Para el empresario José Román Sánchez el director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero era “un dios en el que confiaba”. Ni más ni menos. La instructora del caso ERE, María Núñez, cree a Román y da por buenas las pruebas presentadas en su descargo, y por eso ha archivado la pieza en la que se investigaba al empresario por una ayuda de un millón de euros otorgaba por ‘dios’ para hacer viable la inversión en el proyecto empresarial Centro de Limpieza Industrial de Huévar.

No se puede juzgar dos veces lo mismo

Con anterioridad habían sido excluidos como investigados el propio Guerrero y el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano, ya que ambos se sientan en el banquillo por la pieza política de los ERE y, como se sabe, la Audiencia de Sevilla dictaminó que no podían ser juzgados dos veces por los mismos hechos.

Al acusar la Fiscalía a los 22 ex altos cargos de la Junta de malversar 741 millones de euros, la Audiencia entendió que este juicio por el denominado procedimiento específico ya engloba la concesión y el pago de las distintas ayudas, entre las que figura la otorgada a Román.

Confianza en las instituciones

La juez fundamenta su archivo en que "ninguna responsabilidad penal puede tener el ciudadano" que actúa "bajo el principio de confianza en nuestras instituciones", en este caso la Dirección General de Trabajo cuyo titular, aunque desarrollaba una gestión “caótica”, era para el empresario "un dios en el que, por supuesto, confiaba y confiaba en los funcionarios y en su administración".

En su escrito, fecha el 8 de marzo, María Núñez afirma: "No es el ciudadano el que decide qué documentación presentar o qué procedimiento seguir para solicitar una beca, una subvención o cualquier otra ayuda pública, es la administración. Si la administración actúa de forma irregular, de ello no se puede responsabilizar al ciudadano, y menos penalmente por delitos de prevaricación y malversación", señala, salvo que actúe a sabiendas de irregularidad y "en connivencia con el concedente para obtener una ayuda" a la que no tiene derecho.

Hubo inversión y empleo

El empresario utilizó el dinero, cobrado en 2006 y 2007, para el destino explicitado en su solicitud ya que realizó efectivamente la inversión comprometida: "No cabe la menor duda –sostiene el auto– de que la ayuda se solicita porque se considera justa y adecuada, con una finalidad lícita. Y, tampoco cabe la menor duda, de que se destina la ayuda a la finalidad para la cual se solicita, se realiza una inversión que generó puestos de trabajo, ahora más del doble de los que se exigía". Román le encomendó su defensa al letrado Juan Carlos Alférez.