En el debate del estado de la comunidad de esta semana, la presidenta Susana Díaz y su socio de investidura Juan Marín optaron, cada uno a su manera, por desinflar el globo del adelanto electoral. Por desinflarlo, no por pincharlo. La distinción es importante.

Lógico: ningún presidente en sus cabales se ata voluntariamente una mano a la espalda al comprometerse con toda solemnidad a apurar su mandato solo porque se lo pide la oposición, renunciando así a la valiosa prerrogativa presidencial de disolver la Cámara cuando lo estime conveniente.

Una hipótesis verosímil

Sin embargo, será imposible que desaparezca por completo del horizonte la sombra de un adelanto. Demasiados datos de la realidad lo hacen verosímil, no verdadero pero sí verosímil: los buenos datos de empleo en una comunidad tan castigada por el paro; el deseo al menos uno de los socios de investidura de marcar distancias con el otro a medida que se acerca el final de legislatura; las encuestas propicias a socialistas y naranjas; el desasosiego del PP ante la sangría de votos que sufre desde hace meses en toda España; la incertidumbre que reina en torno a la confluencia de IU-CA y Podemos; el peligro de que, si Díaz agota el mandato, la cercanía de andaluzas en marzo y municipales en mayo condicione fastidiosamente la investidura, como ya ocurrió en 2015; el riesgo de que Rajoy se vea obligado a adelantar las legislativas o de que en Cataluña vuelvan a convocarse autonómicas en octubre, restringiendo así el margen de decisión de Andalucía; la contingencia, improbable pero no imposible, de que antes de marzo haya una sentencia condenatoria en el juicio de los ERE...

Las encuestas

Ciertamente, el argumento de más peso a favor del adelanto sería de carácter demoscópico. En efecto, la encuesta sobre intención de voto autonómico que cuenta con más prestigio y fiabilidad en Andalucía fue demoledora para el Partido Popular.

Conocida como Egopa y realizada por un centro de investigación de la Universidad de Granada, su última oleada de finales de febrero sobrecogió el corazón de la dirigencia popular andaluza: el partido que preside Juanma Moreno sufría una caída de 8,5 puntos, pasando del ya preocupante 26,8  por ciento obtenido en las elecciones de marzo de 2015  a un escuálido 18,3.

Mientras, el sondeo catapultaba a Ciudadanos desde el 9 hasta casi el 20 por ciento, daba una pequeña pérdida de 1,3 puntos al PSOE (del 35,4 al 34,1 por ciento), auguraba una llamativa caída de Podemos (del 14,9 al 10,5) y pronosticaba un significativo repunte de IU (del 6,8 al 8,3 por ciento).

La versión socialista

Según la interesada versión de destacados socialistas andaluces, esa encuesta desató el pánico en Juanma Moreno, quien, curándose en salud por si acaso Génova hubiera pensado en buscarle un sustituto electoralmente más rentable, habría reactivado la hipótesis de un adelanto electoral en Andalucía: si se precipitaba la fecha de la carrera hacia San Telmo sería un suicidio para el partido cambiar ahora de jinete; urgía, pues, ordenar zafarrancho de combate y poner todo el partido, como un solo hombre, al servicio del comandante en jefe.

Esta interpretación del empeño popular en empotrar el adelanto en la agenda andaluza satisface la vanidad socialista pero ni es del todo verosímil ni, por lo demás, hay forma humana de contrastarla con la realidad.

Un clásico popular

Conviene recordar que el señuelo del adelanto electoral es todo un clásico en el arsenal del PP andaluz al que recurrieron frecuentemente en el pasado Teófila Martínez, Javier Arenas o Juan Ignacio Zoido.

Este último echó mano del clásico siendo presidente del PP-A y repitió la jugada ya como titular de Interior: en la clausura de la IV Escuela de Otoño del PP de Sevilla, en noviembre de 2016, el antecesor de Moreno llamaba al partido a “cerrar más filas que nunca en torno a Juanma”, pues era muy probable, advertía el ministro, que “en unos meses o el año que viene” Susana Díaz anticipara las elecciones.

Las fechas

Dado que deben transcurrir 54 días entre la convocatoria y la celebración de los comicios y habiendo quedado, tras el Pleno del estado de la comunidad de esta semana, del todo descartado que Díaz se plantee disolver antes del verano, las fechas para acudir anticipadamente a las urnas oscilarían entre la segunda quincena de octubre (de ser convocadas apurando agosto o en los primeros días de septiembre) y finales de enero, de modo que la campaña electoral comenzara después de las fiestas de Navidad.

Aun así, ese amplio periodo cabe acotarlo un poco más. Técnicamente sería posible hacerlas en diciembre, pero la experiencia las legislativas del 20D de 2015 no fue muy satisfactoria porque el ambiente prenavideño opera en contra de la movilización, que los partidos consideran una herramienta imprescindible para obtener un buen resultado.

Motivos para aguantar

Pero si hay motivos para adelantar, también los hay, y puede que de mayor peso, para apurar el mandato. La reiterada acusación a Díaz por los partidos de la oposición de ventajismo y de mirar solo por su interés personal quedaría en buena medida conjurada si las elecciones se convocan cuando tocan, que es en marzo de 2019.

Pero tal vez lo que más desaconseja el adelanto sea el hecho de la que Díaz ha hecho de la estabilidad institucional uno de los principales valores de su mandato. Dinamitar anticipadamente, aunque sea solo por unos pocos meses, esa estabilidad por razones meramente demoscópicas es arriesgado. Una ley no escrita de la política aconseja tener un buen motivo para adelantar las elecciones, y el hecho de contar con las encuestas a favor nunca lo ha sido.

Lo más probable sigue siendo que la presidenta apure su mandato. Aunque sus intenciones solo las conoce ella, también es muy probable que no tenga una decisión tomada: a fin de cuentas, nada la obliga a tomarla con urgencia, y de aquí al otoño pueden pasar muchas cosas.

El (dichoso) marco

En todo caso, el marco del adelantamiento electoral está ahí. Imposible desalojarlo de la mente de observadores y ciudadanos informados. Como desvelaba el politólogo norteamericano George Lakoff, autor del célebre opúsculo ‘No pienses en un elefante’, cuando les proponía a sus alumnos de primer curso de ciencias cognitivas que no pensaran en un elefante, los chicos ya no podían escapar del marco mental promovido por su profesor y ocupado por un cuadrúpedo de inmensas orejas, larga trompa y enormes colmillos. Lakoff pensaba –un poco simplonamente, según sus críticos– que el Partido Republicano ganaba las elecciones porque había sido capaz de imponer su propio marco mental: algo así como el campo, la agenda y las reglas de juego del debate público.

Trasladada la tesis de Lakoff a la actualidad andaluza, de modo que el sintagma ‘adelanto electoral’ operaría como marco del debate público del mismo modo que lo hacía el elefante de su libro, tampoco está claro del todo cuáles serían las ventajas que ello tendría para la oposición. Serían, si acaso, ventajas preventivas: si Díaz adelanta finalmente, la oposición siempre podrá decir que ella lo había pronosticado y que ese adelanto confirmaba el ventajismo que tan perspicazmente atribuyó a presidenta; si el adelanto no se produce, la oposición mirará para otro lado y será tarea del Gobierno rentabilizar la imprudencia –y el chasco– de sus oponentes.