El exsecretario de Innovación y exvocal de IDEA Ángel Garijo momentos antes de declarar hoy.
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Fuente
:
EFE
juicio de los ERE

El pago de las ayudas “ni se discutía, era un mero trámite”

Exvocales de IDEA nunca vieron nada excepcional en el sistema: "Los parques tecnológicos también hacíamos de pagadores de ayudas que concedía el Estado"

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Mar, 15 Mayo 2018

Pagar las ayudas concedidas por otro organismo: esto, que las acusaciones consideran una de las principales pruebas de cargo contra los 22 ex altos cargos de la Junta procesados en el juicio de los ERE, era para los exvocales de la agencia pagadora IDEA –que han declarado hoy en el juicio de los ERE– un trámite sin mayor importancia del que nunca sospecharon y a cuya ejecución nunca prestaron la menor atención.

De hecho, Felipe Romea, uno de esos vocales que fue el director del Parque Tecnológico de Andalucía, ha reconocido que los propios parques tecnológicos también hacían de organismos pagadores con el dinero que les remitía el Gobierno central.

Los exvocales del Consejo Rector de la agencia pública IDEA Ángel Garijo, Felipe Romera y Juan Carlos Soriano han declarado hoy que en este organismo se aprobaba el pago de las ayudas que concedía Empleo, investigadas en el caso ERE, como un trámite y sin "ninguna duda" de la legalidad de las mismas, informa Efe.

Ninguna discusión

Ángel Garijo fue vocal del Consejo Rector entre 2004 y 2009, coincidiendo con su etapa como secretario de Innovación de la Consejería de Innovación; el director del Parque Tecnológico de Andalucía Felipe Romera lo fue entre 2007 y 2013; y Soriano -que fue viceconsejero de Relaciones Institucionales por el PA hasta 2004 durante los gobiernos de coalición con el PSOE- estuvo desde 2001 a 2012 y de 2013 a 2014.
Todos estuvieron investigados en esta pieza si bien el juez instructor Álvaro Marín que cerró la instrucción archivó la causa contra ellos.


En su declaración hoy como testigos han coincidido en señalar que respecto a las ayudas investigadas el papel de IDEA se limitaba a pagar con fondos que le transfería Empleo, por lo que la aprobación de los convenios particulares que se firmaban para abonar cada ayuda concreta no eran objeto de "discusión" en el Consejo Rector sino un asunto de "trámite" que "pasaba desapercibido".


Información genérica

Según Garijo, "nunca se entregaban los convenios particulares" a los consejeros sino "medio folio o un folio" explicando que había que pagar una cantidad a una determinada empresa en base a una ayuda concedida por la Dirección General de Trabajo.
Para Garijo las ayudas a empresas y sociolaborales no era algo "excepcional ni importante “en el trabajo del Consejo Rector”.

También Romera ha declarado que recibían una "información genérica" en la que "se recalcaba que la documentación" relativa a la concesión de la ayuda "no estaba en la agencia y por lo tanto los miembros del Consejo Rector no teníamos acceso".

Además, ha añadido que de los convenios de ayudas sociolaborales inferiores a 450.000 euros que firmaba directamente el director de IDEA sin necesidad de que lo autorizara el Consejo, éste no informó mientras él fue consejero, si embargo según Soriano sí daba cuenta "sucintamente".


 “Muy tranquilos”

Con todo, los tres han coincidido en que no existían dudas sobre la legalidad del proceso por el que se concedían las ayudas.
"Entendía que en la Consejería de Empleo tenían un interventor delegado y habían cumplido toda la normativa y por nuestra parte la Secretaría general y la asesoría jurídica de IDEA nos garantizaban que lo que llegaba a los miembros del Consejo Rector era legal", ha dicho Garijo.


Romera ha admitido que "estaba tranquilo" y "nunca" tuvo "ninguna duda sobre el proceso" porque además le parecía "normal" el papel de pagador de IDEA ya que "los parques tecnológicos hacíamos de pagadores de ayudas que concedía el ministerio" con dinero estatal.


Igualmente, Soriano ha declarado que nunca se planteó que los convenios de ayudas pudieran ser ilegales al asistir a los Consejos Rectores los responsables de la asesoría jurídica de IDEA, el jefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río -uno de los acusados- y responsables de la Consejería de Hacienda, que no mostraron oposición.
Entendía que los convenios contaban con su visto bueno y además también se preocupó de que revisaran los asuntos del orden del día y la documentación de los consejos los asesores jurídicos de su viceconsejería y del PA por lo que "tenía la certeza de que todo era correcto".