Las ayudas eran legales… pero no las daba yo. Esta podría ser la aventurada síntesis de la segunda jornada de la declaración del exconsejero de Empleo Antonio Fernández ante las preguntas de la Fiscalía en el juicio de la pieza política de los ERE, que se reanudará el lunes 2 de abril con una nueva tanda de preguntas del acusador público y las que, a continuación, le formule su defensa.

Fernández estuvo bastante convincente en su defensa de la legalidad de las ayudas sociolaborales, pero mucho menos al aseverar que toda la gestión y concesión de las mismas recaía sobre el director general Francisco Javier Guerrero, que “trabajaba con total autonomía, con libertad absoluta y discrecionalidad. Ningún director –remachó– pregunta lo que tiene que hacer, lo hace porque es su responsabilidad”.

El interrogatorio más largo

Consciente tal vez de que, dado que Guerrero no quiso responder a sus preguntas, Fernández es el ‘eslabón más débil’ de la cadena de 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo, el fiscal de empleó a fondo en el que hasta ahora ha sido el interrogatorio más largo de la vista oral.

A fin de cuentas, la Consejería de Empleo era la que otorgaba y ordenaba pagar las ayudas, mientras que las otras tres consejerías implicadas –Presidencia, Hacienda e Innovación– parece que tuvieron un papel mucho menos determinante, o en todo caso menos identificable, en el reparto, entre 2001 y 2011, de más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas, de los cuales se pagaron 741 según el cálculo de la Fiscalía.

Ninguna orden

Fernández defendió que nunca le dio ninguna orden a Guerrero –ni se las escuchó a su antecesor en el cargo, José Antonio Viera– para que concediera ninguna subvención en particular, aunque sí admitió su participación en reuniones puntuales –en alguna ocasión con el propio presidente Manuel Chaves– en las que se analizaba la crisis de empresas cuya desaparición ocasionaba un fuerte impacto económico en una zona determinada y a un elevado número de trabajadores sin posibilidad de recolocación.

Hasta tal punto habría llegado la autonomía del director general que, en una comunicación interna, el propio consejero Fernández llegó a referirse a la partida presupuestaria con la que se pagaban las ayudas como “el programa de Guerrero”. Cuando el fiscal se lo recordó, el exconsejero no puso particular énfasis en sostener que esa expresión habría solo una manera de hablar.

¿Cómo normar lo excepcional?

Aun así, el exconsejero se empleó a fondo en la defensa del procedimiento de concesión de las ayudas, que según él ni era específico ni se diferenciaba del utilizado por otras administraciones.

¿Pero había una norma para acceder a las ayudas?, preguntó el fiscal Juan Enrique Egocheaga. Había un criterio general de atender a los trabajadores más desprotegidos de empresas en crisis, pero no había una norma porque cada situación era distinta; eran ayudas excepcionales y “no se puede normar lo que es excepcional”, contestó Fernández. No obstante, añadió, las ayudas se regían por el Reglamento de Subvenciones de 2001 y la Orden del Ministerio de Trabajo de 1995.


Pólizas de rentas

Pero si no había una orden específica, ¿cómo podía un trabajador acceder a unas ayudas no regladas en texto alguno?, insistió el fiscal. Antonio Fernández explicó que los trabajadores acudían a sus comités sindicales o las empresas a sus organizaciones patronales, que los asesoraban o les gestionaban la petición, como ocurría con las ayudas dadas por el Gobierno central.

Las ayudas, explicó el exconsejero, se articulaban a través de una póliza de rentas que administraba una compañía de seguros “elegida por los trabajadores, no por la Junta, pues el convenio era entre la Junta y los trabajadores, no entre la Junta y las aseguradoras”.

200 millones para la SS

La mecánica de cobro era esta, detalló Fernández: cada trabajador o el sindicato en su nombre cedían el derecho al cobro a una entidad aseguradora, para que esta le garantizara su percepción de rentas durante el tiempo comprometido hasta la jubilación. El convenio incluía una renta de entre 1.100 y 1.300 euros mensuales, a la que se añadía el coste de la cuota de la Seguridad Social, que era un 20 por ciento y que abonaba la compañía aseguradora a la Seguridad Social, a cuyas arcas fueron unos 200 millones de los 741 pagados por la Junta.

El sistema de la póliza de rentas, según explicó Fernández, es el habitual utilizado para este tipo de ayudas ya que, aunque haya cambios en la situación del perceptor, se garantiza que llegue a la jubilación cobrando lo comprometido con la Administración.

El papel del IFA con las compañías aseguradoras era simplemente pagar las ayudas concedidas a los extrabajadores. Cuando había retrasos de la Junta, las compañías reclamaban, como ocurrió en una reunión que Fernández mantuvo con la aseguradora La Estrella para solventar la demora.

Solo un cinco por ciento

Fernández también negó que las transferencias de financiación de Empleo al IFA fueran la principal fuente de fondos de esta entidad: “Podían suponer al IFA un cinco por ciento, y además no era dinero para el IFA propiamente sino que era un dinero de tránsito”.

En todo caso, antes de tener luz verde definitiva, los convenios particulares firmados entre la dirección general de Empleo y el IFA/IDEA eran sometidos a “una criba”, explicó el consejero.

¿Cómo era la mecánica de ese proceso, quiso saber el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle. “Había una primera criba del director financiero, de ahí pasaba al asesor jurídico del IFA, tras estos dos órganos el secretario general del IFA quien preparaba y enviaba al presidente o al director general era el informe final que debía aprobarse por le Consejo Rector o por el presidente”, detalló Fernández.

Puleva y Alhambra

También se interesó el fiscal por cuál era la aportación de las empresas a los convenios de ayuda a la prejubilación. Siempre se pedía la participación de la empresa cuando esta era viable, dijo Fernández, aunque recalcó que, antes incluso de aplicarse el convenio marco cuya ilegalidad intenta demostrar la Fiscalía, el dinero de la Junta salvó empresas hoy punteras como Puleva o importantes como Cervezas Alhambra.

Puleva tuvo, en efecto, a mediados de los 90 pérdidas anuales que llegaron a rondar los 5.000 millones de pesetas anuales y habría quebrado sin el apoyo financiero de la Administración autonómica.

Ayudas en entredicho

Preguntado por las ayudas, también en entredicho, a ayuntamientos para financiar ferias de muestras, el exconsejero defendió la legalidad e idoneidad de ese respaldo financiero: “Era una de las líneas de nuestra política, optimizar las ferias de los pueblos de productos tradicionales o propios: se daban ayudas para hacer viables estas pequeñas empresas dedicadas a tales sectores”.

Cuando el fiscal le citó determinadas ayudas concretas que siempre han estado bajo sospecha durante la instrucción, como las destinadas a campañas de publicidad, al servicio de emergencias 112 o a cursos de riesgos laborales, Antonio Fernández fue tajante: “Yo no ordené ni consentí ninguno de esos pagos que usted ha mencionado”.

Un pequeño patinazo

Menos fino estuvo, en fin, el fiscal en su trabajado y meticuloso interrogatorio al preguntar al exconsejero por los subsidios o ayudas que otorgaba el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), creado bajo el mandato de Antonio Fernández.

Siempre con la muletilla de ‘señor fiscal’ por delante, el exconsejero tuvo que recordarle al acusador público que el SAE solo tenía competencias en políticas activas de empleo, nunca en las políticas pasivas sugeridas en la pregunta, que siempre fueron objeto de reclamación por el Gobierno andaluz y a lo que siempre se negó el Gobierno central (como sabe todo el mundo y debería saber ‘el señor fiscal’, debió pensar Fernández).