El último pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Marinaleda fue en diciembre de 2016, por lo que el alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, estaría cometiendo prevaricación al incumplir deliberadamente el calendario de un pleno trimestral aprobado en el arranque del actual mandato.

Es lo que sostiene el PSOE de la localidad sevillana (2.700 habitantes), que ha denunciado el caso en los juzgados de Estepa por la presunta comisión de un "delito de la autoridad contra los derechos individuales", en concreto el derecho a la participación en los asuntos públicos tanto de los concejales del grupo municipal socialista como de los vecinos.

El calendario

El juez ha citado al alcalde para el próximo día 15 en calidad de investigado –antes imputado– y ha dirigido un oficio al Ayuntamiento de Marinaleda ordenándole que le remita el acuerdo del 14 de julio del 2015 aprobado por el pleno municipal en el que se comprometió a convocar sesiones "al final de cada trimestre natural". También pide el juez que le informe de si se ha convocado algún pleno desde diciembre del 2016.

Gordillo se defiende

El punto de vista del alcalde es diametralmente opuesto al de la oposición. Sánchez Gordillo sostiene que los plenos extraordinarios, que sí convocaba –dijo a Efe– “cuando había asuntos que tratar”, funcionan en la práctica como plenos ordinarios y en ellos hay un turno de ruegos y peguntas.

Sin embargo, la oposición socialista recuerda que el alcalde solo le dio la palabra en dos plenos y que en el resto de las sesiones extraordinarias, a veces convocadas por la noche, no puede ejercer su derecho a controlar al gobierno local.

La CUT arrasa

El partido de Gordillo sigue, en todo caso, arrasando en las municipales: en 2015 la CUT sumó el 72 por ciento de los votos (1.194 sufragios) y nueve concejales, muy por delante del PSOE, el otro partido que logró representación con 316 votos y dos concejales.

Las batallas del PSOE contra el histórico líder jornalero vienen de lejos. Ya en 2013 el portavoz socialista, Mariano Pradas Saavedra, presentó otra denuncia por no convocar plenos. Y lo mismo hizo ante la Fiscalía de Sevilla el pasado mes de octubre.