Temor. Angustia. Indefensión. Daño moral. Son las palabras con las que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández define lo que sintió cuando, durante cuatro largos días, compareció hace seis años ante la juez Mercedes Alaya.
Fernández resultó bastante convincente al relatar ayer al tribunal de los ERE que fue “acosado” en el interrogatorio de la instructora, pero estuvo menos persuasivo al justificar por qué entonces decidió firmar el acta de su declaración y por qué ahora no se retracta de lo declarado a lo largo de aquellas cuarenta y tantas horas tras las cuales la juez lo envió directamente a prisión sin fianza, aunque luego la Audiencia de Sevilla suavizó la severidad de Alaya poniendo a su libertad el precio de 450.000 euros.
"Es incompatible no ratificar las actas y no retractarse", le reprochaba sensatamente el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle. "Asumo el error de haberlas firmado, señoría, pero no me retracto de lo que dije, que no es lo que recogen las actas", se defendía el interrogado.
El exconsejero reiteró que Alaya lo presionó para que contestara lo que ella quería escuchar, hasta el punto de que, ante una de sus respuestas, la juez llegó a decirle airada: “Ahora me cuenta otra”.
El caso González Byass
Fernández fue llamado a declarar por Alaya 14 meses después de haber sido imputado por malversación, prevaricación y tráfico de influencia, aunque antes de prestar declaración le fueron imputados seis delitos más en un nuevo auto en el que se le acusaba de haber sido beneficiario del ERE de la empresa González Byass, de la que había sido trabajador. Esos cuatro nuevos delitos incorporados “sorpresivamente” serían rechazados por la Audiencia de Sevilla al estimar el recurso de Fernández.
Como se sabe, González Byass tramitó en 2010 ante Fernández un ERE para 94 trabajadores mayores de 55 años, entre los que se encontraba él mismo al ser personal en excedencia, pero no cobró las ayudas sociolaborales que sí percibieron sus compañeros: “No quería póliza, ni la necesitaba, ni la suscribí; ni la he percibido ni la percibiré".
Sesiones agotadoras
El exconsejero y exviceconsejero de Empleo, para quien el Ministerio Fiscal pide ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por malversación y prevaricación, contestó ayer en el juicio de la pieza política de los ERE a las preguntas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, una vez que la sala escuchó, a petición de la acusación del PP, la lectura de las actas de la declaración que hizo ante Alaya. Las preguntas de su letrado continuarán el lunes.
Al interrogatorio del propio presidente del tribunal, Fernández respondió “humilde y honradamente” que en la declaración ante la instructora no se respetaron sus derechos y puntualizó que luego en la transcripción, que adolecía de “carencias importantes”, no se recogió ni se contextualizó fielmente lo que dijo.
Si las cosas se desarrollaron así, ¿por qué no se acogió a su derecho a no declarar? Porque pensó que “si declaraba y decía la verdad podía evitar la prisión”. ¿Y por qué firmó las actas? Porque los interrogatorios acababan sobre las once de la noche y le pasaban a firmar el acta hacia la una de la madrugada: ni siquiera las leía, se justificó, pues a esas horas, agotado física y psíquicamente, solo quería descansar.
