Ocho años de cárcel y una multa de más de medio millón de euros euros. Es la petición de pena que formula la Fiscalía para el exalcalde del PP José Torres Hurtado, la antigua concejala de Urbanismo Isabel Nieto, el exgerente de Urbanismo Manuel Lorente y el empresario Roberto García Arrabal.
El Ministerio Público pide, en cambio, el sobreseimiento para los concejales que participaron en la Junta de Gobierno Local en la que se aprobó el cambio de uso de los terrenos donde se construyó presuntamente de forma irregular una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, concretamente en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.
El escrito de acusación contra nueve personas en total ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por delitos contra la ordenación del territorio, continuado de prevaricación urbanística, continuado de prevaricación común, de fraude en la contratación, de tráfico de influencias y de encubrimiento.
Las peticiones
En concreto, la Fiscalía pide para el exalcalde popular de Granada y la que fuera concejal de Urbanismo ocho años de prisión, 36 años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 522.000 euros para cada uno de ellos. Les atribuye un delito continuado de prevaricación urbanística, otro de prevaricación común; otro de fraude en la contratación y otro de tráfico de influencias. Igual multa y pena de prisión pide para el promotor Roberto García Arrabal.
Igualmente, pide penas de prisión e inhabilitación para los seis técnicos del Ayuntamiento de Granada por diversos delitos en cada caso, entre los que se encuentran los de prevaricación urbanística, prevaricación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y encubrimiento.
Sustraer al uso público
Según la acusación pública, “se habría sustraído sustancialmente al uso público estos terrenos poniéndolos, a través de distintos expedientes municipales, al servicio de las necesidades e intereses de un promotor privado y del centro comercial contiguo", lo cual habría tenido unos costes "ostensibles y notorios" para ciudadanía.
La petición del fiscal dobla a la del propio Ayuntamiento: cuatro años de prisión y 13 de inhabilitación especial. Torres dimitió hace dos años como alcalde por su implicación no en este sino en otro caso de presunta corrupción urbanística, la llamada operación Nazarí.
El escrito del Ayuntamiento, ahora gobernado por el PSOE con el apoyo de otros grupos, cifra en algo más de dos millones de euros el perjuicio que la operación urbanística habría ocasionado a las arcas municipales.
