"Cada vez que el Gobierno reparte, Andalucía sale perjudicada". Para la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) es un "verdadero atropello a Andalucía, con 42 euros menos por habitante que la media de España y una inversión de 140 millones en infraestructuras ferroviarias, cuando se necesitan 2.000 millones".

Así lo ha expuesto hoy en una rueda de prensa en la que ha ido desgranando datos y cifras que evidenciarían en su opinión el maltrato presupuestario del Gobierno del PP a Andalucía.

Apoyo de UGT, CCOO y la CEA

Díaz se ha reunido hoy con los dirigentes de la CEA, de CCOO y de la UGT en la ronda de contactos que mantiene para buscar el respaldo social al acuerdo sobre financiación autonómica, y entre los próximos lunes y martes recibirá a los representantes de CSIF, de las organizaciones agrarias, de la CES, de la mesa del tercer sector y de las universidades.


La presidenta ha puesto en valor el amplio consenso parlamentario en la posición en defensa de los intereses de Andalucía en el debate sobre la financiación de los territorios, que contó con el apoyo de 101 sobre 109 diputados andaluces.
 Esta posición la trasladará la presidenta al presidente del Gobierno, al que urgirá a que se "desbloquee un asunto que no puede esperar ni un minuto más".

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, y las secretarias generales de la UGT-A, Carmen Castilla, y de CCOO-A, Nuria López, han respaldado el acuerdo parlamentario y han coincidido en que Andalucía está infrafinanciada y es necesario un nuevo sistema de financiación.

Por qué el castigo

Susana Díaz pedirá “explicaciones sobre este atropello” a Rajoy y le preguntará "por qué los presupuestos vienen a castigar a los andaluces y a la creación de riqueza y empleo” cuando "Andalucía ha cumplido con el objetivo de déficit y tiene un nivel de endeudamiento inferior a la media, cumplimos en pago a proveedores, somos la primera comunidad en aprobar los presupuestos, hemos pedido salir a los mercados a financiarnos, aportamos estabilidad política y confianza, y lo hacemos desde el consenso y el diálogo”.

A la cola en inversión

Durante su intervención, Díaz ha incidido en que "Almería es la última provincia en inversión en toda España, si bien, hasta seis provincias andaluzas están entre las que menos inversión reciben de los presupuestos generales". Un territorio puntero en el sector agroalimentario y que, sin embargo, cuenta con un déficit en infraestructuras ferroviarias "que no merece", añadió.

Asimismo, la presidenta ha señalado que el año pasado sólo se ejecutó 1 de cada 2 euros del presupuesto en Andalucía, por lo que este presupuesto no solo llega "tarde y mal", sino que plantea inversiones que ya se presupuestaron y no se ejecutaron.

Datos ferroviarios

Los datos de proyectos ferroviarios denotan las "inversiones pírricas" que ha propuesto el Gobierno para Andalucía, según Susana Díaz: 31,6 millones para la línea Algeciras-Bobadilla, cuando el proyecto inicial es de 1.300 millones. Con esta "solución de bajo coste, cuántos años van a tardar" en culminar una infraestructura que están esperando empresas para instalarse en el Puerto de Algeciras, resaltó.

La línea de Granada, a la que se consignan 625.000 euros, cuando hacen falta 300 millones y solo teniendo en cuenta la renovación de la vía; la línea Almería- Murcia, 7,3 millones, cuando se necesitan 700 millones; 12,4 millones para el baipás de Almodóvar que impulsa la conexión Sevilla-Málaga-Granada; solo se contemplan 13 millones para la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz ó 1,4 para Sevilla-Huelva, entre otros proyectos.

Rebaja fiscal

Díaz también ha afeado al Gobierno que el anuncio de rebaja fiscal lo realice a costa de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, planteando rebajas precisamente en el tramo autonómico, con un impacto en Andalucía de unos 150 millones de euros menos de recaudación, y subidas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 1.830 municipios.

De la misma manera, la rebaja del IRPF no beneficiará al 70% de los pensionistas ni al 60% de los asalariados, subrayó. La presidenta ha insistido en que los PGE suponen un agravio evidente, no enfrentando territorios, sino atendiendo a "los datos objetivos", cuando el Gobierno "debe vertebrar territorial y socialmente".