“Del análisis que hacemos de las quejas y consultas que nos ha trasladado la ciudadanía, y de la labor realizada durante el pasado año por esta institución, advertimos que algunos derechos están oscurecidos/ensombrecidos por la falta de disponibilidad presupuestaria o, en algunos casos, por fallos en la gestión o coordinación”. Es una de las principales conclusiones del informe del Defensor del Pueblo Andaluz relativo a 2017 y presentado hoy en el Parlamento.
El Defensor del Pueblo andaluz (DPA) realizó durante 2017 un total de 20.868 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía. Durante el pasado año, esta Institución gestionó 9.815 quejas, de las que 6.792 fueron nuevas (6.624 a instancia de parte y 168 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores. La gestión de quejas tramitadas se redujo un 3% con respecto a 2016.
El Impuesto de Sucesiones
También el DPA atendió 10.378 consultas (un 4% menos), lo que sumado a las 675 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc.) ofrece el balance total de actuaciones. Fueron 170.872 personas las que requirieron en 2017 la intervención de este comisionado parlamentario. De éstas, 143.000 registraron una sola queja, sobre el Impuesto de Donaciones y Sucesiones.
Atención y mediación
La Oficina de Atención e Información Ciudadana del DPA visitó las comarcas andaluzas para acercar la institución y pulsar directamente las preocupaciones de la ciudadanía.
Asimismo, se ha asentado durante este año el servicio de mediación profesional y especializada ofrecido por la Institución para mediar en la solución de conflictos. Este servicio gestionó 57 quejas, de las cuales sólo una de ellas fue una queja de oficio.
A este trabajo hay que añadir la presentación del Informe Especial Morir en Andalucía. Dignidad y Derechos y dos estudios: Puntos limpios y recogida de aceite de uso doméstico en el contexto del plan de residuos urbanos no peligrosos de Andalucía y Consumo de alcohol en los menores.
Estado del Bienestar
Las materias que afectan al Estado de Bienestar han copado el 54% del total de las actuaciones del Defensor del Pueblo andaluz, seguidas de las relacionadas con la sostenibilidad de las ciudades y territorio, y las reclamaciones ciudadanas en materia de justicia.
La Administración ha aceptado la actuación del DPA en el 94% de los casos cerrados en los que se había detectado que existía una irregularidad. Sólo en el 6% de los casos no se han atendido nuestras resoluciones y hemos dado cuenta de este hecho al Parlamento.
