Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía.
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Fuente
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EFE
Juicio de los ERE

El exinterventor pone en evidencia a los peritos del Estado

Manuel Gómez subraya que no conocían “una cosa tan básica” como que la Intervención no tiene que informar de las modificaciones presupuestarias que hace Hacienda

Mié, 7 Mar 2018

Los autores de la prueba de cargo quizá más importante en el caso de los ERE no han salido muy bien parados en la sesión de este miércoles que ha protagonizado el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez, que se enfrenta a 6 años de prisión y 10 de inhabilitación por prevaricación y malversación al haber consentido la concesión y pago de las ayudas sociolaborales mediante un procedimiento supuestamente ilegal.

Gómez estuvo elegante al calificar de "exceso conceptual" el hecho de que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) identificaran nada menos que como "fraude" la forma de contabilizar en las cuentas de IFA/IDEA las transferencias de financiación que se usaban para pagar las ayudas sociolaborales.


La pericia de los peritos

Y por si quedaba alguna duda de la opinión que le merece la cualificación profesional de quienes con su informe pericial condenaron al banquillo a dos decenas de altos cargos de la Junta, Gómez reveló que los peritos de la IGAE desconocían “una cosa básica”: que cuando es Hacienda quien aprueba las modificaciones, la Intervención no tiene que informar de las mismas, algo que los supuestos expertos parecían desconocer, pues consignaron como un reproche esa ausencia de informes.

La pregunta que esta revelación del exinterventor dejó implícitamente en el aire era esta: quienes no conocían un precepto tan básico del funcionamiento de la Intervención, ¿estaban capacitados realmente para emitir un informe pericial sobre tan compleja materia?

Informe bajo sospecha

No es la primera vez que se pone en duda la preparación profesional de los peritos llamados en su día por la juez instructora Mercedes Alaya para evaluar la legalidad del procedimiento de concesión de ayudas.

Varias defensas llegaron incluso a poner en duda que fuera pertinente encargar una pericial de naturaleza jurídica que, a la postre, estaba resolviendo anticipadamente aquello que debía resolver la propia justicia.

Uso inadecuado

A preguntas del fiscal, Gómez ha insistido en que advirtió reiteradamente del uso “inadecuado e incorrecto” pero no “ilegal” de las transferencias de financiación, si bien a la pregunta de si con un uso correcto de las transferencias de financiación habría habido caso ERE, el exinterventor contestaba claramente: "No, porque estarían contabilizadas como ingresos y gastos las operaciones".


El encausado volvió a defender que no hizo el informe de actuación que habría paralizado el procedimiento porque nunca hubo indicio alguno de menoscabo de fondos públicos: “Aquí han intervenido una docena profesionales en el Control Financiero Permanente y ninguna ha visto que se le pusiera delante de sus narices un supuesto menoscabo”.

Amparo legal

En un claro cambio de criterio sobre lo sostenido en el pasado, Gómez ya no comparte el reproche de que las ayudas se otorgaban sin amparo legal ni procedimiento alguno. En su opinión, la Orden Ministerial de abril de 1995 era perfectamente aplicable a las ayudas dadas por la Junta, como lo fue a las ayudas similares dadas por el Estado, para las que bastaba la propia petición de los trabajadores y una memoria justificativa de la crisis que atravesaba la empresa.

Un procesado perplejo

También ha recalcado el alto funcionario su perplejidad por el hecho de que la Cámara de Cuentas no emitiera nunca ningún pronunciamiento que pusiera en cuestión el uso de las transferencias de financiación, y en cambio sí lo hayan hecho “los auditores de ocasión. No me parece serio –añadía– que la Cámara de Cuentas no haya dicho nada y los auditores vengan aquí diciendo lo que dicen", informa Efe.

Un caso insólito

Su antecesor en el estrado, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, a preguntas de su abgoada apuntaba en la misma dirección que Gómez al recalcar que le parece "insólito"  que “durante 12 años cientos de personas" se pusieran de acuerdo para idear un sistema fraudulento para conceder ayudas "que también se daban en el Estado" y que durante ese tiempo "todo se haya hecho tan bien tan bien que no se haya filtrado nada" y que una década después se haya descubierto que "todos los expedientes estaban tan mal".