El juicio de los ERE regresa este miércoles a los telediarios nacionales de la mano del interrogatorio al expresidente José Antonio Griñán, una vez que el presidente del tribunal acabe de preguntarle al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al que en la sesión del martes el magistrado asaeteaba sorpresivamente durante más de una hora.
Tras los primeros compases de la vista, las televisiones perdieron pronto el interés por un proceso endiabladamente técnico cuyas claves solo importan y resultan accesibles a los periodistas quienes llevan años escribiendo del caso e intentando comprenderlo en toda su magnitud.
“El invento”
En realidad, no pocos de los procesados, entre ellos Griñán, también llevan años intentando comprender por qué están sentados en el banquillo. Uno de esos ex altos cargos de la Junta de Andalucía aventuraba esta explicación a instancias de EL PLURAL: “Aquí la cuestión es cómo se abre una causa no por irregularidades en la gestión del gasto de un programa que es el 0’3% del presupuesto, sino basada en el invento de un llamado procedimiento específico que tiene que mezclar de forma grosera el crédito con el gasto para así escalar y llegar a criminalizar a un gobierno. Y así han conseguido –concluía el interpelado– arruinar la vida de muchas personas”.
Otra de las personas que ya han pasado por el estrado, y para la que el fiscal pide varios años de cárcel, expresaba en estos términos la perplejidad que le causa el proceso judicial mismo: “Estamos en una auditoría, más que en un juicio, pero no nos jugamos un informe desfavorable, sino una pena de prisión”.
Lo que se juega Griñán
Es también lo que se juega Griñán: seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por un delito de malversación y otro de prevaricación. El auto de procedimiento abreviado dictado por el juez Álvaro Martín el último día de mayo de 2016 sostiene en relación al Griñán que “mantuvo el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones”.
El juez le reprochaba haber aprobado, en su condición de miembro del Consejo de Gobierno, las modificaciones presupuestarias relativas al programa 31L y los proyectos de presupuestos de Andalucía para los ejercicios 2005 a 2009, “pese a que en ellos se contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación” de Empleo al IFA/IDEA.
“Asumió la eventualidad…”
Para el último instructor de la causa, Griñán no solo conocía perfectamente que el procedimiento para la concesión de ayudas era irregular, sino que “asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e incluso con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados (…) con ausencia –continuaba el auto– de bases reguladoras de la subvención, así como de convocatoria pública para conocimiento por todo interesado en acceder a ella, con falta de control del cumplimiento, por parte del perceptor de la subvención, de los presupuestos o condiciones para disfrutar de la ayuda y con ausencia de un control posterior del destino de la subvención”.
Una circunstancia no prevista por el juez Martín y que dará juego procesal a las defensas es que más de dos centenares de ayudas del Gobierno central, que ya obran en la causa, también se otorgaron sin “convocatoria pública para conocimiento por todo interesado en acceder a ellas”.
Lo que vio el Supremo
Al expresidente andaluz, a cuya declaración seguirá la de Manuel Chaves, nunca se le pasó por la cabeza que cayera sobre él la acusación de malversación, dado que ni como consejero de Hacienda ni como presidente de la Junta gestionó nunca el dinero supuestamente malversado.
De hecho, el juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, que instruyó el caso siendo Griñán aforado, solo mantuvo el reproche de la prevaricación, pero no el de la malversación. La distinción es importante porque el primer delito conlleva únicamente inhabilitación mientras que el segundo supone prisión.
En contra de la opinión del juez Martín, en su escrito de suplicatorio a las Cámaras para que autorizaran el procesamiento, el juez Barreiro era contundente: “No constan –escribía– indicios de que Chaves, Zarrías y Griñán intervinieran directamente en esas entregas de fondos públicos, ni que supieran que se estaba disponiendo de los caudales públicos para ayudas con destino al lucro ilícito de terceras personas”.
Ayudas y ayudas
Mientras que para Martín los 855 millones destinados a las ayudas durante diez años fueron íntegramente fraudulentos, Barreiro se mostraba en esto mucho menos tajante: “Concurren –afirmaba en su escrito– supuestos de concesiones claramente fraudulentas que nunca se debieron conceder y otras de las que sí tendría que hacerse cargo el erario público en todo caso, aunque cumplimentando el procedimiento legal para las concesiones”.
La dichosa frase
Fue precisamente tras declarar ante el Supremo, en abril de 2015, cuando, preguntado por los periodistas, Griñán soltó aquella frase que lo ha perseguido desde entonces y que irritó sobremanera a muchos de quienes habían compartido con él asiento en el Consejo de Gobierno y hoy comparten banquillo: “No hubo un gran plan pero sí hubo un gran fraude". Seguro que el fiscal se la recuerda durante el interrogatorio.
Aquella afirmación, al parecer fruto más del modo en que le fue formulada la pregunta que de una detenida reflexión, triunfó en todos los telediarios. ¿La mantendrá el expresidente si es preguntado por ella? A la hora de los telediarios lo sabremos.
