Ángulo muerto. Nadie hasta ahora había utilizado ese esclarecedor concepto para resumir gráficamente lo que sucedía con las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía cuya legalidad intenta esclarecer la justicia.
El copyright hay que atribuírselo a Rocío Marcos, que fue interventora general de la Junta entre 2010 y 2012 y que ha declarado hoy en el juicio que el sistema por el que las ayudas de los ERE que concedía la Consejería de Empleo se pagaban a través de la agencia pública IDEA tuvo como efecto un "ángulo muerto" en el control del gasto de las mismas.
El ángulo muerto
La expresión tiene la virtud de que no señala culpables pero tampoco pone paños calientes al modo en que se hicieron las cosas. El ángulo muerto de un coche es una zona situada normalmente en los laterales traseros del vehículo que no nos es posible ver mediante los espejos retrovisores, ni con los laterales, ni con el interior. Según la web de Volvo Tecvolución, se trata de una “zona oscura que no nos permitirá ver lo que está sucediendo", y que puede llevarnos a cometer un error fatal al iniciar una maniobra.
Marcos ha testificado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear y mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.
La tesis del ángulo muerto favorece la comprensión de la abstrusa mecánica administrativa y presupuestaria de los ERE y, al mismo tiempo, ayuda a entender por qué los servicios de fiscalización de la Junta nunca detectaron menoscabo de fondos.
Lo que el tribunal deberá determinar es si quienes se sientan en el banquillo crearon deliberadamente ese ángulo muerto, si el ángulo mismo era ilegal y si quienes fueron alertados de su existencia debieron suprimirlo en su momento. Hoy sin duda que lo harían, pero hoy no es ayer: hoy, como ha admitido Marcos, "sabemos cosas que entonces no sabíamos".
Un uso indebido
La testigo, que sustituyó como interventora general a Manuel Gómez -acusado en este juicio-, ha explicado a preguntas del fiscal que durante años, y pese a las sucesivas advertencias de la Intervención, en la Junta se "utilizaban indebidamente" las transferencias de financiación como instrumento para enviar fondos a entidades instrumentales cuyo destino no eran actividades propias de estos entes sino financiar actividades de las propias consejerías. Para ello, el instrumento correcto hubiera sido un encargo de ejecución o encomienda de gestión (así se hizo a partir del 2010).
En el caso de los ERE, la Consejería de Empleo enviaba transferencias de financiación a IDEA para pagar unas ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo y la Intervención alertó en varios informes año a año de que era "inadecuado" usar transferencias de financiación, cuyo uso previsto por la ley es sufragar gastos propios de las entidades públicas.
Agilización temeraria
El "efecto" era que las ayudas no eran objeto de fiscalización previa en la Consejería de Empleo -porque ésta no las pagaba, sólo enviaba dinero a IDEA para que las abonase- ni tampoco en IDEA, porque el control de la actividad de los entes públicos es a posteriori y además en este caso no se generaba un expediente de gasto en IDEA que se pudiera fiscalizar sino que ejecutaba una orden de pago de unas ayudas que habían sido concedidas y tramitadas en Empleo y cuya documentación estaba allí.
Se producía un "ángulo muerto" con el que las ayudas quedaban "fuera de control" al usar un sistema que la exinterventora entiende que "pretendía agilizar" el pago de unas ayudas que se otorgaban ante "situaciones acuciantes" de crisis empresariales para prejubilar a trabajadores afectados o tratar de mantener la empresa.
Del uso de tal sistema se derivaba la "imposibilidad" de control de las ayudas y el desfase presupuestario en las cuentas de IFA/IDEA, porque el uso de las transferencias de financiación permitía "adquirir más compromisos de concesión de ayudas por adelantado sin que existiera disponibilidad presupuestaria".
Inadecuadas, no ilegales
A Marcos le "repele" tildar de ilegales las transferencias de financiación desde el momento en que aparecían presupuestadas como tal en las leyes anuales de las cuentas de la Junta asociadas a un programa de ayudas pero recuerda también que hasta 2009, las propias leyes de presupuestos indicaban que para financiar actividades de una consejería a través de un ente instrumental, la herramienta financiera era el encargo de ejecución.
Además, los informes de la Intervención indicaron "con claridad" que "las transferencias de financiación eran inadecuadas para financiar subvenciones" dadas por las consejerías, un uso que no era exclusivo en Empleo aunque según Marcos en otros casos no tuvieron los mismos "efectos sobre el control o las deficiencias sobre el procedimiento".
Lo que sabíamos y lo que sabemos
A preguntas del fiscal de por qué se mantuvo el sistema pese a los informes adversos de Control Financiero Permanente de la Intervención, Marcos respondía que "ninguno sabíamos lo que sabemos ahora, entonces hubiésemos hechos cosas diferentes".
En cuanto a la revisión de expedientes llevada a cabo en el informe adicional de control del ejercicio de 2003 de IFA/IDEA, conocido en 2005, Marcos considera que evidenciaba que "faltaban elementos esenciales para la concesión de una subvención, que entiendo excepcional porque no existía normativa reguladora".
Un desvío de fondos inimaginable
Entre esos efectos el fiscal le ha preguntado por el hecho de que recibieran ayudas "intrusos", personas que se prejubilaron en empresas para las que nunca trabajaron, y aunque Marcos ha señalado que en su momento la Intervención "ni imaginó" que un "procedimiento irregular desde el punto de vista administrativo" amparase esa posibilidad ni "ninguna desviación de fondos", admitió que la falta de control por el sistema usado "al menos lo facilitó". No obstante, ha señalado que "ni siquiera la ausencia de control determina que los procedimientos sean irregulares".
Marcos también ha subrayado que el otro efecto de usar a IDEA para pagar las ayudas de Empleo usando fondos enviados mediante transferencias de financiación era que permitía que se adelantasen compromisos de ayudas antes de que existiera disponibilidad presupuestaria aunque no se pagasen, lo que provocaba un desfase en IDEA.
El problema no era IDEA
Antes de Marcos -cuyo interrogatorio seguirá mañana- ha terminado de declarar la interventora de IDEA María Luisa Raya, que hizo informes de control financiero permanente del ente en 2009 y 2010.
A preguntas de las defensas de los exdirectores de IDEA procesados Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, ha coincidido en que usando transferencias de financiación para pagar ayudas de Empleo a través de la agencia pública estás "escapan a la fiscalización previa", si bien ha indicado que las recomendaciones de los informes no eran para IDEA sino para quien daba las ayudas, la Consejería de Empleo.
"Podía haberlo hablado"
Preguntada por la abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo si éste podía haber hecho algo (IDEA en 2004 pasó a depender de Innovación en vez de Empleo), ha dicho que "como miembro del Consejo de Gobierno podía haberlo hablado".
Y cuestionada por la defensa de Griñán sobre si coincide con el gabinete jurídico en que las transferencias de financiación puedan usarse para algo distinto a gastos de las empresas públicas si lo pone en las leyes de Presupuesto, ha dicho no estar de acuerdo.
