El exministro de Trabajo e Inmigración Valeriano Gómez en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no cree que las irregularidades cometidas en la gestión de los cursos de formación hayan sido de mayor gravedad y alcance que las detectadas, por ejemplo, en la contratación de las obras públicas, y sin embargo solo en el primer caso las denuncias desembocaron en un recorte brutal de fondos destinados a formar trabajadores.
Aun así, de haber formado parte del Gobierno andaluz, el exministro socialista habría hecho lo mismo que éste cuando en 2012 decidió suspender la convocatoria de cursos al generalizarse las sospechas de fraude y descontrol en la gestión de los mismos. Paradójicamente, la cascada de archivos judiciales –el último de ellos conocido hoy– del que, al menos para el Partido Popular, iba a ser un escándalo aún mayor que el de los ERE, no ha logrado, sin embargo, restaurar el buen nombre público de la formación.
El informe y el error
Gómez ha participado este martes en Sevilla en la presentación, en la Fundación Cajasol, de su informe ‘La formación para el empleo en España’, elaborado a iniciativa de las organizaciones que agrupan a las empresas que prestan servicios de formación para el empleo y en el que se contiene una ambiciosa batería de “propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado”.
Aun admitiendo que en la ‘leyenda negra’ que ha rodeado durante los últimos años a la formación ha sido más el ruido mediático y político que las nueces del fraude, el exministro interpreta que fue un gran error político haber convertido los cursos de formación en una vía de financiación de sindicatos y patronal después de que Tribunal Constitucional considerara ilegal el denominado ‘canon sindical’.
La otra educación
Sin embargo, Gómez cree que el precio pagado por el sistema de formación ha sido demasiado alto. Tras las denuncias de fraude, las convocatorias de cursos cayeron en picado en toda España, tanto las del Estado como las de las Comunidades Autónomas, acumulándose hasta 1.500 millones de euros no ejecutados, pese a que se trata de fondos finalistas procedentes de cuotas de empresarios y trabajadores que no pueden tener otro fin que la formación.
¿Se imaginan que, por detectarse irregularidades en la gestión de los fondos públicos, hubiera ocurrido algo similar en la educación concertada?, se preguntó el exministro, tras recordar que las convocatorias públicas de cursos pasaron de 400 a 100 millones de euros lo que en la práctica supone “destruir el sistema de formación”.
Mayor estabilidad
Para Gómez es preciso dar una mayor estabilidad política, jurídica y financiera al sector para que este pueda prestar con garantías ese “derecho de los trabajadores” que es la formación para el empleo, “un servicio público sustentado por empresas privadas”.
Pese a situarse en las antípodas del actual Gobierno, el exministro ha elogiado el amplio consenso con que se elaboró la Ley de Formación Profesional de 2015, si bien es precio acelerar su desarrollo normativo para garantizar la seguridad jurídica de un sector que engloba 15.000 empresas y da empleo directo a 150.000 personas.
Formación y burocracia
Precisamente, una de las consecuencias del ruido “interesado” que desencadenaron los casos de fraude ha sido la multiplicación “de requisitos burocráticos, que ahogan el desarrollo de la propia actividad de formación y generan una situación de inseguridad jurídica que retrae la iniciativa del sector".
En el evento de hoy en Sevilla también han intervenido el secretario general de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (Aegef), Pedro Guzmán; el presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (Anced), Jorge Azcárate; y el vicepresidente segundo de la Confederación Española de Empresas de Formación (Cecap), Félix Martín.
Profesionalización y calidad
En sus intervenciones, han destacado como principales retos "la necesidad de mejora del empleo y su calidad, reto que debe ser abordado en conjunto por la Administración Pública, las empresas y los trabajadores".
También han coincidido en destacar que las necesidades actuales "están próximas a un modelo de prestación de servicios profesionalizado y de calidad para el alumno, alejado del sistema de subvenciones". Las organizaciones profesionales del sector han reclamado "la necesidad de trabajar desde la unión para conseguir los cambios normativos necesarios para mejorar la formación para el empleo".
Nueva connvocatoria
La clausura del acto ha corrido a cargo de la viceconsejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Pilar Serrano, quien ha destacado el papel de la formación en la mejora de la empleabilidad de los trabajadores. Igualmente, ha informado de la puesta en marcha por el Gobierno andaluz de casi 1.300 cursos formación para ocupados de los que se beneficiarán alrededor de 19.000 personas.
Precisamente hoy mismo el consejero de Empleo, Javier Carnero, ha informado al Consejo de Gobierno de la inminente publicación de esa convocatoria a la que aludía Serrano: la Junta destinará en los dos próximos años 20,5 millones de euros a estas ayudas.
