No debe de estar completamente seguro el Gobierno andaluz de la viabilidad jurídica del pacto alcanzado con los sindicatos para cumplir la jornada laboral 37,5 horas en la Administración ordenada por el Constitucional pero sin ampliar en 2,5 horas la jornada presencial de 35 y salvaguardar así el empleo creado y por crear gracias a esa reducción de las horas semanales.

El Ejecutivo de Susana Díaz ha decidido retrasar sus planes de aprobar hoy el decreto pactado con los trabajadores y curarse en salud enviando su propuesta al TC antes de que entre en vigor. Por si acaso.

Seguridad jurídica

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, en su rueda de prensa posterior a la habitual reunión de los martes del Consejo, ha argumentado que la Junta no quiere dejar “ningún resquicio” sobre la legalidad de la medida y la salvaguarda del principio de seguridad jurídica. 

El plan de la Junta, consensuado con los sindicatos, es computar como jornada laboral las tareas que los empleados públicos desempeñan fuera de su puesto de trabajo. Serían 2,5 horas semanales, hasta completar las 37,5 de la jornada prescrita por el TC.

El portavoz también afirmó, aunque sin entrar en detalles, que la Junta instrumentará medidas para asegurarse del cumplimiento de esa porción no presencial de la jornada laboral.

El Ejecutivo no quiere ser acusado de saltarse una sentencia del Constitucional, pero tampoco está dispuesto a cancelar contrataciones o congelar su oferta pública de empleo resignándose a la jornada de 37,5 horas tal cual. La reducción a 35 horas fue decidida por la Junta de Andalucía en octubre de 2016 y entró en vigor, aunque no en toda la Administración, en enero pasado. Seis meses después y después de pensárselo mucho, el Gobierno central recurría la medida aunque no solicitaba su suspensión cautelar.

Juego del gato y el ratón

La recuperación de la jornada de 35 horas en la Administración, anulada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para recortar el gasto público, ha sido durante más de un año objeto de pugna política entre ambos ejecutivos. A raíz de algunas pistas dadas por el propio Gobierno central, la Junta llegó a convencerse de que la medida no sería recurrida ante el Tribunal Constitucional, como sí lo habían sido medidas similares tomadas con anterioridad por otros ejecutivos autonómicos.

De hecho, el propio Gobierno barajó él mismo seriamente la posibilidad de reimplantar la reducción de jornada en 2018, aunque finalmente renunció a ello por el coste que se derivaba de la medida.

Políticamente, el asunto resulta embarazoso para la dirección andaluza del Popular, cuyo presidente Juanma Moreno se comprometió en su día a una mediación ante el Gobierno de Madrid para que este no recurriera la medida ante el TC. Moreno no puede elevar excesivamente el tono exigiendo la vuelta a las 37 horas y media porque eso sería mal visto por los más 270.000 empleados públicos andaluces y por los alrededor de 8.000 virtuales contratados por la Junta merced a la reducción de jornada.