El Gobierno andaluz decidió ayer iniciar la elaboración del I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022, que programará las medidas previstas por la Junta durante este periodo para dar cumplimiento a la ley aprobada por el Parlamento autonómico el pasado año sin votos en contra. Al igual que esta norma, el documento se propone "garantizar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista bajo los principios de verdad, justicia y reparación".
Parón en 2012
Según recuerda en su página web la Oficina del Portavoz de la Junta de Andalucía, se calcula en alrededor de 60.000 la cifra de personas consideradas desaparecidas en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura. Hasta el momento, se han realizado unas 70 intervenciones por parte de la Administración autonómica, los familiares de víctimas, las entidades memorialistas, los ayuntamientos y el Gobierno de España, si bien a partir de 2012 se cancelaron las iniciativas y partidas presupuestarias estatales en esta materia.
Una vez sometido al trámite de información pública y con las aportaciones y sugerencias recibidas, el nuevo texto se elevará al Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, órgano consultivo y de participación en la materia. Finalmente, la aprobación definitiva corresponderá al Consejo de Gobierno.
El instrumento de referencia
El plan anunciado ayer será “el instrumento de referencia para las iniciativas reguladas en la ley, principalmente trabajos de indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas; conservación, mantenimiento y rehabilitación de los Lugares y Senderos de Memoria Democrática de Andalucía; recuperación de documentos y testimonios orales; adquisición, copia o suscripción de convenios sobre el material custodiado en archivos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros; fomento de las entidades memorialistas, y desarrollo de proyectos de investigación y divulgación”.
