Comenzó teniendo el tono comedido de una partida de bridge celebrada en una mansión de la campiña inglesa pero empieza a tomar el aire bronco de una timba de póker en un garito en la que las apuestas son tan altas que nadie se fía de nadie.

La partida de la financiación autonómica se prefigura como la batalla política más importante del año que comienza: no es la batalla más mediática, ni la que despierta más interés entre la gente; pertenece más bien a ese tipo de cuestiones que jamás serán ‘trending topic’ en las redes sociales. Y sin embargo, de su desenlace depende nada menos que el buen funcionamiento del Estado del bienestar: buena sanidad, buena educación o buenos servicios sociales.

Sin prisa y con muchas pausas

El actual modelo de financiación autonómica está pendiente de renovación desde hace varios años, pero el Gobierno central no tiene prisa alguna por negociar uno nuevo. Todo lo contrario que comunidades como Valencia o Andalucía: esta última ha dejado de ingresar “en seis años más de 5.000 millones de euros”, según recordaba en noviembre pasado el portavoz del Gobierno autonómico, Juan Carlos Blanco.

La Moncloa calcula que tendrá que poner más dinero sobre la mesa porque los servicios públicos están infrafinanciados en algunas de las principales comunidades autónomas: hay expertos que hablan de 20.000 millones de euros extra. Otros elevan esa cifra a 40.000 millones de euros, aunque la Junta se queda con la primera.

Demasiado dinero para un Gobierno que, por una parte, quiere cumplir los objetivos de déficit marcados por Bruselas y Berlín y, por otra, es enemigo declarado de subir los impuestos a las clases acomodadas.

Recuérdese que para sacar adelante el anterior modelo de financiación, en 2009, el Gobierno de Zapatero tuvo que poner –en plena crisis económica–  9.000 millones más para cubrir las necesidades de la financiación regional.

Un debate crucial

Para Andalucía se trata de un debate crucial. Mucho más de lo que sugiere su discretísima presencia en las redes sociales. Ayer mismo, hasta tres dirigentes socialistas hablaron del asunto: la presidenta Susana Díaz, el número dos del partido, Juan Cornejo, y el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía, Jesús María Ruiz. El mensaje fue el mismo: Rajoy no ha cumplido su palabra, la palabra que dio hace un año en la Conferencia de Presidentes, cuando se comprometió a que este año habría nuevo modelo de financiación.

Si a lo largo de 2017 la presidenta Susana Díaz se conducía con la circunspección de los jugadores de bridge, insistiendo una y otra vez en que ella no tenía motivos para dudar de la palabra del presidente del Gobierno, en este 2018 el tono se ha vuelto agrio, conminatorio: “Rajoy y Montoro deben ponerse a trabajar ya. No puede ser que hace un año dijeran que iba a haber un nuevo modelo y ahora Cristóbal Montoro se ría y diga que hasta que no haya Gobierno en Cataluña no hay modelo de financiación”.

Montoro el ‘extorsionador’

En la Junta de Andalucía y en el PSOE autonómico también ha molestado especialmente la decisión de Montoro de congelar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas mientras no estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2018, bloqueados porque, a raíz de la crisis catalana, el PNV retiró el apoyo comprometido inicialmente.

Hasta el habitualmente comedido secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, elevaba este lunes el tono para hablar de "extorsión" del Gobierno a las comunidades autónomas. “El señor Montoro debe dejar de enviar cartas haciendo chantajes a las comunidades autónomas”, dijo Cornejo.

Las vaguedades de Báñez

Que el Gobierno no tiene mucha prisa lo explicitaba de algún modo este lunes en Sevilla al ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la reunión de la directiva del PP andaluz. Báñez se refirió al asunto con meras vaguedades, sin entrar en materia. Repitió que había que hacer la “reforma de la financiación autonómica junto a la reforma de la financiación local", hizo un llamamiento al diálogo entre todos y recalcó que para hacer posible el nuevo modelo es preciso que “las comunidades autónomas, sin excepción, y los grupos parlamentarios estén a la altura de las circunstancias ". ¿La alusión a ‘todas’ las comunidades significa que si Cataluña no se sienta a negociar, como es lo más probable, no comenzarán las conversaciones?

El Gobierno conoce los problemas internos del Partido Socialista y las diferencias de criterio entre las comunidades autónomas y tal vez por eso insiste tanto en una unanimidad que, de entrada y hoy por hoy, no existe.

Y Ferraz, de perfil

Es más, en la propia agenda de Ferraz no parece que figure como asunto de singular trascendencia ni urgencia la renovación del nuevo modelo de financiación autonómica. El PSC, a quien Pedro Sánchez parece tratar como a una especie de ‘primus inter pares’, parece inclinarse por una financiación singular para Cataluña, pero si Ferraz asumiera esa posición, de inmediato tendría problemas con otras federaciones socialistas y muy en particular con la andaluza.

Y como muestra de ese abulia autonómica de Ferraz, un botón: el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, inaugura este jueves en Granada el ciclo de asambleas ciudadanas promovidas por el partido en todo el país para exponer plan para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones.

La dirección del partido ha dejado así pasar una ocasión de oro para unirse a la batalla por la financiación y, de paso, lanzar a la periferia del partido un guiño de complicidad orientado para restaurar la hermandad perdida a raíz de la ‘guerra civil’ de las primarias.

No solo el PSOE

La inacción gubernamental también exaspera al coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que también ha elevado el tono. En el arranque del curso político tras las fiestas navideñas, Maíllo acusó a Rajoy de “esconderse” tras el conflicto catalán para "dar una patada hacia adelante a un balón que se llama financiación autonómica y que cada vez está más desinflado".

El líder de IULV-CA hizo también esta advertencia: lo que urge es determinar el coste real de los servicios y el ponderar correctamente el peso de la población, y mucho cuidado con “caer en la trampa de que los gastos vengan determinados por los ingresos del actual sistema fiscal, porque si no estaríamos asumiendo un modelo de financiación doblemente recortado".