Al igual que la mayoría de quienes se sientan en el banquillo de los acusados, ocupó durante años importantes responsabilidades en la Junta de Andalucía. Piensa que este juicio por la denominada pieza política acabará en nada, pero eso será ante el Tribunal Supremo y dentro de quién sabe cuánto tiempo.

No desvelamos su identidad por obvias razones de defensa, pero sus reflexiones son compartidas por muchos de sus compañeros procesados. Este es el resumen, en forma de monólogo, de conversaciones mantenidas en los últimos días.

Arriba y abajo

“Muy humillante, no por haber tenido un cargo sino porque uno descubre que en España todavía se parte de la presunción de culpabilidad, te sientas debajo, te separan de tu abogado, no puedes intervenir más que en esta fase, oyes cosas que no puedes rebatir… La escenificación ya es de culpabilidad. Pediría estar al lado de tu abogado, que es el único que puede hablar por ti, para decirle pregúntale tal cosa o tal otra, pero bueno, esto es lo que hay… ¿qué cómo veo el juicio? Salvo en el área de Trabajo, en todo lo demás se les está desmoronando.

Ayudas desde los 80

Es con la reconversión en los 80, cuando se perdían empleos a mansalva, cuando se crearon las ayudas sociolaborales, que eran de dos tipos: para la recualificación profesional y para la prejubilación. Ahí se crean las ayudas, en los 80, pero han demonizado políticas de izquierdas; más allá de intrusos y demás, ello no obsta para que esas políticas fueran y sigan siendo imprescindibles. La dinámica de la competitividad lleva a la calle a miles de trabajadores: hay que protegerlos, pero se han demonizado las ayudas.

Órdenes ministeriales

El Ministerio hacía anualmente una Orden de prejubilación, se cambió el nombre en el 94, y en el 95 digamos que se actualizó para otros supuestos. Esas ayudas se fueron dando por el Ministerio de Trabajo desde el 96, todos los años, pero nadie ha explicado por qué, si cada año había que hacer una Orden, no las hicieron y dieron las ayudas con la Orden del 95. Aquí se daban igual, siempre supusimos que eran las mismas que las del Ministerio, cuya legislación sí es aplicable como derecho supletorio.

Aquí había no una ley sino una norma de concesión de subvenciones y eran extraordinarias, no sometidas a concurrencia competitiva, contra lo que dicen los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que no tenían ni puta idea, ni siquiera mencionaron nunca en sus informes la Orden Ministerial de 1995.

Cambios de última hora

¡Pero si el propio Gobierno del PP ha hecho modificaciones legislativas pensando en los ERE! El Gobierno aprueba un Real Decreto en 2013, el 908/2013 de 22 de noviembre, en cuya exposición de motivos dice que es preciso adaptar la Orden Ministerial del 95 a la Ley General de Subvenciones, que es de 2003 y llevaba en vigor 10 años, ¡vaya cinismo!

Ahí se dice que son subvenciones excepcionales, te leo textualmente, “destinadas a atender situaciones de urgencia y necesidad socio-laboral, que permitan paliar las consecuencias sociales derivadas de los procesos de reestructuración de empresas”. Y también dice que se otorgarán en régimen de concesión directa y sin publicidad ni concurrencia. ¡Pues claro!

Sobre la Intervención

Y sobre los controles de la Intervención, lo mismo. Hay en el BOE un acuerdo de 2014 del Consejo de Ministros según el cual, como año tras año en materia de control financiero permanente se incumplen las alegaciones de la Intervención y hay lo que técnicamente llaman debilidades, el Gobierno decide modificar la Ley Presupuestaria introduciendo artículo que dice que las empresas públicas tienen que hacer cada año plan de acción para decir cómo se están cumpliendo las indicaciones de la Intervención.

¿Por qué el decreto de ayudas en 2013 y por qué la modificación en 2014? Porque en Madrid se han dado cuenta de que ellos hacían lo mismo que aquí.

Los peritos

En realidad, nadie hace ni puto caso de lo que dicen los órganos fiscalizadores. Mira la noticia del día 22 de marzo, el titular era ‘El Gobierno deja sin cumplir una de cada cuatro recomendaciones del Tribunal de Cuentas’. Te leo: un 28 por ciento se cumplieron íntegramente, otro 28 solo parcialmente, un 17 por ciento está en proceso de cumplimiento y el 25 por ciento no se han cumplido. ¿Imputamos al Gobierno por eso?

¿Gastar de más es delito?

Nos acusan de gastar más dinero del presupuestado por Empleo y que eso es menoscabo de fondos públicos. ¿Cómo va a ser menoscabo o malversar gastar por encima del presupuesto? La sanidad lleva años con un enorme agujero, porque los gestores de sanidad no paran la gestión cuando se les acaba el presupuesto, siguen dando prestaciones, con lo cual terminan el año con déficit de 500 o 1.000 millones.

Hay una contradicción entre la acusación al interventor y la acusación a los políticos: si él está acusado por no haber hecho lo que tenía que hacer, no podemos estarlo nosotros también por no haber parado lo que nadie nos dijo que teníamos que parar. Y viceversa.

La verdad

Cuando hablo con compañeros procesados les digo: no rebusquéis, decir la verdad, solo ayudad al tribunal para que vea lo que no sabíais entonces y sabéis ahora, porque lo que ocurrió no es punible en absoluto.

Las acusaciones parten de que había conocimiento de lo que pasaba, pero no lo pueden probar porque no es cierto, y dan por sobreentendido que hubo inacción, lo cual también es mentira porque aplicábamos las recomendaciones”.