El fraude supuestamente millonario ha quedado en nada. El fiscal Jefe de Huelva, Luis Fernández, ha dirigido al Juzgado de Instrucción 5 de Huelva un escrito en el que ratifica el sobreseimiento provisional de la pieza principal de los cursos de formación para el empleo, que ya pidió la Fiscalía a finales de abril, para el entonces director del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, Eduardo Muñoz, y seis funcionarios de Huelva que intervinieron en la ejecución, control y liquidación de las subvenciones que se concedieron a empresas de formación en la convocatoria de 2011.
La tesis policial
Las conclusiones de la Fiscalía no pueden ser más distintas de aquellas a las que llegó en marzo de 2016 la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional cuando detuvo a cuatro de las personas que ahora han quedado libres de sospecha. Las detenciones acapararon las portadas de los telediarios nacionales. Según las filtraciones policiales a los medios de comunicación, los detenidos se habrían puesto de acuerdo para otorgar arbitrariamente ayudas a personas o empresas cercanas al PSOE.
Donde la Fiscalía no ha visto indicio delictivo alguno, los expertos de la UDEF llegaron a estimar que los fondos públicos concedidos por las personas investigadas superaban los 12 millones de euros, de los que los investigadores habrían podido acreditar nada menos que "2,9 millones defraudados tras el estudio de un solo expediente”.
Lo que dijo el PP
Tras las detenciones, el entonces vicesecretario general del PP de Huelva, Juan Carlos Duarte, difundió una nota en la que sostenía que “el epicentro de la corrupción vuelve a situarse en Huelva, en este caso, en los pasillos de la Junta de Andalucía y del PSOE de Huelva”.
Para Duarte, eran “exigibles responsabilidades, civiles, penales, contables y administrativas por el menoscabo de fondos públicos y el daño real producido al darse todo tipo de irregularidades especificadas por la ley: administrar recursos y derechos sin sujeción de la norma; mucha negligencia a la hora de exigir los reintegros; no actuar con la debida contundencia o dar lugar a pagos indebidos al liquidar obligaciones”.
Respuesta al juez
La ratificación de la decisión de no mantener la acusación por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos de la causa "es la respuesta enviada al magistrado del Juzgado número 5 de Huelva, quien había requerido al superior jerárquico del fiscal de la causa principal de los cursos de formación un pronunciamiento sobre la petición del archivo provisional tras la apertura un procedimiento abreviado para su investigación", informa en una nota la Fiscalía Superior de Andalucía.
El fiscal Jefe de Huelva "estima improcedente el emplazamiento realizado al superior jerárquico del fiscal que formuló la solicitud de sobreseimiento", ya que la acusación particular, en este caso la Junta de Andalucía, coincide con el fiscal en no mantener la acusación, con lo que resulta obligado acordar el sobreseimiento, conforme al artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Otros archivos
La petición de archivo del fiscal Jefe de Huelva coincide, en forma y argumentos semejantes, a lo acordado por la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, de otras Fiscalías andaluzas y por otros Juzgados de Instrucción de distintas capitales andaluzas que han instruido procedimientos por los mismos hechos, todos derivados de la investigación policial conocida como Caso Edu.
Concluye el fiscal en su escrito que, a la vista “los hechos fijados en la denuncia de la UCDEF y de cómo eran descritos los delitos aludidos, la decisión de formular acusación pública no debe ejercitarse sin el apoyo de una prueba sólida para poder presentar en juicio pruebas de cargo que apoyen la existencia de conductas delictivas”.
Meras irregularidades
Al igual que en el primer escrito con la propuesta de archivo, ahora el fiscal jefe repasa los procedimientos administrativos realizados en la tramitación de las subvenciones para los cursos de formación y no aprecia indicios de delito en su aplicación. Se ha apreciado determinadas irregularidades en atestados e informes de intervención que se han visto corregidas por la existencia de cobertura legal de algunas de esas actuaciones o explicadas por insuficiencia de recursos personales y por cambios en los procedimientos de supervisión.
El escrito fiscal recuerda que la legislación vigente contempla procedimientos administrativos de reintegro de subvenciones que no acrediten su justificación por las empresas beneficiarias en las fases de liquidación. Existen todavía diez piezas separadas correspondientes a empresas investigadas por fraude de subvenciones, que recibieron un importe superior a los 120.000 euros.
