El expresidente José Antonio Griñán, de espaldas, declarando en el juicio de los ERE.
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Fuente
:
EFE
juicio de los ERE

El fiscal sale con las manos vacías del interrogatorio a Griñán

El expresidente dice que no conocía el programa 31L, defiende que las transferencias de financiación son inocuas y sostiene que las ayudas no eran subvenciones

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Mié, 11 Abr 2018

Los editores de los telediarios nacionales debieron quedar más bien decepcionados cuando a última hora de la mañana se pusieran a revisar el material audiovisual con las declaraciones de José Antonio Griñán desde el estrado del juicio de los ERE. Ni dijo nada nuevo en sentido estricto ni nada de lo que dijo daba para ningún titular jugoso al estilo de aquel de 2015 en que, a la salida del Tribunal Supremo, el expresidente hacía temblar a media Junta de Andalucía al afirmar que en el caso de los ERE “no había habido un gran plan pero sí un gran fraude”.

La sesión de la mañana del interrogatorio del fiscal al expresidente de la Junta no puede decirse que haya sido vibrante. Prácticamente no ha habido a lo largo del mismo ni un solo momento de suspense, de sorpresa o de tensión; como mucho, algunas discrepancias de interpretación entre el procesado y el acusador sobre textos legislativos, órdenes ministeriales o conceptos presupuestarios como la transferencia de financiación y la encomienda de gestión, cuyo verdadero impacto procesal está todavía por ver. 

Lo que Griñán sabía

Durante su prolijo interrogatorio, el fiscal Manuel Fernández Guerra intentó demostrar que Griñán, mientras fue consejero de Hacienda o ya como presidente, conocía el procedimiento supuestamente irregular con el que se otorgaban las ayudas sociolaborales o estaba al tanto de los sucesivos reparos que la Intervención de la Junta puso al mismo.

El expresidente dijo que ni siquiera había tenido noticia o conocido el programa presupuestario 31L, que conoció a raíz de la instrucción de la causa. También recalcó que como consejero de Hacienda no tenía ni podía tener responsabilidad alguna en la gestión del gasto, que en este caso era competencia de Empleo.

La pistola humeante

En este y en otros interrogatorios el Ministerio Público viene formulando muchas preguntas sobre el proceso exacto de tramitación de la ley de presupuestos, en busca de la pistola humeante que demostraría la relación causa-efecto, o al menos la conexión, entre el modo en que se presupuestaba y el modo en que se gastaba el programa 31L.

Pero también en esta ocasión la Fiscalía se fue de vacío en este aspecto, como ya le había ocurrido, por cierto, cuando interrogó a Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo o Antonio Lozano.

“No hay ley que lo diga”

Particularmente instructivo –y seguro de sí mismo– estuvo el expresidente cuando fue preguntado por el uso supuestamente fraudulento de las transferencias de financiación (TF) como medio de allegar fondos desde Empleo al IFA/IDEA para que este organismo pagara las ayudas otorgadas por aquel.

En contra de la restrictiva interpretación de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, (IGAE), que instructores y acusadores han hecho suya, Griñán explicó que las TF son una herramienta inocua cuya función es aquella que el presupuesto dice que es. Negó que las TF solo pudieran utilizarse para compensar pérdidas de explotación en un ente público: “No hay una sola ley que diga que solo pueden utilizarse para eso”.

Conviene recordar que una de las pruebas de cargo contra los políticos encausados es que las TF que Empleo enviaba al IFA no se utilizaban para compensar gastos de explotación del instituto, sino para pagar las ayudas.

¿Subvenciones o ayudas?

Especial interés puso Griñán en defender que las ayudas sociolaborales que daba la Junta no podían considerarse subvenciones, pues precisamente uno de los principales cargos atribuidos a los procesados es haber infringido la Ley de Subvenciones y los principios recogidos en ella de de publicidad, concurrencia, transparencia o no discriminación que debe cumplir una Administración a la hora de otorgarlas.

El expresidente enfatizó que “la doctrina del Consejo de Estado tiene dicho que las subvenciones tienen que ser para hacer algo, cuando se dan sin contraprestación tienen carácter de ayuda”, como era el caso de las dadas por la Junta. También recordó que el Gabinete Jurídico de la Junta determinó que “no eran subvenciones, sino ayudas asistenciales”. Griñán citó como apoyo a su argumentación que incluso el propio Gobierno central dictó en una fecha tan tardía como noviembre de 2013 un decreto para “acomodar” la Orden Ministerial de 1995 –que rige la concesión de las ayudas sociolaborales– a la Ley de Subvenciones, aprobada 10 años antes.

Los informes

El fiscal quiso también saber si Griñán, como consejero de Economía y puesto que iba a dirigido a él, había leído el informe de la Intervención del año 2005 donde se alertaba de los ‘agujeros’ del procedimiento de concesión de las ayudas.

El expresidente y exconsejero volvió a exponer su posición, ya conocida: “Cualquier iniciativa de la Intervención para movilizar la actuación de un consejero ha de seguir un procedimiento reglado, que además no resuelve el consejero sino el Consejo de Gobierno. Cualquier actuación –añadió– que no pida la intervención del consejero no tiene por qué remitirse al mismo, sino solo aquellas que piden actuación determinada”.

La viceconsejera Carmen Martínez Aguayo siempre ha sostenido, en sede judicial y fuera de ella, que nunca remitió tales informes de la Intervención a Griñán, que entonces era el titular del departamento. La acusación sospecha que sí lo hizo, pero no ha conseguido presentar pruebas documentales o testimonios concluyentes que lo demuestren.

Fernández no declara

Antes de comenzar el interrogatorio de Griñán, el presidente del tribunal tenía previsto terminar el suyo con el exconsejero de Empleo, pero no hubo tal: Antonio Fernández, que el día anterior se había visto en apuros para aclarar las contradicciones entre lo declarado ante la instructora Mercedes Alaya y lo declarado en la vista oral, le dijo al juez que, con todos los respetos, se acogía a su derecho a no declarar porque el día anterior y hoy se sentía asustado y aturdido para comprender bien las preguntas de su señoría.

La razón de Fernández sonó a excusa. Aun así, fuentes cercanas al exconsejero insistieron a este periódico que el jueves persistía en él el mismo “estado de miedo o temor” que el día anterior le impidió "entender al presidente". Las mismas fuentes recordaron que “cualquier posible divergencia entre el acta de la declaración sumarial y lo dicho en juicio la ha aclarado suficientemente a través de sus respuestas al fiscal y a su defensa” y a ellas se remitía.