El que fuera jefe de la asesoría jurídica del ente público IFA entre febrero de 2003 y junio de 2004, Francisco José Oyonarte, ha declarado hoy que pese a que se pidieron a la Consejería de Empleo los expedientes de concesión de las ayudas investigadas en el caso ERE que el IFA pagaba "no llegaron nunca", informa Efe.
Oyonarte ha declarado como testigo en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que la Junta repartió durante una década 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.
Sobre el convenio marco
Ese "procedimiento específico" se implantó en 2001 mediante la firma de un convenio entre la Consejería de Empleo -cuya Dirección General de Trabajo otorgaba las ayudas- y el ente público IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), que las pagaba con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación, según la Fiscalía, para eludir la fiscalización previa.
Según Oyonarte -que estuvo investigado en dos piezas separadas del caso ERE aunque luego fue excluido-, dicho convenio marco "no era conocido en la asesoría jurídica" del IFA y se enteró del mismo cuando el entonces director del ente público Francisco Mencía (ya fallecido) recibió un "sobre voluminoso" con varios convenios particulares de ayudas concretas para firmarlos.
Planteó al director del IFA solicitar a la Consejería de Empleo los expedientes de concesión de dichas ayudas para "hacer un informe" y dar "confort" al director del ente a la hora de firmar los convenios para pagarlas, si bien "me dijo que los pidió pero el hecho cierto es que no llegaron nunca".
Así, la única información que recibía el IFA de la Consejería de Empleo para firmar los convenios particulares sobre ayudas concretas se reducía a "dos o tres hojas" que "eran una mera orden de pago", sin acceso a la solicitud de las ayudas y los trámites seguidos para su concesión por lo que "no se podía hacer un informe".
Discrepancias
El exjefe de la asesoría jurídica discrepaba con la Consejería de Empleo sobre los "límites competenciales" del director del IFA para firmar convenios de ayudas, al considerar que cuando la cuantía de las mismas superaba los 450.000 euros debía aprobarlos el Consejo Rector y si la cantidad era mayor a 1,2 millones se necesitaba la ratificación del Consejo de Gobierno de la Junta.
Esa discrepancia provocó "debates con vehemencia" en reuniones del Consejo Rector con el entonces viceconsejero de Empleo y presidente del IFA Antonio Fernández -uno de los principales acusados en el juicio-.
Según su testimonio, al director del IFA "le exigían rapidez, pagar, era como si los empleados del IFA fuéramos caballos de carrera, todo a la prisa", y ha reconocido que durante su etapa en el cargo fue una "persona especialmente incómoda para algunos cargos" de la Consejería de Empleo y atribuye a ello su cese (actualmente es letrado de base de IFA, ahora IDEA).
La ayuda a Pickman
Según ha explicado, una de las ayudas en las que planteó especialmente su discrepancia fue la concedida a Pickman por 1,4 millones al insistir en que por la cuantía debía ser ratificada por el Consejo de Gobierno y de la que la primera noticia que tuvo fue "un fax de dos líneas" indicando un número de cuenta corriente donde IFA debía hacer un pago "para cumplir compromisos adquiridos por el consejero de Empleo".
Se dirigió al director general de Trabajo, entonces Javier Guerrero -otro de los principales acusados- pidiéndole la memoria sobre la concesión de esa ayuda para llevarla al Consejo Rector y al Consejo de Gobierno, ya que en IFA "no había ni un solo papel" al respecto.
Pese a esa falta de documentación, el convenio para esa ayuda se vio en una reunión del Consejo Rector que lo aprobó provisionalmente a la espera de la ratificación del Consejo de Gobierno de la que no tuvo noticia y en otra reunión se aprobaron el convenio del consejero de Empleo José Antonio Viera con el empresario y el del director de Trabajo con el director del IFA para materializar el pago que firmó "sin decirme nada" ya que "habían encargado al despacho Garrigues" el informe sobre esa ayuda.
No se vulneró la ley
No obstante, preguntado por la defensa de Fernández sobre si considera que la vulneración de los límites competenciales para aprobar los convenios de las ayudas vulnera la legalidad y por qué no lo denunció judicialmente, ha dicho que "nunca vi vulneración de la legalidad material y formal".
El día anterior declaró José Antonio Ávila Quintana, exjefe de la asesoría jurídica de IDEA, antes IFA, quien dijo no haber apreciado irregularidad alguna en los convenios particulares firmados entre la Dirección General de Trabajo y el IFA/IDEA para la concesión de las ayudas. "Partimos de la base de que las decisiones de la Dirección General de Trabajo son legales", declaró.
