Si quedaba alguna duda de que la causa del fraude de los cursos de formación se habría convertido en un caso ERE II de haber continuado instruyéndola Mercedes Alaya, la propia jueza la ha despejado en una entrevista concedida al diario ABC de Sevilla y firmada por la periodista María Jesús Pereira.

En sus declaraciones, la juez del caso ERE sostiene que los indicios delictivos que destapó durante su investigación del supuesto fraude de la formación fueron de tal envergadura que el Partido Popular y el Partido Socialista hicieron un pacto –que obviamente debió de ser secreto pues nadie hasta ahora tenía noticia de él– para apartarla del caso y que no se investigara en otras comunidades bajo gobierno del PP donde podía estar ocurriendo lo mismo. Socialistas y populares lo han negado.

La teoría del complot

“Había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas”, sostiene Alaya, que tiene su propia y peculiar teoría para explicar cómo fue posible que el PP estuviera interesado en apartarla de un caso como el de los cursos de formación, que amenazaba con achicharrar políticamente a sus eternos adversarios y que la formación conservadora consideraba más grave incluso que el de los ERE.

“En los primeros años –elucubra Alaya en la entrevista– le interesaron estas causas al PP porque estaba en una lucha política con el PSOE para sacar rendimiento político a los temas judiciales que pudieran afectar a los socialistas, pero cuando irrumpieron en la escena política otros partidos políticos emergentes, los partidos tradicionales tenían que protegerse uno al otro y proteger así el bipartidismo, creándose una pinza entre el PP y el PSOE, lo cual se evidencia incluso desde el plano político por la escasa presencia o preeminencia de la oposición del Partido Popular en Andalucía”.

“Cosas asombrosas”

Para la imaginativa instructora, su “salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE”, sino que “la causa real de la denegación de la comisión de servicios fue el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas”.

Al igual que en el caso de los ERE, en el de la formación Alaya veía también “una red de clientelismo político” cuyo epicentro habría sido la Consejería de Empleo, desde la que se daban “órdenes” a las provincias “para que no se controlara el dinero”.

Como se sabe, el caso de los cursos fraudulentos, que Alaya intentó monopolizar sin éxito, se dispersó en diferentes juzgados andaluces, la mayoría de los cuales ha ido dictando el archivo de las piezas a petición de la Fiscalía Anticorrupción al no apreciar ni la "red clientelar" ni las “cosas asombrosas” que su antecesora creyó descubrir.

Cascada de archivos

El último archivo lo solicitaba la semana pasada la Fiscalía de Huelva, aunque el sobreseimiento más sonoro vino de parte de la juez María Núñez Bolaños, que sustituyó a Alaya al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla cuando esta optó voluntariamente en 2015 a una plaza en la Audiencia de Sevilla.

En efecto, en diciembre de 2016 y a instancias de la Fiscalía, Núñez daba carpetazo a la imputación de 24 ex altos cargos y funcionarios de la Junta investigados en su día por Alaya. La decisión fue recurrida ante la Audiencia de Sevilla por el mismo PP al que la jueza involucra en una conspiración para apartarla del caso.

Jueces y políticos en contra

Preguntada por su entrevistadora si sufrió presiones políticas en el ejercicio de sus funciones, Alaya responde así: “Por supuesto, a diario. ¿Cómo? A través de las manifestaciones constantes en Prensa por parte de los políticos, como cuando Alfonso Guerra dijo que yo estaba vinculada al PP, o que tenía una relación especial con Juan Ignacio Zoido, extremos totalmente alejados de la realidad, o como cuando Susana Díaz contactó con el CGPJ para sugerir o protestar en relación al caso de los ERE”.

Pero no eran solo políticos socialistas los que intentaban poner trabas al trabajo de Alaya. También lo hicieron sus propios compañeros de profesión: “Pero las injerencias en mi imparcialidad e independencia que más me han dolido han sido las protagonizadas desde altos cargos del poder judicial”.

Alaya se apartó sola

Más allá de las arriesgadas conjeturas políticas de Alaya, es conocido que en octubre de 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidió por unanimidad apartar a la magistrada del caso de los ERE, revocando la comisión de servicio que previamente le había autorizado y que la juez había solicitado tras conseguir plaza en la Audiencia de Sevilla.

Lo que provocó el apartamiento por parte del TSJA, ratificado más tarde por el Poder Judicial, fueron los coléricos ataques de Alaya al honor y la profesionalidad de la nueva titular del juzgado, María Núñez. Con buen criterio, el TSJA primero y el Consejo General del Poder Judicial después estimaron que la colaboración de ambas bajo un mismo órgano judicial era imposible.

Cs e IU piden explicaciones

En todo caso, la oposición andaluza ya ha reclamado explicaciones a la presidenta Díaz. El primero en hacerlo ha sido su socio de investidura: Albert Rivera ha revelado esta mañana que había hablado con el líder andaluz del partido, Juan Marín, para que exigiera explicaciones en el parlamento. “Es muy grave la acusación”, ha dicho Rivera.

En el mismo sentido se pronunciaba el coordinador general de IULV-CA: "O Susana Díaz la desmiente categóricamente o se tendrá que ir", afirmaba Antonio Maíllo, aunque a renglón seguido añadía que Alaya "deberá demostrar del mismo modo que estas acusaciones son verdad", pues en caso contrario "tendrá que asumir su responsabilidad y el Poder Judicial demandársela".

PP y PSOE lo niegan todo

Por su parte, el presidente del PP, Juanma Moreno, ha dicho que su partido "jamás ha pactado, jamás ha acondicionado nada, jamás ha llegado a ningún acuerdo para que no se investigue".

Mientras tanto, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, calificaba como algo "inaudito y sin precedentes" las acusaciones de Alaya y negaba con rotundidad pacto alguno para apartarla de las macrocausas judiciales.