‘Madrid’ no se utiliza aquí como Madrid comunidad sino como Madrid Estado o Madrid Gobierno central. ‘Madrid nos roba’ vendría a ser la –algo atrevida– traducción periodística de una constatación política y contable: en el año 2104, tomado como referencia por ser poco sospechoso ya que los servicios públicos hubieron de reducirse al máximo para cumplir los objetivos de déficit, a las comunidades autónomas gastaron 16.000 millones de euros más de los recibidos del Estado para cubrir las necesidades de sus ciudadanos en sanidad, educación y servicios sociales.
De esos abultados números rojos, a Andalucía le correspondieron 4.000 millones, que fue el dinero que se vio obligada a detraer de otras partidas para cubrir la diferencia entre lo efectivamente gastado por la Junta y lo efectivamente transferido por el Gobierno central en aplicación del sistema de financiación, cuyo periodo de vigencia caducó hace tres años pero que ‘Madrid’ no tiene prisa alguna en renovar.
Cómo repartir la tarta
El problema no es tanto que falte dinero como que el dinero que hay no se está distribuyendo equitativamente: esos 16.000 millones de déficit de los servicios esenciales que gestionan las autonomías deberían detraerse de la porción de la tarta presupuestaria que gestiona el Estado, no enjugarse con copagos o subidas de impuestos.
Si hay una insuficiencia global de recursos, viene a argumentar el Gobierno andaluz, habrá que abordarla, pero después de ponderar en sus justos términos lo que cuesta financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales y, en consecuencia, de allegar a las CCAA los recursos para cubrir su coste.
Batalla fría, patata caliente
La fría batalla política ya está planteada. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, la consideran crucial porque de su desenlace dependerá cómo sea la Andalucía de la próxima década. En esa línea el PSOE andaluz hizo pública ayer su propuesta, que se discutirá en el grupo de trabajo sobre financiación autonómica creado en el Parlamento andaluz y en el cual hay, en principio, bastante sintonía entre todos los grupos políticos a excepción del Partido Popular.
Para su presidente, Juanma Moreno, el tema es una verdadera patata caliente: no puede negar que Andalucía está infrafinanciada pero tampoco quiere meter en líos al Gobierno central sumándose a quienes reclaman que, de entrada y como mínimo, inyecte en el prestar los servicios.
Una propuesta trabajada
En la propuesta de los socialistas andaluces para reformar el sistema, resumida en 30 folios, se advierte que hay detrás de ella muchas semanas de trabajo: es difícil negarle la solvencia técnica. Tanto como culparla de sectarismo partidista.
La consejera de Hacienda María Jesús Montero y el portavoz socialista Mario Jiménez, que ayer compartieron con una veintena de periodistas un desayuno de trabajo sin micrófonos para explicarla, están poniendo exquisito cuidado en no pisar demasiados callos: ni los de otros partidos ni, sobre todo, los de otros territorios.
Menos cuidado ponen, en cambio, en no pisar los callos del PP, pues dan por hecho que este partido no se sumará al consenso para que Andalucía acuda al Consejo de Política Fiscal y Financiera con una proposición unitaria. O ‘de país’, que dirían en Cataluña.
Los objetivos
Los objetivos que, resumidamente, debe perseguir Andalucía en opinión de su Gobierno y del Partido Socialista son: garantizar los recursos suficientes para las competencias transferidas; simplificar el modelo; blindar la igualdad en el acceso a los servicios públicos; garantizar una mayor lealtad institucional; y apostar por una corresponsabilidad fiscal real.
A continuación desgranamos los principales elementos del diagnóstico sobre el modelo de financiación autonómica y de la reforma del mismo que propone el PSOE de Andalucía.
