A la izquierda, la lancha agresora que mató al niño que viajaba en la embarcación de recreo, a la derecha.
Campo de Gibraltar

Zoido: ¿Narcotráfico? ¿Qué narcotráfico?

Califica de “tumulto callejero” la agresión a guardias civiles y niega que la lancha que mató a un niño sea de los narcos, aunque su piloto tiene antecedentes

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Mar, 15 Mayo 2018

Hay inquietud entre los vecinos del Campo de Gibraltar. Hay inquietud entre los policías y guardias civiles destinados en la zona. Hay inquietud en los alcaldes de la comarca. Hay inquietud en la Junta de Andalucía. Donde únicamente no parece haber demasiada inquietud es en el Ministerio del Interior.

El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido desvinculó ayer del narcotráfico los dos hechos que han disparado las alarmas en la deprimida comarca fronteriza: la muerte ayer de un niño de 9 años tras ser arrollada su embarcación por una lancha semirrígida cuyo piloto tiene antecedentes por narcotráfico y la agresión colectiva el pasado fin de semana a un grupo de guardias civiles fuera de servicio que el ministro calificó de “violencia callejera”.

Antecedentes por droga

Fue el propio delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, quien revelaba ayer que las dos personas que viajaban en la lancha que arrolló mortalmente a la embarcación de recreo donde estaba el niño con su padre tienen antecedentes por narcotráfico, si bien la semirrígida que conducían no transportaba ningún alijo de droga.

No obstante, la embarcación había colaborado en la logística de operaciones de contrabando de drogas, según ha confirmado la Policía Nacional, que también ha revelado que fue interceptada el 26 de abril, en una operación antidroga, cargada de bidones de gasoil, seguramente para “surtir a otras embarcaciones que sí pudieran estar dedicándose directamente al narcotráfico”, y de ahí que fuera incautada por los agentes.

Los hechos ocurrieron ayer por la tarde en la playa algecireña de Getares, donde según testigos presenciales el padre del menor habría recriminado a los dos ocupantes de la lancha la velocidad temeraria a la que estaban navegando por esa zona, tras lo cual el piloto habría lanzado su nave contra la embarcación de recreo. Ambas se encontraban, según el delegado del Gobierno, en una zona donde no “no debía haber ninguna embarcación”.

¿En qué quedamos?

Aunque Sanz pidió tiempo para evaluar detenidamente lo sucedido y consideró “precipitado extraer conclusiones”, sí admitió ante los periodistas que la lancha que embistió a la embarcación de recreo es similar a las que suelen usar los narcotraficantes para transportar droga desde Marruecos a España.

Sin embargo, el Ministerio del Interior aseguró con rotundidad anoche que la semirrígida agresora no era una narcolancha. La información ministerial decía en concreto que “ninguna de las dos” embarcaciones implicadas –de las que difundió una foto conjunta– era de las que utilizan habitualmente los narcos.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), emitió ayer un comunicado de pésame a la familia del niño en el que también trasladó  que "todos los representantes políticos deseamos que en el menor espacio de tiempo posible entre en vigor la prohibición para la navegación de las conocidas como narcolanchas, al tiempo que pedimos una mayor presencia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en nuestras playas, para poder dar más seguridad y tranquilidad a los usuarios”.

Una comunión en plena calle

El otro incidente que también ha preocupado mucho en la comarca, tanto a vecinos como a policías y guardias civiles, fue el ocurrido el sábado pasado en la barriada del Rinconcillo de Algeciras, cuando alrededor de unas 40 personas tomaron parte en la agresión a un grupo de guardias civiles de paisano. Los agredidos pertenecen al Grupo de Acción Rápida (GAR) con sede en Pamplona y han sido destinados recientemente al Campo de Gibraltar para combatir el narcotráfico.

Diez de los agresores, que celebraban una comunión en plena calle impidiendo el paso de los coches donde viajaban los agentes, ya han sido identificados y seis de ellos están detenidos, de los cuales dos tienen antecedentes por tráfico de droga.

Vandalismo callejero

Pese a que las asociaciones de guardias civiles aseguran que los agresores fueron advertidos por los propios agentes de que eran funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el ministro Juan Ignacio Zoido calificó ayer la trifulca como "un acto de vandalismo, de violencia callejera y tumultuaria que no tiene nada que ver con otras cuestiones".

El ministro negó que hubiera mediado una autoidentificación previa por los agentes: “El tumulto se originó antes de que supieran que eran agentes; no se puede estar alarmado en este sentido". No obstante, añadió, es “un hecho muy grave” que no quiere “minimizar” y "no habrá impunidad ni contra las mafias” de la droga.

Aun habiendo quitado hierro a ambos incidentes desvinculándolos claramente del narcotráfico, el propio Zoido proponía ayer que este mismo martes se convocara la Junta Local de Seguridad en Algeciras para abordar la escalada de tensión que se percibe en la zona.

“¿Qué no sabrán de nosotros?”

El domingo pasado, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) acusaba a Zoido de "mirar para otro lado" a propósito de la agresión a los nueve agentes” por unos “narcos que marcan territorio impunemente", han lamentado.

"Con tan escaso personal es imposible contenerlos (…) ¿Qué no sabrán –se preguntaba la AEGC–  estos narcotraficantes de los guardias civiles que viven allí y de sus familias? Pues se lo volvemos a decir nosotros: lo saben todo, conocen hasta nuestros vehículos particulares y más de una vez nos han atacado cuando han reconocido la matrícula de nuestros vehículos".

30 bandas y 600 familias

El 80% de la droga intervenida en España se incauta en el Campo de Gibraltar, y esa cantidad se calcula que es solo el 20% de la que entra en el país, de la cual entre el 40 y el 60% tiene como destino otros países de Europa. 

Según cálculos la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en un área apenas 20 kilómetros cuadrados y 63.000 habitantes actúan 30 bandas integradas con 600 familias con 3.000 personas a sueldo. La Guardia Civil sospecha que están contratando sicarios para proteger su propia actividad delictiva, además de que en los dos últimos meses han dado indicios de que se están organizando entre sí para multiplicar sus beneficios y mantener impunes sus actuaciones.