiderado presidente.
