Ha sido la sorpresa el la sesión de esta mañana en el macro juicio por la pieza política de los ERE, donde se juzga a 22 ex altos cargos de la Junta, ente ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñan.
El abogado del PP ha solicitado que el tribunal llame a declarar como testigos a la presidenta, a la exconsejera Mar Moreno y al vicepresidente de la Junta de Andalucía, a este último porque fue alcalde de Chiclana de la Frontera cuando su ayuntamiento recibió una ayuda de la partida 31L, al igual, por cierto, que otros municipios gobernados por distintas fuerzas, ente ellas el PP.
La petición del PP no ha sorprendido en clave política aunque sí en clave jurídica, ya que la representación legal del partido podría haber incluido a la presidenta en la relación de testigos ya presentada pero no lo hizo.
La segunda novedad, de mucho mayor calado procesal, vino de la mano de la Fiscalía al plantear que en el juicio se examinen también determinadas ayudas cuya concesión vendría a ilustrar el modo en que se aplicaba el procedimiento de concesión de las ayudas.
Varias defensas expresaron su perplejidad por la petición del fiscal, ya que supondría modificar sustancialmente el perímetro de lo deberá juzgarse en la denominada pieza política del caso.
Otra novedad de la fría mañana judicial es que Manos Limpias, como acusación popular, ha pedido que se suprima del procedimiento la inclusión del delito de asociación ilícita contra varios imputados, solicitado en su día por el PP.
El siguiente tramo de la sesión lo ocupó el letrado José María Mohedano, que defiende a Griñan y al exdirector de Presupuestos Antonio Lozano. Mohedano planteó la anulación de la instrucción llevada a cabo por el juez Álvaro Martín al entender que con su designación de conculcó el derecho al juez natural predeterminado por la ley y que el letrado entiende que debía haber sido la juez María Núñez, titular del juzgado que inició la instrucción de la causa con Mercedes Alaya al frente.
