Lo que hizo la Junta de Andalucía al crear el convenio marco que amparaba la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por un ERE fue sustituir la normativa hasta entonces aplicable con el fin de eludir los controles y la fiscalización previa.

Las escasas exigencias contenidas en ese convenio y el uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas serían pruebas inequívocas de esa voluntad política de “desplazar” el sistema regulatorio, lo que habría permitido que las ayudas no se publicaran o que en ocasiones se otorgaran sin petición formal, ni memoria, ni documentación alguna.

Tesis demoledora

Es la demoledora tesis que ha mantenido hoy en una nueva sesión de declaración el comandante de la UCO que elaboró un atestado sobre cómo daba las ayudas de los ERE la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo.


El investigador ha testificado en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.


El procedimiento

Según este agente, el convenio marco firmado en 2001 –y “prorrogado artificialmente”–  entre la Consejería de Empleo -que daba las ayudas- y el ente público IFA -que las pagaba- "desplazó" la aplicación a las ayudas de los ERE de la Ley de Hacienda Pública y del Reglamento de Subvenciones que se estaba redactando y que tras aprobarse debió derogar el convenio, informa Efe.

A juicio del comandante de la UCO, que comenzó a declarar el lunes y ha seguido hoy para responder a las defensas de varios acusados, ese convenio marco supuso "crear un procedimiento específico" para regular la concesión de unas ayudas concretas por parte de una consejería y al pagarlas vía IFA mediante fondos enviados por transferencias de financiación se produjo "una falta de control".


Menoscabo de fondos

Para el investigador, en términos policiales las pruebas para hablar de menoscabo real y efectivo están de modo “evidente” en el informe adicional de 2005 del informe de cumplimiento del ejercicio de 2003 sobre las cuentas del IFA/IDEA. Como se sabe, la Intervención General de la Junta no interpretó así dicho informe elaborado por ella misma, ya que no hizo el informe de actuación al que está obligada por ley si detecta dicho menoscabo.

Falta de control deliberado

Según su interpretación de lo sucedido, hasta 2001 en la Junta se utilizaban como instrumentos financieros la encomienda de gestión y la subvención pero ese año se introdujeron las transferencias de financiación, lo que suponía una “diferencia sustancial”, ya que "si se hubiese seguido usando la encomienda y la subvención no se hubieran dado algunas situaciones como consecuencia de la falta de control".

Sobre las transferencias de financiación la Intervención de la Junta alertó en varios informes de que su uso para pagar ayudas y no gastos corrientes de IFA era "inadecuado" y que la Fiscalía y las acusaciones populares sostienen que buscaba eludir la fiscalización previa.
 mientras con el convenio marco se introduce una nueva figura para el pago de las ayudas como es la transferencia de financiación, lo que supuso "una diferencia sustancial".

Intrusos

También ha reiterado, a preguntas de la defensa del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que no está de acuerdo con la revisión que hizo la Junta y que reduce a 18 o 20 los beneficiarios de ayudas que no les correspondían, los llamados intrusos, además de situar el conocimiento de su existencia por parte de la Junta en 2009, dos años antes de estallar el caso:
 “No comparto la cifra que dice la Junta, no sé de dónde la saca".

Preguntado por la defensa del exdirector de IFA Jacinto Cañete sobre la legalidad del uso de las transferencias para pagar las ayudas de Empleo al aparecer indicado en las memorias de Presupuestos, el comandante ha señalado que las conclusiones policiales aluden "no a la legalidad" de la herramienta de financiación como tal sino "a las consecuencias derivadas de la falta de control" que ello supuso y a los reparos de la Intervención a su uso para pagar las ayudas de los ERE.