Después de unas jornadas no demasiado incómodas, y en algún caso hasta casi plácidas, de los ex altos cargos de la Junta sometidos a interrogatorio en el juicio de los ERE, la sesión de este lunes ha tenido algo de jarro de agua fría para todos ellos, y especialmente para Gaspar Zarrías, por la contundencia de la declaración como testigo de quien fuera el responsable del grupo de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha pedido que las cámaras no grabaran ni fotografiaran su rostro.

Serán unos 150 testigos y una docena de peritos los que tendrán que declarar a partir de ahora respondiendo a las preguntas que les puedan formularles todas las partes, lo cual hace difícil un cálculo de cuántos meses se alargará la vista oral, cuyo tribunal intenta esclarecer si existió prevaricación y malversación en la concesión durante diez años de ayudas públicas a extrabajadores de empresas en crisis.

Ni requisitos ni seguimiento

El agente, cuyo grupo de investigadores trabajaba en coordinación total y continua con la instructora Mercedes Alaya, ha sostenido que sus investigaciones constataron que no había control en la concesión ni seguimiento de las ayudas, para las que no existían requisitos de concesión, ni fiscalización previa, ni control a posteriori.

Además de no crearse comisiones de seguimiento pese a lo estipulado en el convenio marco, en ocasiones ni siquiera había solicitud formal de la ayuda, como ocurrió en el caso del restaurante sevillano Río Grande.

Señalando a Zarrías

El testigo –que en general ha confirmado el relato de los hechos realizado en su día por la jueza Alaya, su sucesor Álvaro Martín y la Fiscalía– ha señalado expresamente al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías como conocedor de la irregularidad del procedimiento, cuyo origen, dijo, estuvo en los problemas surgidos para hacer efectivas las ayudas a los trabajadores de Hijos de Andrés Molina.

Para salvar dichas trabas se habría creado un sistema más ágil que eludía la fiscalización previa convirtiendo al IFA en entidad pagadora de las ayudas otorgadas por la Dirección General de Empleo, unos pagos que llegaban a hacerse “parcheando”, sin respaldo presupuestario, y de ahí la necesidad de las sucesivas modificaciones presupuestarias para dotar de fondos al programa 31L.

Sin embargo, resultaron menos convincentes sus explicaciones, a preguntas del presidente del tribunal, de por qué determinadas ayudas no pasaron del 'Consejillo' y se trocearon para que no tuvieran que llegar al Consejo de Gobierno.

En busca de clientes

El agente ha dejado claro que no creía que el director general Javier Guerrero creara dicho sistema, aunque sí estaba en estrecho contacto con ‘conseguidores’ como Juan Lanzas, que cobraban un porcentaje y que incluso buscaban empresas para sugerirles que si hacían un ERE los costes del mismo sería asumidos en no menos de un 80 por ciento por la Administración andaluza. Tanto Lanzas como Guerrero habrían recibido pagos de la mediadora Vitalia.

A preguntas de una de las defensas sobre sus conocimientos en derecho administrativo o presupuestario para sostener que el procedimiento de concesión era ilegal, el agente ha admitido que su fuente principal de conocimiento fue el informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).