El futuro disciplinario de la juez Mercedes Alaya queda en manos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es el órgano al que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha elevado hoy dos escritos de queja por las declaraciones de la instructora de los ERE contra jueces y fiscales.

Las dos quejas examinadas fueron remitidas al TSJA por los jueces de instrucción de Sevilla y por el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, procesado en el caso de los ERE.

Un poco de respeto

Tras examinar los reproches, la Sala de Gobierno le ha recordado a Alaya que debe comportarse de manera "prudente, moderada y respetuosa con todos los poderes del Estado", pues esa es la obligación de cualquier juez, quien debe asumir "un compromiso activo con el buen funcionamiento" del sistema judicial y promover en la sociedad "una actitud de respeto y confianza" en el Poder Judicial.

La Sala de Gobierno del TSJA ha trasladado al Poder Judicial tanto su acuerdo como los dos escritos presentados. El primero de ellos le fue remitido el pasado 24 de mayo por la Junta Sectorial de Jueces de Instrucción de Sevilla expresando públicamente su profundo malestar por las descalificaciones que Alaya había vertido en una entrevista en el diario ABC de Sevilla, que ponían “en entredicho, sin ningún motivo, la capacidad y profesionalidad de sus compañeros”, principalmente de quienes realizaron funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 6 cuando ella era titular e investigaba la causa de los ERE.

Condicionar al tribunal

El otro escrito examinado por la Sala ha sido la queja remitida por el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, que aprecia en las manifestaciones de Alaya un intento de “crear un estado de opinión y condicionar al tribunal sentenciador (…) en la búsqueda de una condena penal en una causa por ella instruida, mediante una sentencia condenatoria severa y la determinación de exacerbadas responsabilidades pecuniarias contra los acusados".

Para Gómez Martínez, las declaraciones de la instructora son "profundamente erradas y desafortunadas, en cuanto que persiguen, notoriamente, socavar el prestigio, la honorabilidad y el respeto que a todos los ciudadanos nos debe merecer una institución como la Administración de Justicia”.

Los beneficiarios

En esa entrevista, Alaya llegó a acusar al Gobierno andaluz y a sus servicios jurídicos de abstenerse en la exigencia de responsabilidad civil de los ex altos cargos de la Junta por la malversación de 850 millones de euros.

En su escrito al TSJA, Gómez recuerda expresamente que, además de no haberse dictado sentencia al respecto, “es bien conocido que dentro de dicha cifra se encuentran comprendidas las cantidades que han percibido y continúan percibiendo pacíficamente miles de beneficiarios, que ni siquiera han sido traídos al proceso como partícipes a título lucrativo". Alaya pudo, en efecto, haber traído al proceso a dichos beneficiarios –más de 6.000– pero no lo hizo.