Fue el único momento del interrogatorio en que el responsable del grupo de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pasó ciertos apuros. Quien en ese momento le preguntaba era Miguel Delgado, el abogado que representa al exdirector de la agencia pública IDEA Miguel Ángel Serrano.

El agente no pudo zafarse de la ‘trampa’ que le tendió el letrado y hasta llegó a reconocer –si bien algo confusamente pues luego lo negó– que había comentado extremos de la investigación con la juez cuando la visitó en su domicilio mientras estaba convaleciente durante los meses finales de 2012 y primeros de 2013.

“Lo ha pasado mal”

“Yo sí que fui allí y me interesé por ella en algún viaje, no recuerdo ni fecha ni nada, pero yo sí que he ido a su casa y me ha recibido la pobre, y muy bien. O sea, yo la considero una persona, pues, que lo ha pasado mal”, admitió incómodo el investigador a preguntas del defensor.

Aunque se esforzó en despejar toda sospecha, no quedó del todo claro si la visita del agente a la ilustre enferma respondía meramente al mandato evangélico de asistir a los enfermos o si, como sugería con malicia el interrogatorio del letrado, escondía una complicidad que podría poner en duda la ecuanimidad profesional del agente.

“Mil cosas”

Lo que sí quedó, en cambio, muy claro para el tribunal es lo que el responsable de la investigación de los ERE pensaba y piensa del procedimiento de concesión de las ayudas: “Hay mil cosas en este procedimiento irregulares”, dijo.

En otro momento remachó: ”Yo creo que las ayudas son ilegales”. Y en otro más volvió a reiterar: "No es que no hubiera normativa que es no hay muchas cosas en este procedimiento irregular". No quedó ninguna duda de su veredicto: “Si hubieran querido lo hubieran normalizado”.

Los indicios

Para el investigador de la Guardia Civil hay “multitud de indicios” que revelarían la ilegalidad del procedimiento de concesión y pago de las ayudas: los ‘conseguidores’ de ayudas, la manera de acceder a ellas, los ingresos hechos por las mediadoras al director general Javier Guerrero,  los pagos cruzados, la elusión deliberada de la fiscalización previa, la adopción del sistema para hacerlo más ágil, el incumplimiento de los requisitos contemplados en la Orden Ministerial de 1995 que regía la concesión de ayudas, el hecho de que en ocasiones ni siquiera hubiera solicitud, ni justificación, ni control…

Pese a admitir que no era un experto, el testigo se mostró convincente al afirmar que la Orden de 1995 no era de aplicación en las ayudas de la Junta, que esta otorgaba sin cumplir “los mínimos” recogidos en dicha norma ministerial. Para varios de los procesados, en cambio, se trataría de una normativa supletoria que perfectamente daba cobertura a la actuación de la Junta.