No hay ninguna irregularidad. Nadie ha conculcado la ley de incompatibilidades. Se ha hecho todo dentro de la ley de contratos. Estos son algunos de los argumentos ofrecidos hoy por el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado (PP), en defensa de la diputada Marina Bravo, que ha adjudicado una veintena de contratos por valor de casi 200.000 euros a una empresa de su cuñado en la que además aparece como trabajador el marido de la diputada. El Grupo Socialista de la Diputación, que ha denunciado el caso, ha pedido este miércoles la dimisión de Bravo.

"Esa dimisión no se va a producir, la diputada tiene el apoyo del equipo de gobierno puesto que no ha hecho nada irregular", ha replicado el vicepresidente popular al portavoz socialista en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, que también ha denunciado que esa misma empresa familiar “ha facturado 23 contratos entre 2015 y 2016 por importe de 112.248,13 euros a la empresa de Turismo dependiente de la Diputación, donde curiosamente Bravo es consejera en el consejo de administración".

La denuncia

Según la documentación oficial manejada por la oposición socialista, la empresa ‘Tu imagen integral adaptada SL’ (TuImagina) facturó a la Delegación de Medio Ambiente de la Diputación de Málaga desde el 2 de junio de 2014 hasta el 27 de octubre de 2017 un total de 189.046,99 euros a través de 20 contratos menores adjudicados directamente por la propia diputada.

La sociedad tiene como administrador único a Juan de la Cruz Ordóñez y como trabajador a su hermano Bernardo Ordóñez, actual pareja de Marina Bravo, quien asumió el área de Medio Ambiente en septiembre de año 2013 y comenzó la relación con Ordóñez en enero de 2014. El primer contrato se adjudicó solo unos meses después, el 2 de junio de 2014.

"Sería una injusticia"

El vicepresidente Salado ha dicho que la empresa trabaja desde 2008 con la Diputación pero también con la Junta y con muchos ayuntamientos. "Sería una injusticia que porque haya una relación de una persona que trabaja en esa empresa, un empresario dejara de trabajar con la Diputación", ha dicho.

Más tiempo que a defender la conducta de la diputada Bravo ha dedicado Salado a atacar “el juego sucio” del socialista Conejo, a quien ha reprochado que se construyó una piscina de forma irregular y no dimitió. ¿Y viene a darnos lecciones de ética?, se ha preguntado el vicepresidente, tras dar por sobreentendido que técnicamente Marina Bravo y Ordóñez no son cuñados. En el año 2009 el concejal Manuel Marmolejo tuvo que dejar su cargo en el Ayuntamiento de Málaga al trascender que había adjudicado 18 contratos a la empresa de su cuñado.

Incompatibilidad patente

Por su parte y también en rueda de prensa, Francisco Conejo ponía en valor el compromiso de la propia diputada de dejar de contratar con la empresa de su cuñado, pero añadía que “la cuestión es que nunca debió contratar con ella". Para el Grupo Socialista es “un caso claro de incompatibilidad, ya que la ley prohíbe a la diputada Marina Bravo adjudicar contratos a la empresa de su cuñado, que es pariente de segundo grado y ostenta el cargo de administrador de su empresa".

Conejo aludió también a los duros reproches del PP andaluz a propósito de la adjudicación por parte de la Mesa del Parlamento de un contrato menor, de algo menos de 17.000 euros, a una empresa donde trabajaba un sobrino del presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán. La número dos del partido, Loles López, acusó entonces a los socialistas de "favorecer a su red clientelar con el bolsillo de los ciudadanos, con adjudicaciones a dedo".