Podrán tomarse si lo desean unas ‘vacaciones’. Y de varios meses, además. Una vez que ayer terminó de tomarles declaración con el interrogatorio al ex secretario general de Empleo Juan Francisco Sánchez, el tribunal que enjuicia a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la pieza política del caso ERE ha eximido a los acusados de la “carga procesal” que les supondría asistir a las sesiones en las que durante los próximos meses comparecerán casi 150 testigos y una docena de peritos.
Así lo había solicitado al tribunal de la Audiencia de Sevilla distintas defensas de los acusados alegando que su ausencia de la sala no afecta a los derechos de ninguna de las partes.
El PP se queda solo
Solo la acusación popular que ejerce el PP se opuso, aunque sin éxito, a la solicitud, que fue respalda en cambio por la Fiscalía y por la otra acusación popular que ejerce Manos Limpias. Las razones de la representación letrada del PP parecen, en principio, más políticas que propiamente procesales, ya que una imagen del juicio en la que ya no aparezcan Chaves, Griñán, Vallejo o Zarrías restará interés televisivo e impacto político al proceso.
El presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, fijó que los procesados deberán volver al juicio cuando (una vez oídos los testigos y peritos) las partes expongan sus conclusiones definitivas e informes en los que las acusaciones pueden modificar su petición, a fin de que los conozcan para poder ejercitar adecuadamente su derecho a la última palabra.
El último en declarar
El exsecretario de Empleo (2000-2004) y de Innovación (2004-2010) Juan Francisco Sánchez fue el último de los 22 procesados en declarar, aunque sus respuestas no arrojaron nueva luz sobre el caso. Sánchez dijo desconocer el procedimiento por el que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas de los ERE pero nunca puso en duda que "sus actuaciones eran correctas y ajustadas a derecho", informa Efe.
Admitió que los informes de la Intervención alertando de lo "inadecuado" del sistema de ayudas pasaron por sus manos para archivarlos, pero no era su destinatario y no conoció detalles de sus observaciones. Ya estando en Innovación, archivó el informe adicional de 2005 sobre el ejercicio 2003 del IFA en el que la Intervención analizó una veintena de expedientes de ayudas concedidas por Empleo y concluyó que se otorgaron "prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Sánchez aseguró al tribunal que sólo leyó "por encima las conclusiones" que iban referenciadas a la consejería que daba las ayudas, Empleo, a la que ya no pertenecía.
Sobre el convenio marco
Sobre el convenio marco que en 2001 firmaron Empleo y el IFA (luego IDEA) a partir del cual el ente público pagaba las ayudas con fondos que la consejería le enviaba por transferencias de financiación, Sánchez que no se pidió informe jurídico al servicio de legislación de la secretaría técnica y lo conoció porque se aludía a él en las modificaciones presupuestarias que afectaba a la partida de las ayudas de los ERE. Entiende que debió pedirse informe al Gabinete Jurídico si bien su publicación en BOJA no la considera preceptiva.
El juicio continuará el lunes con la declaración de los primeros testigos, dos guardias civiles que participaron en uno de los atestados en la fase de instrucción.
