La sucesión de archivos judiciales de la que iba a ser la macrocausa de la formación se ha visto truncada en Huelva, donde la Audiencia Provincial de Huelva ha ratificado el procesamiento del exdelegado de Empleo de la Junta Eduardo Muñoz. Confirma así la instancia provincial el auto del juez de instrucción, para el cual hay "suficientes indicios de delito en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, al permitir, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas".
En la causa también están investigados el secretario general de Empleo, José Martínez Iglesias o al jefe del servicio de formación para el Empleo, José Ángel Gil Flores, además de otros cargos técnicos. La Audiencia rechaza así los recursos presentados contra el auto emitido en 2016 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva.
La tesis del clientelismo
Los procesados formaron parte de la tanda de detenciones llevadas a cabo por la Policía en marzo de 2016 tras examinar la concesión de 12 millones de euros en subvenciones en el año 2011 para 129 entidades.
Pese a los esfuerzos del Partido Popular por mantener viva la causa de la formación, en los diferentes juzgados andaluces donde se han instruido las denuncias el resultado ha sido el archivo. Probablemente, el desenlace habría sido muy distinto de haber permanecido la causa en manos de la juez del Juzgado 6 de Sevilla Mercedes Alaya, cuya tesis inicial era que había indicios suficientes de la existencia de una trama clientelar de similar envergadura a la de los ERE.
La pieza política
El auto de archivo más contundente sobre la principal pieza del caso lo firmaba en octubre de 2016 la juez María Núñez, sustituta de Alaya en el Juzgado de Instrucción 6 de la capital andaluza. Tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, la juez archivaba la pieza política de los cursos de formación, en la que había acusados 24 ex altos cargos del PSOE. El su escrito la magistrada criticaba con dureza la actuación del PP-A como parte personada y a la Unidad Central Operativa (UCO) por la deficiente instrucción del caso, en la que según Núñez los investigadores cometieron errores de bulto.
El caso Velasco
La juez Núñez se inhibió recientemente a favor de un juzgado de Córdoba en la pieza que investigaba las ayudas recibidas por una empresa vinculada al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco. Días atrás el juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba abría diligencias previas para investigar dichas.
