Manuel Chaves ayuda al exinterventor Manuel Gómez a acomodarse en el estrado.
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Fuente
:
EFE
Juicio

Caso ERE: ¿desoír a la Intervención es negligencia o delito?

El exinterventor ratifica que los consejeros de Hacienda, Empleo e Innovación desatendieron sus avisos de irregularidades, pero rechaza que no hubiera controles

Lun, 12 Mar 2018

La declaración de este lunes del ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ilustra como pocas de las habidas hasta ahora en la veintena de sesiones del juicio de los ERE la extrema dificultad para hacerse una idea exacta de por qué 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía se sientan en el banquillo, acusados todos de prevaricación y algunos de malversación.

Seis años de cárcel y 30 de inhabilitación pide la fiscalía para Gómez, cuyo testimonio sobre los políticos de la Junta que desoyeron sus recomendaciones ha sido hoy mucho menos contundente que el exhibido en abril de 2015 ante el juez instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro.

Los consejeros recibieron sus informes

A preguntas del fiscal, el ex interventor no ha repetido pero sí ratificado lo dicho entonces: que los consejeros de Hacienda, Innovación y Empleo recibieron sus informes pero no tomaron medidas para poner fin a las deficiencias detectadas por la Intervención en el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis.

¿Significa eso que la desatención de tales consejeros fue la causa del presunto fraude? No. Manuel Gómez no sostiene tal cosa, pues "el que quiera gestionar de modo irregular o cometer fraude es muy difícil que una norma se lo pueda impedir". Entonces, ¿fue el hecho de que no hubiera fiscalización previa de las ayudas otorgadas lo que ocasionó el supuesto fraude? Tampoco, sostiene Gómez, pues la falta de fiscalización previa no significa "en absoluto fuera de todo control".

¿Galgos o podencos?

Un punto importante –pero muy técnico– que debe dirimirse en este juicio es si las ayudas sociolaborales eran o no eran subvenciones. A la vista de lo declarado hoy por Gómez parece que no será fácil aclararlo.

El presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, le preguntó al exinterventor si lo eran o no lo eran, dado que Gómez estaba declarando que no, pero al referirse a las ayudas durante el interrogatorio él mismo las había llamado subvenciones. El encausado explicó que, cuando hizo los informes que los consejeros desoyeron, sí creía entonces que las ayudas eran subvenciones y no se estaban tramitando como tales, pero ahora opina que no lo eran.

¿Cuál era entonces el régimen jurídico que las regía? El exinterventor aventuró en su respuesta que era “incierto”, aunque las ayudas otorgadas bien podrían encajar en la Orden Ministerial del 1995.

Nadie vio menoscabo de fondos

En todo caso, Gómez volvió a reiterar que ni él ni la docena de interventores que participaron en la redacción de los sucesivos informes advirtieron jamás indicios de delito o menoscabo de fondos públicos, pues en caso contrario sí habrían emitido un informe de actuación que hubiera detenido en seco el procedimiento de concesión de las ayudas.

El exinterventor siempre ha considerado injusto que el expresidente José Antonio Griñán y otros ex altos cargos le 'cargaran el muerto' de no haber incoado ese informe de actuación, razón por la cual ellos no habrían actuado. Gómez piensa, en cambio, que perfectamente hubieran podido actuar con las advertencias que recibieron de su parte.

El gran reproche

Como se sabe, uno de esos informes, concretamente el emitido en 2005 sobre el ejercicio presupuestario de 2003, incluía una conclusión demoledora: "La Dirección General de Trabajo –decía– ha tramitado subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento establecido".


Que, más allá de que las ayudas fueran galgos o podencos, un reproche tan contundente no tuviera una respuesta política en forma de medidas que paliaran la situación detectada no es fácil de explicar y, a la vista de lo sucedido, quienes desoyeron las alertas serían políticamente responsables por su desatención.

Lo difícil para los acusadores –y de eso trata precisamente este juicio– será reunir las pruebas inequívocas que demuestren que tal presunta negligencia era parte de un engranaje administrativo y presupuestario ideado para prevaricar y malversar.