El expresidente Manuel Chaves, este lunes la sala donde se juzga el caso de los ERE.
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Fuente
:
EFE
juicio de los ERE

Pero entonces, ¿por qué se sienta Chaves en el banquillo?

El expresidente salva sin dificultad un interrogatorio en el que el propio fiscal parecía dar por buena su confesión de que no sabía cómo se daban las ayudas

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Lun, 16 Abr 2018

Si el fiscal del caso de los ERE está convencido –y no puede no estarlo pues le pide 10 años de inhabilitación– de que Chaves es culpable de prevaricación por haber permitido conscientemente un sistema ilegal de concesión de ayudas sociolaborales durante diez años, su actitud durante las más de dos horas de interrogatorio parecía sugerir casi lo contrario.

Juan Enrique Egocheaga no se ha mostrado particularmente incisivo en sus preguntas, no ha rebuscado contradicciones o renuncios en las respuestas, en muy pocos momentos ha repreguntado y en ninguno ha dejado entrever que las aseveraciones del procesado le provocaran incredulidad, desconfianza o sospecha.

Ni incómodo ni comprometido

No solo no hubo sorpresa en la declaración de Manuel Chaves, sino que el interrogatorio del fiscal no pareció resultar particularmente incómodo, comprometido o embarazoso para el expresidente de la Junta.

Y tampoco dio la impresión en ningún momento de que el fiscal intentara ponerlo contra las cuerdas, como si de antemano adivinara cuáles serían las respuestas del expresidente y se hubiera resignado a la dificultad insalvable de dar con la 'pistola humeante' que probaría la culpabilidad del reo.

Presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009, Chaves se sienta en el banquillo junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta por haber consentido de 2001 a 2011 el reparto arbitrario, según la Fiscalía, de 741 millones en ayudas a trabajadores y empresas en crisis.

Las explicaciones

En sus explicaciones a preguntas del fiscal sobre el funcionamiento los Consejos de Gobierno, el trámite de elaboración de la ley de presupuestos, la autonomía de los consejeros para tomar decisiones, el programa 31L, las modificaciones presupuestarias o los detalles del proceso de concesión y pago de las ayudas, Chaves se mostró bastante seguro y convincente, aunque, eso sí, no pudo evitar que se le escapara alguno de sus ya célebres yerros, como cuando habló de “programas electorales” cuando en realidad quería decir programas presupuestarios.

“Yo siempre he partido de que mis consejeros y consejeras respetaban escrupulosamente la ley, me cuesta creer que alguien pudiera haber establecido un procedimiento ilegal o para burlar la ley”. Por dos veces al menos repitió el expresidente este argumento, que días atrás también sostuvieron en sus declaraciones otros procesados como los exconsejeros Francisco Vallejo o Antonio Fernández.

Un plan industrial

El expresidente explicó que se reunió en distintas ocasiones con comités sindicales que le trasladaban el alcance de las crisis empresariales y precisó que su respuesta siempre era la misma: crear una mesa de negociación desde la que diseñar un plan industrial de viabilidad para salvar la empresa, un plan que podía o no contener ayudas específicas.

“Solo ponía una condición, que los secretarios generales de UGT y COO estuvieran también de acuerdo con los planteamientos del comité de empresa”, dijo.

También relató con algún detalle el presidente los esfuerzos de la Junta para salvar Santana, “la única empresa andaluza que fabricaba automóviles”. ¿Pero no fue informado de la liquidación de la factoría, de los ERE, del gasto que conllevarían, etc.? “No me informaban de cuántos eran los beneficiarios o del contenido del plan social”.

“No sabía cómo se daban”

Pero si fallaba el plan industrial, como sucedió en casos como Santana o Delphi, ¿es cierto que se daban ayudas y que usted sabía que se daban?, le preguntó el fiscal: “Yo sabía que se daban ayudas sociolaborales, como sabía que se daban otras en otros ámbitos, como ayudas complementarias a las becas Erasmus … Pero no sabía cómo se daban tales ayudas, no era mi ámbito de decisión”, respondía Chaves sin titubeos, para añadir a continuación: “Yo partía de que cualquier ayuda estaba en la ley, es muy difícil pensar que en una consejería se pudiera establecer conscientemente un procedimiento ilegal”.

Ni convenio ni 31L

Preguntado sobre el convenio firmado por el IFA y la Consejería de Empleo en 2101 para dar cobertura legal al pago de las ayudas y que las acusaciones consideran una pieza clave del entramado ilegal, Chaves dijo con rotundidad no haberlo conocido ni haber tenido por qué conocerlo, al igual sucedía que otros convenios, hasta que se instruyó la causa.

El fiscal también le preguntó si conocía el programa presupuestario 31L con el que se pagaban las ayudas: “Lo he conocido después. Y no por dejación; es que había 140 programas presupuestarios y miles de aplicaciones. Imposible que un Consejo de Gobierno debatiera o conociera los programas”.

Arma de corrupción masiva

En la panoplia de preguntas del Ministerio Público no faltaron las inevitables transferencias de financiación, que para la instructora de la causa y para el propio fiscal habrían jugado el papel de una especie de arma de corrupción masiva con la que eludir la fiscalización previa de las ayudas a favor del control financiero permanente.

Además de defender que “la fiscalización previa no es de primera división y el control permanente de segunda”, el expresidente se preguntó: “¿Cuál es el problema de las transferencias de financiación, si todas estaban incluidas en los Presupuestos que aprobaba el Parlamento? Estaban en la ley y por definición no pueden ser ilegales”.

Este argumento en forma de paradoja esgrimido por Chaves se ha repetido muchas veces en este juicio, ya de por sí sobrecargado de paradojas y cuya sentencia, todavía lejana, tendrá que dar cumplida respuesta a todas ellas.