Las televisiones públicas salen bien paradas mientras que de algunas de las privadas no puede decirse lo mismo. Unas hacen información y otras hacen espectáculo: un espectáculo que podría bordear el delito al vulnerar derechos fundamentales de los menores.

Es lo que opina el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), que ha acordado trasladar a la Fiscalía de Jaén los resultados de un informe sobre el tratamiento dado por los informativos y los magacines matinales de Telecinco y Antena 3 a la noticia de una agresión sexual sufrida por un niño de nueve años en un centro escolar de la comarca de Cazorla por parte de otros alumnos del mismo centro, todos ellos menores de edad. El Consejo también ha decidido trasladar su informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) los resultados de este informe, al tratarse de prestadores bajo su ámbito de competencias, por si hubiera que tomar medidas correctoras.

Un comunicado difundido este jueves informa de que el Pleno del CAA celebrado esta semana ha aprobado esta decisión tras constatar que en los informativos de ambos canales y en sus magacines matinales se desvelaron datos de los menores involucrados en los hechos que pueden conducir a su identificación. Una práctica que contraviene el artículo 7.1 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que prohíbe la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de menores en el contexto de hechos delictivos. La misma norma tipifica esta infracción como muy grave, y prevé sanciones de entre 500.000 y un millón de euros.

Altamente vulnerables

En su decisión, el Consejo recalca que la circunstancia de que los hechos ocurrieran en una localidad de apenas 1.500 habitantes “supone una mayor vulnerabilidad” de los menores implicados, tanto la víctima como los presuntos agresores. Una situación que exige que “los medios extremen sus cautelas para no revelar datos personales que pudieran conducir su identificación en este entorno tan reducido, con el fin de no dificultar su desarrollo, rehabilitación e integración posterior”.

Por ello, resalta el comunicado oficial, el Consejo, en virtud del artículo 6 de la Ley andaluza de los Derechos y Atención al Menor, que establece la obligación de la Administración de la Junta de Andalucía de proteger el honor, la intimidad y la propia imagen de los menores frente a las intromisiones que pudieran producirse a través de los medios de comunicación, ha puesto este informe en conocimiento de la Fiscalía.

No todas las teles son iguales

El informe realizado por el CAA, tras la polémica social suscitada en torno al tratamiento informativo ofrecido por algunos medios sobre este suceso, se ha centrado en los programas informativos y los magacines de La1 de TVE (La Mañana y Telediario 1), de Telecinco (El Programa de Ana Rosa e Informativos Telecinco), Antena3 (Espejo Público y Noticias 1), de Canal Sur TV (Buenos días, Andalucía, Noticias Mediodía, Noticias 1 y Andalucía Directo) y de Onda Jaén (Noticias 1 y Noticias 2).

La muestra comprende los días 8 de febrero -día en que se hizo pública la noticia-, 9 de febrero -cuando se produjo un mayor despliegue mediático- y el 12 de febrero -cuando la Fiscalía decidió archivar las diligencias dada la edad de los menores implicados-.

Las televisiones públicas “TVE y Canal Sur no aportaron datos personales de los menores e incluso incidieron en la inconveniencia de hacerlo”, mientras que Onda Jaén no abordó la noticia en los días analizados.

Espejo Público y El programa de AR

En cambio, en los programas analizados de Antena 3 se difundieron el nombre de la localidad donde ocurrieron los hechos (el día 8 en Espejo Público, y el día 9 en el informativo), imágenes de la localidad (en todos los programas analizados), imágenes del colegio, con primeros planos del nombre del centro escolar (en el informativo del día 9), datos referidos a la religión de la víctima, que incluían especulaciones sobre el sentido de la agresión (en Espejo Público el día 9), y el curso en el que se encontraban los presuntos agresores, que incluía imágenes de la orden de expulsión (en el informativo del día 9).

Telecinco también difundió estos datos: el nombre de la localidad (El Programa de Ana Rosa y el informativo del día 9), imágenes de la localidad (en todos los programas analizados) y del colegio, incluidos primeros planos del nombre del centro (en El Programa de Ana Rosa del día 12), datos sobre la religión de la víctima que también fueron acompañados de especulaciones sobre el sentido de la violación (en El Programa de Ana Rosa de los días 9 y 12 y el informativo del día 9).

Este canal también difundió datos referidos a las circunstancias familiares y étnicas de los supuestos agresores, con especulaciones al respecto (en El Programa de Ana Rosa de los días 9 y 12), con un directo realizado en la localidad el día 9 por dicho magacín, y con entrevistas a vecinos con el fin de que ofreciesen más detalles sobre las familias de estos menores.

Veracidad y espectáculo

En su decisión, el CAA subraya que la diferencia de trato dado a esta noticia entre los prestadores públicos y los privados “evidencia que el derecho a difundir información veraz es plenamente compatible con la protección absoluta de los menores de edad y que pueden adoptarse cautelas para no contribuir a la identificación de menores implicados en hechos delictivos ni contribuir a generar un conflicto social al introducir elementos que, como la religión o la etnia, pueden generar problemas sociales y fomentar la discriminación o el odio”.

Análisis del caso Gabriel

Por otra parte, el Pleno del Consejo acordó realizar un informe cualitativo sobre el tratamiento dado al asesinato del menor Gabriel Cruz en la provincia de Almería por parte de los magacines matinales de La1, Telecinco, Antena 3, La Sexta, Cuatro TV, Canal Sur TV e Interalmeria. El estudio abarcará los días posteriores a la detención de la persona que presuntamente había cometido el crimen y que posteriormente confesó su autoría.

En opinión del CAA, el tratamiento informativo de este caso “ha generado una gran preocupación social por el papel que están desempeñando los medios de comunicación, especialmente determinados programas de televisión. Una cobertura que ha sido cuestionada por las organizaciones profesionales y por los propios medios y que, según denunció la propia Guardia Civil, ha llegado a entorpecer la investigación.