Este martes, Berlanga se dio una vuelta por la Audiencia de Sevilla. Fue una vuelta corta, una especie de aviso. El cineasta por excelencia de la España extravagante y chocarrera no se quedó mucho tiempo en la sala, pero el eco de su firma inconfundible quedó flotando durante un buen rato sobre las cuatro decenas largas acusados, acusadores y defensores presentes, resignados todos ellos a que, dos meses después de echar a andar, el juicio de los ERE no haya arrancado propiamente. Juicio está habiendo, sin duda; pero juicio juicio, lo que se dice juicio, todavía no hay.
La de este martes era la octava sesión de la vista oral contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el sistema de concesión de las ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis.
El silencio y la venganza
El momento Berlanga tenía lugar poco antes del mediodía, cuando el secretario judicial Rafael Castro se rebotaba –ya fuera con la Fiscalía, ya directamente con el tribunal– al verse obligado a cumplir el engorroso encargo de leer íntegramente las declaraciones del ex director general Javier Guerrero ante la Policía y los jueces. Decenas y decenas de folios.
Como Guerrero se niega a contestar a las preguntas de las acusaciones, la Fiscalía se ha tomado su particular ‘venganza’: exigir la lectura pormenorizada de las actas policiales y judiciales de los interrogatorios de Guerrero.
Hombres y máquinas
La cara de susto que involuntariamente suele tener el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, apenas se inmutó cuando escuchó estas inusuales palabras de boca del secretario: “No soy una máquina. Tengo derecho a parar y beber agua".
La paciencia del funcionario se había agotado cuando la exigencia de la Fiscalía de que leyera las declaraciones de Guerrero se amplió a la lectura de las preguntas que le hicieron sus interrogadores. ¿Tengo que leer las preguntas TAMBIÉN?, ¿esto sirve para algo?, parecía preguntarse para sus adentros el sediento secretario, cuya reclamación de ser sustituido por la secretaria de apoyo –“Manolo, llámala”, le gritó al ujier– fue aceptada por el presidente.
Un déjà vu
La sesión no volvió a deparar mayores sorpresas, salvo las de orden tecnológico, pues inicialmente parece que no funcionaba el sistema de reproducción en vídeo de la declaración grabada del ex director general ante la juez María Núñez.
Se pudo arreglar y fue posible ver y escuchar lo que Guerrero declaró en octubre de 2015, aunque ya los medios dieron cumplida cuenta de ello en su día. En esas circunstancias, la jornada fue un déjà vu para los periodistas y letrados que peinan canas en este proceso.
Todos tenían que saberlo
Como sucedió el día anterior con otras declaraciones, Guerrero se negó a ratificar la prestada ante Alaya en marzo de 2012 porque la hizo, se excusó, sometido a una fuerte presión mediática y policial.
Entonces le dijo a la instructora que destacados miembros del Gobierno, entre ellos el presidente Manuel Chaves, “tenían que saber cómo se trabajaba allí”. ‘Allí’ era la Dirección General de Empleo de la que él era titular.
También dijo que nunca supo que su exchófer era socio en determinadas empresas que llegaron a recibir ayudas por más de un millón de euros.
Una nueva estrategia
El último tramo de la sesión se dedicó a visionar el vídeo de su declaración, en octubre de 2015, ante la nueva titular del Juzgado 6 Instrucción de Sevilla, María Núñez Bolaños.
En principio, lo previsible es que Guerrero sí ratifique aquel testimonio, inspirado en una estrategia procesal muy distinta a la de las anteriores declaraciones: el ex director general defendió ante Núñez que el sistema autonómico de concesión de ayudas que él aplicaba era el mismo que marcaba la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995.
Quédese para mañana
También dijo entonces que el procedimiento tuvo el visto bueno de la Intervención y de las consejerías de Hacienda y Empleo, según habría quedado convenido en una reunión de 2005 en la Consejería de Hacienda a la que asistieron él mismo y los ahora también procesados Manuel Gómez, interventor general, la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano.
El ex director general de Empleo no pudo, en todo caso, ni ratificar ni rechazar la declaración emitida en vídeo porque como la hora era ya tardía y aún quedaba un buen tramo por visionar, el presidente del tribunal interrumpió la sesión para proseguirla el miércoles. Tal vez pensó el juez Peña lo mismo el secretario judicial Castro: ‘Señores, yo tampoco soy una máquina’.
